Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Gobierno federal expropió 336 hectáreas ubicadas en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto; Quintana Roo, además, 215 mil 530 metros cuadrados correspondientes a 77 inmuebles de propiedad privada en las circunscripciones de Escárcega, Champotón y Campeche, para la construcción del Tren Maya en el sur-sureste del País.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el gobierno de Andrés Manuel López Obrador difundió cinco decretos presidenciales de la expropiación ‘por causa de utilidad pública’, para la construcción de obras de infraestructura relacionadas con el Proyecto Tren Maya en esas regiones de Campeche y Quintana Roo.
La publicación de los decretos facultó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para proceder de la ocupación inmediata de los bienes en beneficio de la construcción del Tren Maya.
La expropiación ha incluido construcciones e instalaciones de bienes inmuebles y que formen parte de ellos.
De acuerdo con el DOF ha quedado a cargo de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. pagar, por concepto de indemnización las superficies expropiadas basadas en el avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en los términos señalados en los decretos.
El gobierno federal precisó que en el capítulo “Proyectos regionales” del plan nacional, se dispone expresamente que el Tren maya es un proyecto de infraestructura nacional.
“El Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán…
“El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
“Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos.
“Se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas”, indicó el DOF.
