Agencias / Ciudad de México.- Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra un Juez de Distrito que ordenó el desbloqueó cuentas bancarias del empresario textilero Kamel Nacif Borge, acusado de corrupción y trata de blancas.
El Juez ordenó a la UIF liberar las cuentas de Nacif Borge por un monto liberado asciende 800 millones de pesos.
“El criterio de uno de los jueces de distrito, que nos preocupa mucho, es señalar que si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, el bloqueo de cuentas no debe realizarse.
“Y por tanto, a pesar de existir solicitud internacional, como es el caso, de Kamel Nacif, en virtud de que la redacción dice valore la posibilidad de bloquear cuentas, no conceden la suspensión”, explicó Santiago Nieto titular de la UIF.
El fallo del Juez de Distrito benefició a Nacif Borge que podrá accesar a sus recursos bancarios.
Por ello, agregó Nieto, la UIF presentó las quejas correspondientes ante Consejo de la Judicatura Federal por estas interpretaciones “ultra gramaticales de los juzgados” que ponen en juego recursos de grupo delincuenciales siguen introduciéndose al financiero.
Bajo ese contexto han beneficiado a 294 personas con el desbloqueo de cuentas de 2019 a la fecha.
El año pasado, recordó, se promovieron un total de 984 amparos para descongelar recursos relacionados con investigaciones ligadas a lavado de dinero.
El pasado 15 de septiembre, precisó, al menos seis obtuvieron amparo provisional y 188 la suspensión definitiva, de un total de 861 casos.
El pasado mes de marzo, la IUF solicitó al sistema bancario congelar las cuentas de Mario Marín, ex gobernador de Puebla; Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla y de Kamel Nacif. Con lo que se buscaba cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes.
En relación con las limitaciones que tienen la el organismo, Nieto comentó durante la presentación de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo ha sido producto de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), a propuesta del entonces ministro Eduardo Medina Mora.
Esa jurisprudencia, señaló, estableció que el bloqueo de cuentas por parte de la UIF sólo será válido si se trata de una petición internacional o supranacional, pero no de una indagatoria local y es algo que se intentando revertir.
“Hemos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la Suprema Corte, a efecto de que pueda revisar el criterio.
“Cabe señalar que Medina Mora en 2016 tenía un criterio completamente opuesto, en donde señalaba la constitucionalidad absoluta del precepto. Para 2018, que cambia el gobierno, cambia su criterio, y tenemos el resultado que ustedes conocen”, añadió el funcionario.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en julio que realizó la solicitud de extradición al Gobierno de Líbano, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho en el 2005.
El Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo giró orden de aprehensión por tortura en agravio de Lydia Cacho, el pasado 11 de abril del 2019 y posteriormente, se solicitó a la Interpol ficha roja para localizar y detener al empresario textilero y al ex gobernador de Puebla, en 190 naciones.
