Agencias/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha separado del cargo a dos funcionarios que han sido imputados penalmente tras desacatar una orden judicial de verificación del origen lícito de unos diamantes valuados en 235.7 millones de pesos, cuya propiedad atribuyeron al presunto contrabandista turco Apel Çelik.
En un comunicado, la FGR indicó que acató el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del que ordenó la consignación de dos fiscales, además, llevar a cabo las diligencias para cotejar con facturas la legítima propiedad de 4 mil 569 joyas y diamantes que decomisó esa corporación en locales de la Riviera Maya en 2014.
La FGR destituyó y consignó a Celia Almaguer Hernández, encargada de la Unidad Especializada de Análisis Financiero (UAEF) y Víctor Manuel Munguía Baltazar, Ministerio Pública de esa corporación.
“En acatamiento inmediato de la determinación del Pleno de la SCJN, y de conformidad con lo que señalan los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la Fiscalía General de la República ha procedido a separar de su cargo al Agente del Ministerio Público de la Federación, Víctor Manuel “M”, y de su superior jerárquico inmediato Celia “A”, por haber incumplido, en tiempo y forma, con lo ordenado por un Juez Federal de Amparo, iniciando asimismo la carpeta correspondiente para su consignación (judicialización).
“Por lo que toca al incidente de inejecución, esta Institución cumplirá cabalmente con los plazos y diligencias ordenadas que sean necesarias, a través de los Agentes del Ministerio Público que se encargarán de este caso, ya que la FGR cumple y cumplirá con sus obligaciones legales, sancionando a todo aquel servidor público que no lo haga”, indicó la FGR.
La FGR presentó ante un Juez de Control a ambos funcionarios que desacataron la sentencia que emitió la Juez federal María Dolores Núñez Solorio, que posteriormente confirmó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, el 3 de octubre de 2019.
La Juez y el Tribunal Colegiado ordenaron a los funcionarios de la FGR llevar a cabo una diligencia para cotejar las piedras preciosas con facturas y pedimentos de importación.
Los fiscales de la FGR respondieron que no era posible llevar cabo esa petición.
La sentencia de la Juez y Colegiado a sido a favor de un recurso de amparo que promovieron Érika Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián Betancourt, apoderados de varias de las joyerías cateadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR hoy FGR)
La entonces PGR señaló que el verdadero dueño de las joyas resultó ser Celik, un ex banquero sentenciado por quiebra fraudulenta en Turquía en la década de los 90
El 14 de octubre de 2019, la autoridad judicial requirió cumplir con la sentencia.
Los fiscales habían trasladado las joyas bajo resguardo del hoy denominado Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), sin notificar esa decisión al juzgado
El 27 de noviembre de 2019, los funcionarios contestaron que no podían acatar el amparo.
“El incumplimiento consistió en no haber realizado, en tiempo y forma, por parte del Ministerio Público y de su superior inmediato, todas las diligencias que el Juez les ordenó. Y cuando le hicieron llegar a la autoridad judicial la información respectiva, los plazos ya habían sido incumplidos”, precisó la FGR.
En 2014, el caso inició mediante una Averiguación Previa por contrabando en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún, Quintana Roo, contra de Apel Çelik, presunto contrabandista turco de joyas y diamantes.
En 2017, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) extravió una parte de las joyas incautadas, con un valor de 53 millones de pesos, el 28 por ciento del precio de la mercancía asegurada.
La Unidad Especializada de Análisis Financiero (UAEF) reportó la desaparición de este lote a la entonces Visitaduría General de la PGR, hoy Fiscalía de Asuntos Internos, para iniciar una investigación, a la fecha sigue siendo un misterio la existencia de una sanción contra servidores públicos relacionados con el caso.
Las empresas Lapis Diamante, Inmobiliaria Principio Maya, Sondik Maya y Lapis Mahahual reclamaron la propiedad de 4 mil 569 diamantes, piedras preciosas y semipreciosas, que decomiso la extinta PGR en un operativo en Cancún, Quintana Roo.
