Agencias/InsurgentePress/ Buenos Aires.- Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que 80 personas murieron aquí, mientras esperaban que se resolviera entregarles su pensión por discapacidad, y otras 180 mil continúan esperando que el Gobierno de Mauricio Macri, reintegre las pensiones que suspendió en Argentina.
Entre 2016 y 2017 por el ajuste de Macri, 170 mil pensiones por discapacidad fueron dadas de baja y en estos momentos la situación sigue profundizándose, como denuncian desde ATE Pensiones. Walter Pignataro, delegado de ese gremio, confirmó en una entrevista en el canal de TV C5N, que son más de 180 mil los que esperan que el gobierno apruebe sus pensiones mediante la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo creado por la administración de Cambiemos en septiembre de 2017 remplazando la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que formalmente dependen de la Secretaría General de la Presidencia.
“No se inician los expedientes, cuando el trámite llega al último circuito, no le sale, no se la otorgan. Y tienen toda la documentación presentada, con todos los requisitos, evaluación del trabajador social y cruce de información. Se les toma el pelo. Falta la decisión política y no aparece la plata”, dijo el dirigente sindical.
En la década del 90 se daban mil pensiones de este tipo por año, en los años 2000 fueron diez mil por mes y ahora no sale nada. También se quitaron miles de estas pensiones por lo que hubo decenas de manifestaciones de discapacitados. La tarde de este miércoles después de los reclamos la juez Adriana Cammarata consideró que “la quita de las prestaciones lesiona derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales” y resolvió que el Ministerio de Desarrollo Social deberá restablecerlas en un plazo de diez días.
Ante la trágica realidad del daño causado por la suspensión de pensiones por invalidez en todo el país, la magistrada tomó esta resolución considerando que los derechos fueron lesionados, con arbitrariedad e” ilegitimidad manifiestas”. El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzano, había representado a una mujer Irene Gadea, a la que se le había cortado el beneficio intempestivamente a pesar de que tiene 80 por ciento de invalidez. Esto sucedió a partir de diciembre de 2015, cuando Macri llegó al gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social presidido por Carlina Stanley dio de baja miles de pensiones en el marco del ajuste. Esta funcionaria nunca cumplió con las decisiones de varios jueces que pedían la restitución.
Sobre este tema también se escuchó demandas por parte de miles de manifestantes de organizaciones Sociales, que marcharon este miércoles contra los tarifazos y los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se vieron carteles que señalaban Macri=hambre, mientras se informaba que la economía cayó en casi cinco por ciento y descendió en una suma similar el consumo interno, a la vez que se anuncia un nuevo aumento de 24 por ciento de la luz y otros tarifazos, que llevarán la situación al límite de un estallido social, como advierten los sindicalistas. Todas las Centrales Sindicales preparan el paro general del próximo 25 de septiembre. Los sindicatos más radicales pararán desde el próximo 24 y harán una gran movilización en esta capital y en todo el país.
La mañana de este miércoles pequeños productores agrícolas de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizaron un nuevo “feriazo” en Plaza de Mayo, para evidenciar la profunda crisis que vive ese sector ante la devaluación del peso y también por la destrucción de la Secretaría de Agricultura Familiar de donde se despidieron 600 técnicos. Centenares de porteños se disputaban el paquete de verduras por diez pesos, en momentos en que estas aumentaron más de 48 por ciento.
Por su parte, el dirigente social y abogado Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien fue detenido la noche del martes por intentar defender a un grupo de vendedores ambulantes entre los que figuran varios refugiados africanos, recuperó su libertad a últimas horas de la noche, y denunció que “el gobierno ha generado un clima de intolerancia y odio contra los trabajadores”. También denunció el maltrato a los detenidos referentes de diversas organizaciones sociales en una represión policial que calificaron como “brutal” por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires.
Con información de La Jornada.
