Agencias/Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el martes que un estatuto de inmigración que exige la deportación de personas sin ciudadanía que delinquieron es vago, en una decisión que podría limitar la capacidad del Gobierno de Donald Trump de acelerar la salida de inmigrantes con historial delictivo.
La decisión por cinco votos a favor y cuatro en contra se centra una cláusula de la ley que define delito violento. Si un inmigrante ha sido hallado culpable de un delito violento, puede ser deportado con mayor agilidad.
Ya antes un tribunal federal de apelaciones en San Francisco había anulado la ley por considerarla demasiado ambigua y la Corte Suprema coincidió el lunes.
El tribunal de apelaciones basó su fallo en una decisión de la Corte Suprema en 2015, que anuló una ley similar que permitía imponer sentencias más largas a delincuentes reincidentes.
La magistrada Elena Kagan escribió que la decisión de 2015 “nos dice cómo resolver este caso”.
La decisión es un golpe para el Gobierno del Presidente Donald Trump que, al igual que el de su predecesor Barack Obama, había defendido la ley ante la Corte Suprema. Este revés, sin embargo, ocurre en momentos en que Trump está poniendo el tema de la inmigración en el centro del temario nacional.
El caso examinado por el tribunal se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que vino a Estados Unidos en 1992 cuando tenía 13 años. Tras ser acusado de robo en California, el Gobierno inició trámites para deportarlo, argumentando que se trató de delitos violentos.
La decisión no interfiere con la capacidad del gobierno de deportar a las personas que son condenadas por delitos claramente violentos, incluidos el asesinato y la violación, así como el tráfico de drogas y otros delitos graves.
La decisión se limita a una categoría de crímenes que llevan más de un año en prisión, pero no encajan cómodamente en una larga lista de delitos agravados que pueden conducir a la deportación.
El caso fue debatido inicialmente en enero de 2017, cuando a la Corte Suprema le faltaba un juez, pues había fallecido Antonin Scalia y no había sido reemplazado. No hubo decisión, posiblemente porque hubo un empate de 4-4.
Una vez que se incorporó el magistrado Neil Gorsuch, el asunto fue debatido nuevamente. En esta ocasión hizo partido con los magistrados más liberales al concluir que la redacción de la ley era demasiado confusa.
