Agencia/Insurgente Press/ Ciudad de México.- A 35 días de entrar en vigor la Constitución de la Ciudad de México se enfrenta el reto de elaborar su marco normativo, que implicará al primer Congreso la aprobación de nuevas leyes, casi una por día, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez.
Comentó que, para algunas leyes fundamentales, como la de los sistemas de planeación de la ciudad y de derechos humanos se establecen tiempos límites en el plano legislativo, pero también representa una gran tarea en términos de la nueva administración.
Se trata de “aplicar y desarrollar las leyes planteadas, que permitan la exigibilidad necesaria para después operar políticas públicas, a fin de darle contenido a la nueva Carta Magna, por lo que estamos listos para trabajar con el nuevo Congreso en la conformación de estas nuevas leyes”, argumentó.
Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) considerados en el apartado de derechos humanos, son el principal eje de la vida de la ciudad, cuando antes habían ido a la zaga de los derechos políticos, pero ahora serán exigibles y judicializables, al contar con una visión colectiva y como parte de lo que se llama Derecho a la Ciudad.
En el Conversatorio Constitución Política de la Ciudad de México, Derecho a la Ciudad, destacó que los DESCA son un eje articulador, un planteamiento teórico que requiere de contenido, por lo cual se invitó a personal de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como aliados.
Una vez consolidados se requerirá de recursos, pues se trata de “un derecho a la vivienda, al agua, a la atención médica, y de deslaves y socavones, como el registrado el domingo en Insurgentes 4411, pues la gente tiene derecho a un espacio seguro, no como una caridad, no como una suerte de haber si el gobierno quiere, sino como un derecho”, añadió.
La importancia por ello de mantener un sentido de progresividad en estos derechos y en los sistemas de justicia, donde se plantean mayores controles para evitar la corrupción e impunidad; así como una mayor cercanía con la gente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, señaló la ombudsperson.
Mencionó que, el año pasado se registraron mil 489 quejas en torno a los DESCA, de las cuales mil 447 fueron calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos a la salud, el agua, un nivel de vida adecuado, la seguridad jurídica, la integridad personal y la petición y pronta respuesta, entre otros.
Con información de La Jornada.
