Agencias, Ciudad de México.- Decenas de personas atravesaron a nado o vadearon el río más largo de Haití, en un intento desesperado por huir de las pandillas, que lanzaron un nuevo ataque en una ciudad de la región central del país que ha estado bajo asedio durante casi una semana.
El asalto en las áreas rurales de Petite Rivière comenzó antes del amanecer, según Bertide Horace, portavoz del grupo activista Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Conciencia para Salvar el Artibonite.
“Las pandillas invaden la ciudad por todas partes”, dijo Horace a The Associated Press en una llamada telefónica. “Hay personas atrapadas en sus casas que no pueden salir, y los hombres incendian todo a su paso”.
En videos publicados en las redes sociales se muestra a personas que llevan sus pertenencias en la cabeza o las sostienen en alto mientras cruzan el río Artibonite. Un par de botes transportaron a los pocos que podían pagar por ese servicio.
Horace culpó a la pandilla Gran Grif por el ataque en curso, y agregó que la coalición de pandillas Viv Ansanm proporcionaba refuerzos.
Hombres armados atacaron por primera vez Petite Rivière el 24 de abril, y han tomado el control total de la región norte de la ciudad, afirmó.
“La policía sigue luchando, pero (las pandillas) ya han tomado el control de una buena parte de la ciudad”, señaló Horace.
Varias personas han sido asesinadas, entre ellas, un niño de 11 años, dijo.
Gran Grif es la pandilla más grande que opera en la región central de Artibonite. Se le atribuyó un ataque en la ciudad central de Pont-Sondé en octubre de 2024, donde más de 70 personas fueron asesinadas en una de las masacres más grandes en la historia reciente de Haití.
El grupo delictivo se formó cuando Prophane Victor, un exmiembro del Parlamento que representaba a Petite Rivière, comenzó a armar a jóvenes de la región, según un informe de la ONU.
El ataque a Petite Rivière se produce semanas después de que las pandillas Canaan y 400 Mawozo atacaran otras ciudades de la región de Artibonite, según la misión política de la ONU en Haití.
A finales de marzo, las pandillas tomaron el control de la mayor parte de Mirebalais, donde hombres armados asaltaron una prisión local y liberaron a más de 500 reclusos. Las pandillas también saquearon la cercana ciudad de Saut d’Eau, que atrae a miles de personas en una peregrinación anual que conjuga la religión vudú y el catolicismo.
La misión de la ONU dijo en un informe publicado que, aunque los ataques comenzaron el 21 de marzo, lo que llevó a los residentes a pedir ayuda en las redes sociales, el gobierno no desplegó unidades policiales especializadas hasta el 31 de marzo.
Al menos 15 personas fueron asesinadas en Mirebalais, entre ellas, dos monjas católicas. La mayoría de las personas fueron baleadas dentro de sus hogares o en la calle mientras intentaban huir, según el informe.
La misión de la ONU señaló que el líder de la pandilla Canaan publicó un video en las redes sociales el 20 de marzo donde advertía de “un ataque inminente” en Mirebalais.
La misión afirmó que las pandillas atacaron para desmantelar una barricada que un grupo de autodefensa había erigido para evitar que hombres armados ingresaran al corazón de Mirebalais y para bloquear el contrabando de armas y drogas, presumiblemente desde la vecina República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití.
La violencia y la inestabilidad política se intensificaron en Haití entre la impunidad, niveles alarmantes de inseguridad alimentaria, desplazamiento interno de cientos de miles de personas y deportaciones de miles de haitianos desde República Dominicana y Estados Unidos, denunció Amnistía Internacional (AI) en su informe anual divulgado en una conferencia de prensa.
AI asegura que en 2024 las bandas se fortalecieron en varias zonas del país (en especial Puerto Príncipe), lo que incluyó infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos, “exponiendo a la población a la violencia generalizada y a violaciones de los derechos humanos”.
Los menores tampoco escaparon de los “incontables abusos” y la violencia “sin cesar” de los grupos armados y, al tiempo que se llevaban a cabo reclutamientos, asesinatos, secuestros y mutilaciones, se incrementaba la violencia de género y sexual “para castigar, generar miedo y subyugar a la población” y se dificultaba el acceso a la asistencia humanitaria.
En 2024, cuando según datos de Naciones Unidas la violencia causó más de 5,600 muertos, se desplegó la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y se instaló el Consejo Presidencial de Transición. Hubo varios “picos de violencia” y a final de año solo en un ataque de las bandas en la zona capitalina de Cité Soleil al menos 180 personas fueron asesinadas.
A ello se suma que varias naciones de la región no brindaron protección internacional a los haitianos, quienes se enfrentan “al racismo y la discriminación”.
En concreto, Estados Unidos y República dominicana, que triplicó las expulsiones, “continuaron con su política de retorno forzoso e ilegal”. A final de año desde esos dos países 199.170 personas habían sido deportadas a Haití, asegura AI.
En Haití, al menos la mitad de la población necesita asistencia humanitaria con “niveles alarmantes” de hambre y malnutrición (se prevé que hasta junio próximo 5,7 millones de personas experimentarán inseguridad alimentaria), y el sistema sanitario se situó “al borde del colapso”, con hospitales y centros de salud vandalizados y blanco de robos.
Según expertos de la ONU, en Puerto Príncipe solo el 37 % de las instalaciones sanitarias eran completamente operativas en 2024 y la inseguridad dificultaba el acceso a los servicios de salud.
“También el sistema educativo se vio impactado por la violencia, con escuelas obligadas a cerrar debido a los tiroteos o haber sido quemadas y robadas”, indica Amnistía acerca de unos centros en algunos casos convertidos en campamentos de desplazados que viven allí en condiciones infrahumanas.
De acuerdo con los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Haití más de un millón de personas han abandonado sus hogares y se han convertido en desplazados a causa de la violencia, de ellas más de la mitad menores.
Todo esto se produjo cuando, pese a que el sistema judicial luchaba por funcionar, la “impunidad prevaleció en lo referente a violaciones de derechos humanos, el crimen y la corrupción. Faltaba información sobre mecanismos de rendición de cuentas” al respecto.
Más de 1,600 personas fueron asesinadas de enero a marzo en Haití, entre ellas, al menos 35 niños. Otras 850 personas resultaron heridas, según el informe de la ONU. La mayoría de los asesinatos y lesiones se reportaron en Puerto Príncipe, la capital, 85% de la cual está controlada por pandillas.
Las pandillas fueron responsables del 35% de las muertes y lesiones, mientras que a las operaciones policiales y ejecuciones se les atribuye el 56%. El resto se imputa a movimientos de vigilantes.
Durante ese período, al menos 161 personas fueron secuestradas. El 63% de esos casos se reportaron en Artibonite, según el informe.
La Policía Nacional de Haití lucha contra las pandillas con la ayuda de una misión respaldada por la ONU y encabezada por la policía de Kenia, que se desplegó el año pasado. Sin embargo, dicha misión ha tenido dificultades, ya que no cuenta con fondos ni personal suficientes, y tiene aproximadamente 1,000 efectivos de los 2,500 previstos.
Millones de niños y niñas en Haití soportan duras penalidades a causa del aumento de la violencia de las bandas criminales, que ha inundado sus comunidades y ha desestabilizado sus vidas. A menudo sufren reclutamiento por parte de las bandas, violencia y abusos sexuales. La infancia en Haití se enfrenta a enormes amenazas, y a menudo pierden a sus familias, sus hogares y el acceso a derechos básicos como el alimento y la educación.
Las familias desplazadas luchan por proporcionarles elementos básicos como comida, agua no contaminada y atención médica. La falta de recursos agrava la crisis, provoca malnutrición y traumas a los niños y niñas y los pone en peligro de contraer enfermedades prevenibles. La educación, una herramienta fundamental para romper el círculo de pobreza y violencia, está en muchos casos fuera de su alcance, ya que las escuelas están cerradas o son inaccesibles en las zonas controladas por las bandas.
El precio psicológico que paga esta infancia es devastador. Niños y niñas carecen de lugares seguros donde jugar y aprender, y tienen que crecer en un entorno de miedo e incertidumbre. Las dificultades a las que se enfrenta el gobierno haitiano y la inacción de la comunidad internacional han permitido que esta crisis se intensifique, y han perpetuado círculos de violencia y abandono.
También debemos recordar que los niños y las niñas explotados por las bandas criminales son ante todo víctimas. Para abordar la terrible situación de la infancia en Haití se necesita urgentemente un plan integral de protección, que debe incluir medidas para prevenir el reclutamiento y el uso de niños y niñas por las bandas, proporcionar acceso a educación y atención médica, y garantizar justicia para los y las sobrevivientes.
