Agencia/InsurgentePress, Quintana Roo.- Con un costo 94 por ciento superior al real, además de un retraso de entrega de más de un año, el diseño del Atlas de Riesgo para Quintana Roo fue contratado en medio de graves irregularidades por parte de la administración de Roberto Borge Angulo.
Proyectado en 2014 por un monto de 50 millones 360 mil pesos, el expediente de contratación fue otorgado en licitación cerrada a la empresa Gusluher Enviromental Service Providers (http://www.glhambiental.com/), S.A. de C.V., sin experiencia en la materia ni antecedentes de otros contratos tanto en la administración pública estatal como en la federal .
Ello, en contra de las bases del concurso de licitación, cuya cláusula primera refiere que la misma debió ser abierta a quienes cumplieran con las obligaciones civiles, mercantiles y jurídicas para tal efecto.
Además, el acta de fallo de la licitación cerrada –fechada el 15 de abril de 2014– muestra diversas violaciones a las bases, entre ellas el haberse realizado con carácter de “concurso de invitación restringida a cuando menos tres personas”, sin considerar que en el mercado local existen ofertas para el diseño del Atlas con un costo menor al 6 por ciento del monto contratado.
De acuerdo con documentos oficiales sobre el proyecto, en poder de Luces del Siglo, en la cláusula IV de la licitación se consigna que los concursantes “deberán contar con la infraestructura, personal especializado, metodología y experiencia, que le permita cumplir con el programa de actividades y los plazos para la entrega del Atlas de Riesgo”.
Los antecedentes registrales de la empresa Gusluher Enviromental Service Providers, S.A. de C.V., conforman que entre sus principales clientes figuran empresas dedicadas a la minería, y hasta el momento de este contrato no había realizado algún otro trabajo relacionado con la prevención de riesgos o en materia de protección civil por contingencias climatológicas, que en el estado de Quintana Roo son de mayor riesgo.
Según información de la empresa en su página Web, sus oficinas están en calle Real de la Plata, número 445-D en Chetumal, pero se pudo corroborar que la dirección es inexistente.
Y al buscar información sobre su ubicación virtual, el mapa para la ruta de ubicación lleva hasta una zona de Brandenburgo, en Berlín, Alemania.
Además, el número telefónico de la empresa es 771 1 38 35 21, de la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo, el cual está fuera de servicio, de acuerdo con la grabación que se escucha al marcarlo.
De acuerdo con el fallo de la licitación, el apoderado legal de la empresa es Gustavo Adolfo Pérez Acosta, de quien en la web existe muy poca información, ya que se limita a describir su participación en eventos y ponencias relacionadas con la actividad minera, pero nunca en materia de protección civil.
En la página de Facebook de Pérez Acosta sólo se informa que es el director de Operaciones de la empresa y que comenzó a laborar para ella en 2014.
Y en el sitio Web de la empresa, se destaca que su objetivo es “colaborar con las autoridades y la iniciativa privada para cumplir con los requerimientos legales en materia ambiental, ofreciendo soluciones que logren el desempeño ecológico, económico y social, encaminado a la sustentabilidad”.
Sobre estas irregularidades, las actuales autoridades de Protección Civil, así como de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado, confirmaron que el domicilio no se ubica físicamente en Chetumal, así como tampoco existe un padrón o identificación de los investigadores que realizan los estudios de campo en los 11 municipios del estado.
El pasado 24 de enero, el director de Protección Civil en Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega, afirmó que en la pasada administración se otorgó una prórroga a la entrega del proyecto, la cual vence el 29 de mayo próximo, cuando la fecha programada originalmente fue el 29 de febrero de 2016, como está estipulado en el contrato firmado el 16 de abril de 2014.
La intervención del Gobierno Federal, a través de las autoridades del Centro Nacional para Prevenir los Desastres Naturales (http://www.gob.mx/cenapred) (CENAPRED), según Martínez Ortega, condicionó la prórroga a reponer desde cero todos los trabajos, “al comprobarse que en los avances existían mapas, datos y estudios desfasados y que no corresponden con la realidad actual de Quintana Roo”.
En relación con el costo del diseño del Atlas de Riesgo, los investigadores de la Universidad de Quintana Roo, Antonio Iturbe Posadas, Elías Montes Peña, Gabriel Reyes y José May, ofrecieron realizar los trabajos en tan sólo siete meses y por la cantidad de dos millones 957 mil pesos, es decir, menos del 6 por ciento de lo que se supone se pagó a la empresa.
En junio de 2015, el gobierno de Roberto Borge (https://twitter.com/betoborge), a través del subsecretario de Planeación Gustavo Guerrero Ortiz, presumió que los trabajos mantenían un 80 por ciento de avance y entonces proyectó su conclusión para antes de febrero de 2016, lo que no cumplió.
Con información de lucesdelsiglo.com
