Agencias/Ciudad de México.- Un bloque de cuatro organizaciones legales, incluido Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union, ACLU of Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, presentaron una demanda federal que impugnó la nueva ley antiinmigrante de Florida SB 1718.
“Es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término ´inspección´ es incoherente e inconstitucionalmente vago”, indicó la demanda.
Además, esa norma impuso disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que podrían haber ingresado ilegalmente y no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal desde entonces.
“La ley antiinmigrante de Florida perpetúa estereotipos dañinos y fomenta una atmósfera de miedo y hostilidad. Esta legislación equivocada no solo se dirige a los inmigrantes y sus familias, sino que también pone en peligro el tejido de las comunidades de Florida, así como la economía del estado.
“Nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio.
“Nadie debe vivir con miedo o enfrentar discriminación a base de su estatus migratorio, su presunto estatus migratorio o el estatus migratorio de sus familiares”, consideró Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del American Immigration Council.
El caso se presentó contra el gobernador Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.
“A todas luces la SB1718 es ilegal y está diseñada para generar miedo entre los inmigrantes e intolerancia entre los sectores que rechazan a este segmento de la población”, aseguró Juan José Gutiérrez abogado y líder comunitario del Sur de California.
En 1994, el gobernador republicano Pete Wilson impulsó una ley parecida impulsada en California, que jamás entró en vigor ya que la echaron abajo en tribunales ante las demandas de organizaciones legales defensoras de la comunidad inmigrante.
Gutiérrez, asimismo, señaló que ante una situación tan grave como la implementación de la SB1718 es una obligación del Estado mexicano asegurarse de proteger a sus connacionales inmigrantes de Florida
“Enhorabuena que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador repruebe este tipo de acciones y contribuya -mediante un bufete jurídico- a detener la implementación de esa ley”, afirmó.
