Agencias/Ciudad de México.- El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el objetivo de endurecer significativamente las penas contra el robo y uso ilegal del agua, así como el abuso en el otorgamiento de concesiones en México.
La iniciativa se inscribe en el objetivo de la actual Administración de Sheinbaum para expedir una Ley General de Aguas que devuelva el control del recurso como bien de la nación, buscando erradicar prácticas de acaparamiento y corrupción.
La iniciativa, difundida por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria tras el adelanto de la Presidenta Claudia Sheinbaum esta semana durante una conferencia de prensa, busca garantizar el acceso al agua para toda la sociedad civil a través del fortalecimiento de las sanciones a prácticas que afectan la disponibilidad del recurso, indica el texto.
Actualmente, la LAN vigente no prevé penas de prisión para el robo de agua, un vacío legal que esta reforma busca corregir al adicionar delitos al Código Penal Federal.
El anteproyecto de ley, que debatirán los legisladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) que controlan por mayoría el Congreso, establece una severidad mucho mayor al elevar el monto máximo de las multas de 2 millones a más de 5 millones de pesos, dependiendo de la transgresión cometida, además de establecer penas de cárcel de hasta 12 años para diversas conductas ilícitas.
Entre los delitos que podrán ameritar la cárcel se encuentran el traslado de aguas nacionales sin la autorización debida, el desvío de cauces que ponga en riesgo a la población o a los ecosistemas y la manipulación de equipos de medición para simular consumos inferiores a los reales.
La reforma también ha hecho énfasis en castigar la corrupción y el abuso de poder. Para ello, fijó penas de 2 a 12 años de prisión para los servidores públicos que otorguen concesiones o asignaciones a cambio de beneficios indebidos.
Asimismo, se sancionará con hasta 12 años de cárcel a quienes busquen obtener títulos de concesión mediante sobornos.
Otras faltas administrativas tipificadas incluyen la explotación de volúmenes superiores a los autorizados, la transmisión indebida de títulos de concesión, y el cambio de uso del agua sin permiso, previendo la clausura definitiva de las obras y la revocación de las concesiones.
Más allá de las sanciones, la iniciativa introduce por primera vez el concepto de “responsabilidad hídrica”, destinado a reconocer y premiar las buenas prácticas de los concesionarios y asignatarios que demuestren un manejo transparente y adecuado del recurso.
