Insurgente Press, Ciudad de México.- Ángel A., un niño mexicano de 13 años, lo describe como una “pesadilla”. En la “perrera”, como llama a un centro de detención para migrantes en McAllen (Texas), fue separado de su madre, con la que había entrado ilegalmente a Estados Unidos.
La celda en la que estuvo seis días en mayo con otros menores indocumentados era un foco constante de humillaciones. Los guardias de seguridad le dijeron a él y al resto de niños mexicanos que, por tener esa nacionalidad, debían situarse en la zona más fría de la celda, debajo del aire acondicionado.
“Cada día, los guardias decían a los niños en mi celda que iban a ser adoptados y que nunca más verían a sus padres”, contó Ángel. También les obligaban a despertarse en medio de la noche y, si no lo hacían, los agitaban con fuerza, incluso a niños de cinco años. Él acabó siendo reunido con su madre y, tras un mes detenidos en otro complejo, ambos fueron excarcelados.
El testimonio de Ángel es uno de los 200 recabados en junio y julio por organizaciones sociales e incluidos en una demanda en un tribunal de California contra el Gobierno de Donald Trump por su trato a migrantes, la mayoría centroamericanos que huyen de la violencia en sus países.
El documento judicial describe una atroz letanía de abusos, menosprecio y malas condiciones en los centros en los que los indocumentados pasan los primeros días tras ser arrestados en la frontera. Muchos se quejan del frío extremo, de agua y alimentos en tan mal estado que prefieren no ingerirlos, de ser humillados por los guardas o ser amenazados con no recibir atención médica.
Ha habido denuncias de maltratos en el pasado en algunos de esos centros de detención, pero los testimonios también permiten conocer de primera mano la enorme angustia y la huella psicológica que provoca la política de la Administración republicana de separar a propósito a padres e hijos.
“No sabía dónde estaba mi madre”, contó Griselda, una guatemalteca de 16 años que fue separada de su progenitora al entrar a EU. En su celda, donde los gritos eran constantes, los guardias declinaban revelar la ubicación de sus padres.
Acechado por una ola de repudio internacional, Trump derogó el 20 de junio la política de ruptura de familias, que había iniciado en abril cuando la Fiscalía decidió presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EU.
Eso implicaba encarcelar a prácticamente todos los padres que iban acompañados de hijos y separarlos de ellos. No obstante, un juez impuso un estricto calendario de reunificación, antes de finales de julio, de las alrededor de 2 mil 600 familias que fueron separadas.
La demanda en un tribunal federal de Los Ángeles aduce que el Gobierno de Trump está incumpliendo un fallo judicial de 1997, conocido como el Acuerdo Flores. La sentencia dictaminó que un menor, sólo o con sus padres, no puede estar detenido más de 20 días, además de que, cuando esté en custodia, debe tener cubiertas sus necesidades básicas, como agua, comida o atención médica.
Peter Schey, abogado del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional, una de las organizaciones demandantes, asegura que un 90 por ciento de las 200 declaraciones de migrantes recogidas son “chocantes y atroces”.
“Niños llorando, temblando, hambrientos, sedientos, somnolientos, enfermos y aterrados”, escribió en la demanda, donde solicitó la designación de un gestor especial para garantizar que las autoridades están cumpliendo el fallo de 1997. El Gobierno niega irregularidades.
Al margen de los maltratos, los testimonios evidencian que algunos de los niños están bajo custodia de la policía fronteriza más allá de las 72 horas permitidas por ley.
Daise M., una mujer hondureña de 38 años, viajó a EU con su hija de 16 años tras haber sido amenazada de muerte en su país. El 21 de junio, se presentaron en un punto fronterizo. En el centro de detención de McAllen, cuenta, hacía tanto frío que su hija no dejaba de temblar.
“Nos dieron comida pero estaba congelada y no apta para comer. Olía tan mal que decidimos seguir con hambre en vez de comer”, dijo. Además, se les dio una manta, pero no tenían colchón.
“Tras un día en la “hielera”, un centro bajo un frío extremo, ambas fueron trasladadas a la “perrera”, como ella también describe a otra instalación con celdas enjauladas donde fueron separadas durante cuatro días. Sólo hablaron una vez, 10 minutos.
Tras ser reagrupadas, su hija sigue “deprimida, tiene pesadillas y mucha ansiedad por la separación”. Las guardas de seguridad femeninas se reían de ella y otras chicas.
“No le dejaban dormir y la golpeaban para mantenerla despierta”, asegura Daise.
Llamaban sucias a las menores y las obligaban a desnudarse delante de ellas antes de ducharse. Dormían en “jaulas de perro” y durante los primeros cinco días no se pudieron duchar pese a que estaban empapadas cuando fueron detenidas.
“Los baños estaban sucios y eran asquerosos, pero se nos dijo que teníamos que seguir usándolos”, relató.
Con información de Reforma.
