Agencias/Ciudad de México.- La reforma que frena amparos judiciales, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que pretendan modificar la Carta Magna de México entró en vigor este 1 de noviembre de 2024, tras ser avalada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de la mayor parte de los estados del país.
Ese paso se dio después de que, durante el 31 de octubre, los recintos legislativos de 23 entidades del territorio mexicano, aprobaran los cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución.
Posteriormente, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Nación (DOF), en su edición vespertina. El documento muestra que los ajustes a los artículos de la Carta Magna mexicana es, en el caso del 105, el siguiente:
“Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”, se lee en el texto.
Para el 107, se expone que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo serán para quienes lo hayan solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, en caso de que proceda.
“Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”, expone el decreto.
Previamente, legisladores de las bancadas de la oposición en México en el Congreso de la Unión acusaron al Gobierno, al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a sus aliados de concentrar todos los poderes para intentar establecer “un régimen autoritario” en el país latinoamericano.
Sin embargo, Morena ha aludido que esta reforma, también conocida como supremacía constitucional, es necesaria para velar por la democracia del país.
Esto también ocurre tras las últimas controversias suscitadas por los cambios al Poder Judicial de México, donde numerosos jueces otorgaron amparos judiciales con el fin de suspender el proceso electoral para votar por jueces, ministros y magistrados.
