Agencias/Ciudad de México.- La FIFA y los países candidatos a organizar las Copas Mundiales de 2030 y 2034 deben acordar compromisos vinculantes y reformas jurídicas para impedir violaciones de derechos humanos relacionadas con el torneo, ha manifestado Amnistía Internacional.
En octubre, el organismo rector del fútbol mundial adjudicó la Copa Mundial de 2030 a Marruecos, España y Portugal, mientras que Arabia Saudí es el único candidato para la edición de 2034, y Amnistía Internacional afirma que existen “graves riesgos para los derechos humanos” que deben abordarse.
“La FIFA debe garantizar un proceso de licitación riguroso y transparente, basado en una participación significativa de las partes interesadas, que incluya evaluaciones de riesgos para los derechos humanos verdaderamente independientes y estrategias integrales de derechos humanos”, ha manifestado Amnistía Internacional.
“La FIFA debe estar dispuesta a no adjudicar los derechos para albergar la Copa del Mundo hasta que se lleguen a tales acuerdos, y hasta que quede claro que las violaciones de derechos humanos pueden prevenirse, mitigarse y remediarse, y que así se hará”.
Amnistía afirmó que los compromisos deben evitar las violaciones de derechos humanos en relación con “los derechos laborales, la discriminación, la vivienda, la libertad de expresión, la actuación policial y la privacidad” antes de tomar la decisión final de aprobar cualquier candidatura.
La FIFA había incluido normas de derechos humanos como parte de los requisitos de presentación de candidaturas para las dos Copas Mundiales, pero Amnistía teme que las candidaturas únicas para cada torneo socaven su influencia para garantizar que no haya violaciones.
La FIFA había fijado el plazo de julio para la presentación de candidaturas a la Copa Mundial de 2034, que se evaluarán a finales de este año, mientras que los anfitriones se designarán oficialmente en el cuarto trimestre de 2024.
Amnistía señaló que los índices de accidentes en los proyectos de construcción en España y Portugal están por encima de los niveles de la UE, mientras que la discriminación en los estadios en España es un problema, y destacó el racismo sufrido por el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr.
También señalaron que Marruecos y Portugal deben aumentar el número de inspectores laborales en más de un 50% para cumplir los criterios de referencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Amnistía afirmó que los riesgos asociados a la organización del torneo de 2034 en Arabia Saudí son de una “magnitud y gravedad diferentes” que pondrán a prueba el compromiso de la FIFA con sus políticas de derechos humanos.
La candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal a la Copa Mundial 2030 —con tres partidos que se jugarán en Argentina, Paraguay y Uruguay— comporta riesgos para los derechos humanos, relacionados principalmente con los derechos laborales, la discriminación, la libertad de expresión y de reunión, la actuación policial, la privacidad y la vivienda.
En Marruecos será necesario acometer considerables obras de construcción, como la de un nuevo estadio con capacidad para 115.000 personas, pero aún no se ha aprobado la legislación prevista para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, y los desalojos forzosos siguen siendo motivo de preocupación. En los tres países anfitriones propuestos, la población trabajadora migrante corre riesgo de explotación y de otros abusos, incluida trata. En España y Portugal, los accidentes de trabajo superan la media de la Unión Europea. En 2023 se sometió a abusos como robo del salario a migrantes que trabajaban en la ampliación del estadio Camp Nou del FC Barcelona.
La gran afluencia de visitantes durante la Copa Mundial amenaza con exacerbar la grave falta de vivienda asequible en Portugal y en España, especialmente si el aumento de los alquileres para estancias cortas comporta un incremento del precio de la vivienda o desahucios de residentes permanentes
El uso policial de fuerza excesiva, incluida la utilización de balas de goma, es un riesgo demostrado en los tres países, tanto en el fútbol como en otros contextos. En España y Portugal, la policía ha sido objeto de numerosas denuncias de aficiones nacionales y extranjeras. Asimismo, el derecho a la privacidad podría verse amenazado por el uso de programas espía invasivos y vigilancia biométrica, especialmente en Marruecos y España.
En una evaluación independiente de la candidatura anterior de Marruecos —la presentada para la Copa Mundial 2026—, la FIFA señaló que la penalización en el país de las relaciones homosexuales era “particularmente problemática”. Otros aspectos de la legislación de Marruecos continúan perpetuando el riesgo de discriminación por motivos de género contra las trabajadoras y las asistentes al torneo, entre ellos la penalización de las relaciones sexuales extramaritales, que a menudo impide a las mujeres denunciar los incidentes de violencia sexual.
Marruecos restringe la libertad de expresión por medio de la penalización de las críticas al islam, la monarquía, las instituciones del Estado, las fuerzas armadas y la integridad territorial del Estado. Se ha hostigado, detenido arbitrariamente, golpeado y enjuiciado a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por criticar al gobierno, en especial en relación con el territorio en disputa del Sáhara Occidental.
La discriminación racial es un problema en los tres Estados y ha comportado actos racistas contra futbolistas negros, como Vinícius Júnior, en España; Moussa Marega, en Portugal, y Chancel Mbemba, en Marruecos. En Portugal, el 60 por ciento de las personas creen que existe racismo en el fútbol, según una encuesta realizada en 2020 a amantes del deporte.
Es probable que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por viajes relacionados con un torneo que afecta a 48 equipos y tres continentes sean considerables, a pesar del compromiso declarado de la FIFA sobre el cambio climático de contribuir a reducir a la mitad las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2040.
