Agencias/Ciudad de México.- Grupos armados que operan en la Amazonía colombiana han afianzado su control en la región, lo que obstaculiza las labores del gobierno para combatir la deforestación, de acuerdo con el análisis de un grupo de expertos dado a conocer.
Oponerse a las economías extractivas, la deforestación, la ganadería extensiva o la explotación de recursos hídricos en Colombia le ha costado la vida a 248 defensores del medio ambiente entre 2016 y septiembre de 2024, según reveló la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocidos como Estado Mayor Central (EMC), tienen la capacidad de frenar o acelerar la deforestación a su voluntad, de acuerdo con el informe de The International Crisis Group.
Algunos exintegrantes de las FARC nunca suscribieron el acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016. Otros lo firmaron pero retomaron las armas, y otros más son nuevos elementos de la disidencia que tomaron las armas de forma voluntaria o fueron obligados a hacerlo, dijo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
El EMC conforma actualmente el tercer grupo armado más grande de Colombia, con alrededor de 3,500 integrantes.
“Este grupo es el responsable más directo de la deforestación en los últimos 5 años”, declaró Botero. “Se han perdido más de medio millón de hectáreas en sus zonas de control”.
“En el último año”, explicó, “han dado órdenes a la población para suspender la deforestación, pero este año nuevamente lo han estimulado”.
Más del 40% del territorio colombiano se encuentra en la Amazonía, una superficie equivalente al tamaño de España. El país alberga al mayor número de especies de aves a nivel mundial. El 15% de la Amazonía colombiana ya fue deforestada, según la FCDS.
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Buena parte de la plataforma de gobierno del presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, se basa en su agenda ambiental y sus esfuerzos de paz, señaló Bram Ebus, investigador de Crisis Group y coautor del estudio, en declaraciones a The Associated Press.
“Sin embargo, debido a que los recursos naturales de Colombia siguen sufriendo de los impactos severos de las dinámicas del conflicto y de las actividades económicas que estimulan la violencia, su legado político está en riesgo”, declaró Ebus.
El Ministerio de Ambiente de Colombia indicó en un comunicado que salvar la selva amazónica ha sido una de las máximas prioridades de Petro y que el gobierno ha alcanzado una reducción histórica del 61% de deforestación en los últimos dos años.
Aunque dijo que reconoce “las dificultades con las dinámicas de la paz en el territorio y los actores armados”, el ministerio señaló quiere construir un modelo de desarrollo forestal que beneficie a las comunidades amazónicas, recupere el bosque y ponga fin a la deforestación ilegal.
Gobiernos anteriores optaron por imponer sanciones a las comunidades de la Amazonía que eran cómplices de deforestación, mientras que Petro ofrece incentivos, propone la distribución de ayuda financiera para la conservación de los bosques y promueve la sostenibilidad, indicó Ebus.
“Sin embargo, la falta de control territorial obstaculiza la implementación de estos proyectos, ya que los grupos armados dominan la región, a menudo evitando que las comunidades se beneficien de las iniciativas financiadas por el gobierno”, puntualizó.
El EMC es capaz de imponer su dominio sobre los bosques a través de la coerción armada, indicó Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group y coautora del estudio. Añadió que, a finales de 2022 y en marzo de 2023, los comandantes locales ordenaron a las comunidades que pusieran fin a la tala.
“Cualquiera que incurriera en actividades de tala sería objeto de multas, labores comunitarias forzadas o incluso la expulsión de la comunidad”, dijo Dickinson.
Pero el EMC levantó las restricciones hace unos meses con el fin de incrementar su flujo de ingresos por la deforestación, explicó. Añadió que el grupo exige un pago a los taladores que deseen operar en la zona.
“Una de las cosas que resultó muy alarmante al momento de realizar esta investigación fue el grado al que se le prohibía a las autoridades estatales ingresar a las zonas que están bajo el control” del EMC, dijo Dickinson. ”Esto incluye parques nacionales y zonas protegidas”.
Alcanzar un acuerdo de paz con el EMC es una batalla complicada, comentó Ebus, destacando que el grupo ha violado en repetidas ocasiones algunos de los puntos establecidos durante las treguas y ha impedido que agencias del gobierno ingresen a los territorios que controlan.
“Si el gobierno de Petro en verdad quiere proteger a la Amazonía, primero debe recuperar el acceso a estas zonas, ya que los grupos armados son actualmente los que toman las decisiones”, declaró.
Los presuntos perpetradores habrían sido en el 66% de los casos los grupos armados ilegales, mientras que en un 8% se habría tratado de una persona particular, en un 4% un grupo de interés económico y político y en un 3% la fuerza pública, de acuerdo con la ONU Derechos Humanos.
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El reporte señala que la fiscalía ha obtenido sentencias condenatorias en 30 de los asesinatos de defensores del medio ambiente, 31 están en juicio, 20 en investigación, 34 tienen orden de captura y nueve se han cerrado. Sin embargo, cerca de un centenar están en la fase de indagación, la etapa más inicial.
“Nos preocupa particularmente que dentro de esos 248 casos, una mayoría sean personas de los pueblos indígenas, 139 de ellos… y también personas afrodescendientes”, dijo a The Associated Press Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien indicó que la cifra de asesinatos es la “más alta globalmente”.
En el caso de Phanor Guazaquillo Peña, autoridad en su comunidad indígena Nasa Kwe’sx Kiwe, fue atacado con armas de fuego en diciembre de 2023 cuando asistía al funeral de otro líder comunitario en Putumayo, al sur del país. El defensor ambiental había denunciado la contaminación en fuentes hídricas producto de la explotación de hidrocarburos.
Guazaquillo habría sido asesinado por un grupo armado denominado Comandos de la Frontera, una disidencia que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por su asesinato fue enviado a prisión en agosto de este año uno de sus presuntos integrantes señalado de vigilar al líder indígena, tomarle fotografías y enviar la información a los dos sicarios que le dispararon en el cementerio, según la fiscalía.
El acuerdo de paz de 2016 no significó el fin de la violencia en Colombia. Otros grupos armados, incluyendo disidencias de esa guerrilla, ocuparon los territorios que antes dominaban las FARC e iniciaron una cruenta disputa por su control.
De hecho, la ONU Derechos Humanos observó un incremento en los homicidios de defensoras del medio ambiente desde 2016, año en el que verificaron 14, mientras que en el 2023 la cifra alcanzó el mayor número de homicidios con 44 casos. En lo que va de 2024 han sido asesinados 14 defensores más.
La ONU Derechos Humanos advirtió que existe un riesgo de impunidad en los casos de violencia contra los defensores ambientales y la falta de implementación de las sentencias judiciales que ordenan proteger el medioambiente, como la que reconoce al río Atrato, en el noroeste de Colombia, como sujeto de derechos y otras que tienen que ver con la explotación del territorio para el carbón. “Esas sentencias han tenido baja implementación y eso contribuye a esa sensación de una falta de Estado de derecho y a la impunidad general”, explicó De Rivero.
Los homicidios suelen estar precedidos por una serie de amenazas, señaló el reporte, que pueden incluir seguimientos, llamadas intimidantes, panfletos y mensajes en redes sociales, y en algunos casos las amenazas apuntan a los hijos y familiares de las mujeres defensoras.
Los defensores del medio ambiente suelen resultar incómodos, especialmente a los grupos al margen de la ley, que los perciben como un desafío a su voluntad de mantener el control social en las comunidades en las que operan y de las rentas ilícitas de las que se lucran.
“Nosotros creemos realmente que el problema es la ausencia de una presencia eficaz del Estado para proteger los derechos humanos y para proteger a la población… frente a esta violencia y esta toma del territorio por parte de los actores armados y toma de los recursos que pertenecen a estos pueblos”, manifestó De Rivero.
La oficina de la ONU recibió información de que en algunos lugares los ilegales estarían definiendo las zonas de conservación o dando “permisos” para deforestar, así como extorsionando para obtener recursos de proyectos de servicios ambientales financiados por el Estado.
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