Agencias/Ciudad de México.- La trasnacional española Telefónica reveló solicitudes de “interceptaciones” de más de 1.5 millones de sus líneas de telefonía y accesos a internet en Venezuela en 2021, lo que defensores de derechos humanos consideraron como señal del avance de un programa de “vigilancia masiva” estatal.
Las “interceptaciones legales” de líneas de telefonía y accesos de internet de Telefónica saltaron de 380,250 en 2016 a 861,004 en 2021, con más de 1.5 millones de “accesos afectados” en ese último año, según un informe de la compañía, presente en la nación caribeña desde 2005.
La empresa difundió datos sobre las solicitudes de interceptaciones y bloqueos a sitios web recibidas de las autoridades en los doce países donde opera: Alemania, Reino Unido, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
“Es un abuso sistemático de la interceptación de comunicaciones”, dijo a la AFP Andrés Azpúrua, director de VE Sin Filtro, una ONG venezolana que lucha contra bloqueos y restricciones en internet.
Las interceptaciones por agentes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y otras autoridades, cuyo número se cuadruplicó en seis años, evidencian “un programa de vigilancia masiva a través de intercepción de comunicaciones y captura de metadatos”, alertó Azpúrua, quien denuncia esta situación como “una violación a gran escala de los derechos humanos” que “dibuja un escenario autoritario”.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, que monitorea ataques contra la libertad de expresión, lamentó el “aumento de los pinchazos telefónicos”.
Estos “pinchazos” abarcaron a 20% de los clientes de Telefónica en Venezuela frente a solo 0.28% en Brasil, 0.05% en Argentina o 0.00% en México, Colombia y Ecuador.
Además se dieron entre 2016 y 2021 más de 3.5 millones de solicitudes de “intercepciones” destinadas a conocer datos del suscriptor y su ubicación “en tiempo real”.
Y cerca de un millón de líneas (997.679) fueron afectadas por solicitudes de “metadatos”: información personal, localización, direcciones IP, cantidad de mensajes de texto recibidos y enviados, y llamadas entrantes y salientes.
El informe resalta, entre las “autoridades competentes” que han hecho las solicitudes, al Servicio de Inteligencia (Sebin) “previa solicitud del Ministerio Público y autorización del juez correspondiente”, la policía científica y la Fuerza Armada, así como los “demás órganos y entes especiales de investigación penal”.
Sobre el Sebin hay múltiples denuncias de violación de derechos humanos y persecución de opositores.
También está facultada para pedir intervenciones telefónicas la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). “En términos prácticos, ¿cuál es la necesidad que una universidad tenga potestad para intervenir comunicaciones privadas?”, cuestionan miembros de Espacio Público.
“Esto habla de un nivel de vigilancia altísimo por parte del Estado”, comenta a la AFP Correa.
Telefónica es el principal proveedor de telefonía móvil en Venezuela. La estatal CANTV, por su parte, domina el mercado de telefonía e internet fijo.
En tanto al acceso a internet, más de 1,300 sitios han sufrido entre 2016 y 2021 bloqueos o restricción de contenidos en Venezuela por solicitud de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), según Telefónica.
Periodistas y organizaciones de derechos humanos venían denunciando bloqueos masivos de portales en internet de medios de comunicación críticos de Maduro.
De acuerdo con el informe, el año con mayor cantidad de bloqueos fue 2016, con 1,050, seguido de 2018, con 106, mientras que en 2021 fueron 30 las solicitudes.
El documento no detalla las características o la naturaleza de 98% de todos los sitios restringidos, aunque refleja que en 2019 fueron blanco 27 URLs de “sitios de juegos y apuestas”.
Según Espacio Público, 45 de un centenar de portales de noticias en Venezuela están bloqueados.
Los bloqueos, por estándares internacionales, deberían producirse tras órdenes de jueces o sentencias judiciales, pero en la mayoría de los casos registrados en este país no existe información sobre la razón de las restricciones de URLs, criticó Correa.
Si bien los datos corresponden a una sola de las empresas de telecomunicaciones que operan en Venezuela, “uno debe pensar que la situación es similar en las otras”, añade.
Aunque no hay datos públicos de las demás, “el número de intervenciones solicitadas también debe ser altísimo”, estima Correa.
La AFP solicitó comentarios a Conatel, pero voceros de ese organismo descartaron de momento ofrecer declaraciones. Intentó también contactar, sin respuesta, a representantes de otras operadoras.
La alerta fue difundida por la organización Ve Sin Filtro como una amenaza a las libertades civiles y la privacidad. Más del 20% de las líneas de teléfono o cuentas de internet de la operadora fueron pinchadas por órdenes de algún organismo de seguridad de Venezuela, según los balances de Telefónica.
“Estas intervenciones significaron interceptar las llamadas, monitorear los SMS, dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o el monitoreo de su tráfico de internet. En el informe, los otros países ni se acercan al 1%”, alerta el comunicado de Ve Sin Filtro.
“Esto es un abuso desproporcionado de las prácticas de interceptación y obtención de metadatos, igual de perverso para los derechos humanos como el uso de los datos”, apunta Andrés Azpúrua, director de la organización, en entrevista con el EL PAÍS. “Esto es masivo y evidencia los esfuerzos de espionaje de un gobierno autoritario”.
El número de líneas afectadas por intercepciones aumentó siete veces desde 2016, cuando eran 234,932 los reportados por la compañía en su balance. La compañía detalla que en 2021 recibió 861,004 solicitudes del gobierno —de las que rechazó poco más de 21 mil— que afectaron 1,584,547 líneas, por lo que Azpúrua siguiere que una solicitud podría involucrar a varios usuarios. El activista advierte que aunque se desconocen los datos de otras operadoras privadas como Digitel y las estatales Movilnet y Cantv, el número puede extrapolarse.
Las solicitudes de intercepción de llamadas pueden tener objetivos legales legítimos para la investigación de un crimen. Los estándares en derechos humanos establecen que debe ser un recurso estrictamente necesario, proporcional, ajustado a leyes y bajo una orden judicial. Movistar Venezuela reporta a Telefónica que las solicitudes han venido del Ministerio Público, CICPC (la policía de investigaciones), cuerpos policiales y militares “habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal” y, curiosamente, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). En ningún caso figuran órdenes de jueces o tribunales.
Otro dato que reporta Telefónica es el bloqueo de 30 sitios web por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, una práctica sistemática de la que se ha valido el gobierno de Nicolás Maduro para censurar medios de comunicación. En Venezuela no es posible abrir sin un VPN el portal de periodismo de investigación Armando.info, tampoco El Pitazo, Efecto Cocuyo o Runrunes. Tampoco puede entrarse a periódicos regionales como El Tiempo de Colombia. Según el monitoreo que ha hecho Ve Sin Filtro, en 2021 al menos 68 dominios de internet fueron bloqueados, de los cuales 45 pertenecían a sitios de medios, 3 a organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de herramientas para evadir la censura.
En 2020 el ex jefe de inteligencia de Maduro, Manuel Cristopher Figuera, exiliado en Estados Unidos, ya había revelado en entrevistas que el aparato de seguridad del chavismo empleaba “empresas de telecomunicaciones privadas, para clonar números telefónicos, intervenir correos y tumbar páginas web”.
Esta semana, activista de derechos humanos denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el avance de la censura en Venezuela. “Los espacios por donde está circulando la información: Internet, las redes sociales y aplicaciones como Whatsapp están bajo ataque”, afirmó Carlos Correa, director Espacio Público.
Hasta ahora, ningún vocero del gobierno ni de la compañía en Venezuela ha reaccionado a las denuncias, que para Maduro tienen un bajo costo político en un país desconectado y desmovilizado tras años de una prolongada crisis humanitaria.
