Agencias/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) dio a conocer que el Consejo Mexicano de Negocios en el que confluyen los empresarios más ricos del País, y OHL-México financiaron de forma ilícita el documental “El Populismo en América Latina”, para denostar electoralmente al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo a la investigación de la UIF, señaló que el Consejo Mexicano de Negocios, entonces encabezado por el empresario Alejandro Ramírez, entregó 96.9 millones de pesos a la consultoría digital Conaxis, entre julio y septiembre del 2017.
A su vez, esa compañía dio 18.5 millones de pesos a la empresa Piña Digital, propietaria de “La División”, casa que produjo el documental.
De acuerdo con la UIF, Conaxis también entregó 34 millones de pesos a Martha Matilde Mejía Montes, quien, como intermediaria, hizo llegar 8.36 millones de pesos -unos 418 mil dólares- al ex directivo de Televisa y publicista del ex Presidente Enrique Peña Nieto, Alejandro Quintero, que forma parte de las indagatorias, en diciembre de 2017 y enero de 2018.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Santiago Nieto titular del UIF precisó que los empresarios aportaron recursos de manera ilegal en el marco de una “campaña negra” contra el entonces aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) López Obrador.
“No solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue el apoderado legal de la empresa Telepersonal y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes de bufete de proyectos de información y análisis.
“Esta sociedad anónima también fue participe en la guerra sucia en contra del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El sistema financiero reporta a las empresas antes mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional, porque las operaciones efectuadas de manera estructurada hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual implica una posible empresa fachada, que además ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental.
“Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México.
“Además de dos mil 500 millones provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México sin una aparente justificación, a partir de estos recursos que recibía el bufete eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de Populismo en América.
El funcionario describió una red de empresas y personajes que incluye al Bufete de Proyectos, Información y Análisis, despacho calificado como “posible empresa fachada”, utilizada para desviar recursos públicos de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En el segundo documento difundido posteriormente por Presidencia de la Repúblcia se menciona por su nombre a la ex titular de esas dependencias, Rosario Robles Berlanga.
“Estamos investigando si también otros de los elementos relacionados con la campaña negra de 2017 y 2018 también provinieron de estas fuentes ilícitas de financiamiento.
“Se recibieron tres millones 600 mil pesos de servicios empresariales y 14 millones de servicios administrativos, Peñoles.
“El mapa que se está presentando da cuenta de cuáles son las redes del flujo de recursos, pensamos que la mejor forma de combatir muchos de los delitos es a partir de seguir la ruta del dinero”, sostuvo Nieto en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
La ruta del dinero, dijo, permite ver desde grupos, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en los dos encargados de ‘La División’, para detonar el proyecto de Populismo en América.
La Ley en Materia de Delitos Electorales, afirmó Nieto, prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito en las campañas electorales.
“Primero, de recursos procedentes de la delincuencia organizada. Segundo, por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley.
“Tercero, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral atendiendo al principio de que el financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado”, indicó.
Por ello, anunció, la UIF presentará una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se dará vista al Instituto Nacional Electoral para proceder conforme a la ley.
“El caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie El populismo en América, orquestada a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado, y, por otro lado, la empresa vinculada con el señor Piña”, indicó Nieto.
Nieto justificó que las reformas constitucionales de 2007 y 2014, establecieron las bases de las características actuales del sistema electoral mexicano.
“Se reformó para ello el artículo 41 constitucional, entre otros, para señalar que los terceros no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines electorales para beneficiar o perjudicar candidatos.
“Por otro lado, que el financiamiento público tiene que prevalecer sobre el financiamiento privado, como una regla de corte constitucional.
“Y, finalmente, que las campañas negras están prohibidas en el sistema electoral mexicano, esto a partir incluso de la reforma del año 2007.
“La reforma del 2014 estableció un procedimiento especial sancionador y una la sala regional especializada en el Tribunal Electoral para atender los casos de campañas negras”, explicó.
Más allá de la campaña negra en sí, afirmó Nieto, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con el financiamiento ilícito a las campañas electorales.
La Unidad de Inteligencia Financiera, añadió, trabaja a partir de dos modelos, uno, reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la solicitud de información por parte de las autoridades del Estado mexicano.
El segundo, añadió, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero.
El pasado 18 de febrero, López Obrador atestiguo el acto de renovación de los directivos del Consejo Mexicano de Negocios y elogió a Ramírez, que dejó el cargo de presidente de los empresarios.
“Me sumo al agradecimiento que se ha hecho al maestro Alejandro Ramírez Magaña, presidente saliente de este Consejo. Alejandro hizo, considero, una muy buena labor acompañado por el ingeniero Eduardo Tricio, vicepresidente.
“Me consta que han tenido para con nosotros desde antes de las elecciones una actitud de apertura, de respeto, de pluralidad”.
