Por Erick Oliver Méndez/Ciudad de México.- La agenda migratoria se ha convertido en una disyuntiva política para el Presidente Joe Biden, que en medio de elecciones intermedias en Estados Unidos, trata de contener las presiones de los republicanos que le reclaman un endurecimiento contra la cada vez más desbordante migración en su frontera sur.
Biden se niega por razones políticas a cerrar la frontera y radicalizar la expulsión de migrantes a sus países de origen, pero la presión interna es cada vez más fuerte y crece conforme se acercan las elecciones legislativas de noviembre.
La posición del gobierno norteamericano respecto a la migración bien podría estar representada en lo que dijo la vicepresidenta, Kamala Harris, durante una visita a Guatemala en junio de 2021: “Quiero ser clara con la gente de la región que está pensando en hacer ese peligroso viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México. No vengan. No vengan”.
Y es que la oleada de migrantes ha ido en aumento y tan solo en el primer trimestre de 2022 el número de solicitudes en México que piden refugio en los Estados Unidos ha roto récord aumentando un 32 por ciento.
Desde que el gobierno de Donald Trump endureció su política migratoria, México pasó de ser un país de “tránsito” de migrantes a uno de acogida para la gestión de trámites y audiencias de asilo del otro lado de la frontera, lo que se conoce como el programa “Quédate en México” o “Protocolos de Protección a Migrantes”, en marcha desde el 25 de enero de 2019.
Como candidato a la presidencia de Estados Unidos y en busca del voto latino, Joe Biden prometió reunir a padres separados de sus hijos por las deportaciones, rescatar a los “dreamers” y terminar con las detenciones de niños de inmigrantes, entre otras medidas, lo cual se ha cumplido parcialmente.
Desde el 20 de enero de 2021, ya como Presidente, el demócrata ha encontrado dificultades para cumplir con lo que dijo sería una política migratoria “justa, ordenada y humana”.
En su propuesta de elevar el número de refugiados al año, si bien la cifra aumentó en comparación con la administración de Donald Trump de 15 mil a 62 mil 500, se quedó por debajo de lo proyectado, que eran 125 mil, lo que significó una reducción del 50 por ciento del planteamiento original.
Biden ha sido criticado por haber prolongado un año la duración del “Título 42”, una medida que permite a las autoridades de Estados Unidos regresar inmediatamente a los migrantes a su último país de tránsito, instrumentada en marzo de 2020 durante la administración de Donald Trump como una política de salud pública para evitar la propagación del Covid-19, dejando a los migrantes sin la posibilidad de pedir asilo.
La terminación de este mecanismo está programada para el 23 de mayo de este año como lo anunció el 1 de abril el Presidente Biden. Desde que fue puesta en marcha esta media la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habría expulsado a México y a otros países de la región a 1.7 millones de migrantes que buscaban asilo en los Estados Unidos.
El “Título 42” ha representado una bandera política para los republicanos con miras a las elecciones de medio término a celebrarse el 8 de noviembre. Si bien para los defensores de migrantes esta medida es discriminatoria y violatoria del derecho de asilo, los republicanos y algunos demócratas insisten en mantenerla, toda vez que prevén un repunte en la migración principalmente de México y Centroamérica provocando problemas de seguridad en la frontera.
El Presidente de los Estados Unidos está frente a una disyuntiva cuya resolución no sólo tendría consecuencias en la configuración política de su partido por las elecciones legislativas de noviembre, sino que tiene repercusiones humanitarias y le puede cambiar el destino a decenas de miles de personas que sólo buscan una mejor manera de vivir.
