Agencias, Ciudad de México.- En su primera semana en el cargo, el presidente Donald Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración y emitió una serie de decretos para cumplir sus promesas sobre deportaciones masivas y seguridad fronteriza.

Algunas acciones se notaron de inmediato. Otras enfrentan recursos legales. Algunas pueden tardar años en materializarse, si es que llegan a hacerlo, pero han despertado el miedo en las comunidades de inmigrantes.

Gran parte de lo que Trump pueda llegar a hacer dependerá del dinero. Se espera que el Congreso estudie pronto un respaldo adicional. Trump podría usar poderes de emergencia para recurrir al Departamento de Defensa, como hizo para el muro fronterizo en su primer mandato.

Menos de una semana después de haber iniciado su presidencia, el gobierno de Donald Trump pregonó sus labores de deportación y publicó nuevas reglas que facilitan la expulsión de personas de Estados Unidos, parte de una serie de acciones para cumplir con las promesas de campaña de combatir la inmigración ilegal.

En medio de la más reciente demostración de fuerza de las autoridades, olas de preocupación resonaron en partes del país, y funcionarios en Newark, Nueva Jersey, criticaron lo que dijeron son arrestos ilegales por parte de agentes de inmigración.

El gobierno de Trump se refirió a aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes y aterrizaron en Centroamérica, diciendo que se trata del inicio de las deportaciones, y anunció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó 593 arrestos en el fin de semana y 538 al día siguiente. También envió soldados e infantes de Marina estadounidenses a la frontera con México y suspendió normas de larga data que restringían aplicar las leyes de inmigración cerca de escuelas e iglesias.

Muchas de las acciones de ICE no fueron inusuales. Hubo vuelos de deportación similares en el gobierno del presidente Joe Biden, aunque no con aviones militares. El ICE promedió 311 arrestos diarios en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre. Biden también envió soldados en activo a la frontera en 2023, y varios gobiernos han mandado efectivos de la Guardia Nacional para que apoyen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, rumores de arrestos y reportes de noticias o publicaciones en redes sociales sobre la presencia de agentes desataron temores en comunidades de todo el país. Algunos grupos defensores de los derechos humanos desarrollaron planes para proteger a los inmigrantes en caso de que haya arrestos en escuelas o lugares de trabajo. Funcionarios de las Escuelas Públicas de Chicago creyeron erróneamente que agentes del ICE habían llegado a una de sus escuelas primarias y emitieron declaraciones al respecto antes de enterarse que en realidad los agentes eran del Servicio Secreto. Esto incrementó los temores entre las comunidades inmigrantes en la tercera ciudad más grande del país.

Hay un amplio respaldo en Estados Unidos para reforzar la seguridad en la frontera sur y realizar algunas deportaciones selectivas, particularmente de personas que han cometido delitos violentos, según una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. El sondeo también encontró que la mayoría de los estadounidenses piensan que la policía local debería cooperar con las autoridades de inmigración federales en las deportaciones en al menos algunos casos. Pero el apoyo disminuye considerablemente cuando se trata de deportar a personas que están ilegalmente en el país y no han sido declaradas culpables de cometer un delito.

Trump puso fin al uso de una aplicación fronteriza que permitía que los migrantes entrasen al país con permisos de dos años que les daban la posibilidad de trabajar, lo que canceló decenas de miles de citas agendadas hasta principios de febrero de personas que esperaban en México. Casi un millón de personas ingresaron a Estados Unidos por los pasos terrestres con México utilizando CBP One.

El presidente eliminó también una política que permitió que más de 500,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela volaran al país con permisos de dos años si tenían un patrocinador financiero.

Otras acciones tardarán más tiempo en desarrollarse. Trump consiguió la aprobación de México para reinstaurar una política distintiva de su primer mandato, “Permanecer en México”, que exige que los solicitantes de asilo esperen en el país vecino sus citas para comparecer ante los tribunales migratorios estadounidenses.

El Pentágono comenzó a desplegar 1.500 tropas en activo en la frontera la semana pasada, pero no estaba claro si dejarán de realizar las labores de apoyo que han desempeñado con los distintos mandatarios desde George W. Bush, incluyendo vigilancia terrestre y aérea, construcción de barreras y reparación de vehículos.

Una ley de 1878 prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil, pero Trump y sus asesores han apuntado que podría invocar facultades de épocas de guerra. El presidente dijo en su orden que el Departamento de Defensa puede ayudar en la detención y el transporte.

Funcionarios de Newark dicen que el ICE fue demasiado lejos

El alcalde Ras Baraka indicó que agentes del ICE se presentaron en un negocio para lo que él llamó una redada sin orden judicial y detuvieron a tres “residentes indocumentados”, así como a algunos ciudadanos estadounidenses. Dijo que una persona fue interrogada incluso después de mostrar una identificación militar.

La ciudad está exactamente al otro lado del río Hudson frente a Nueva York, y la mitad de la población de 305,000 es de raza negra y casi el 40% es hispana.

“Cuando recibí esta información me horroricé, me molesté, me enojé de que esto sucediera aquí, en este estado, en este país”, manifestó en conferencia de prensa Baraka, un demócrata que desea que su partido lo nomine para gobernador. “Vamos a luchar por todos nuestros residentes en esta ciudad”.

El ICE confirmó que había realizado una “operación policial dirigida” en un negocio de Newark, y que algunas de las personas que los agentes encontraron eran ciudadanos estadounidenses a los que se les pidió su identificación. El ICE dijo que no podía comentar más porque la investigación está en curso.

Aunque Trump ha prometido ejecutar una campaña de deportaciones masivas, su zar fronterizo de la Casa Blanca ha dicho repetidas veces que en un principio serán operaciones dirigidas a personas específicas que han cometido delitos.

Amy Torres, directora ejecutiva de la coalición activista New Jersey Alliance for Immigrant Justice, refutó que lo ocurrido fuera un enfoque dirigido, diciendo que ese tipo de lenguaje deja entrever “algún uso profundo de datos de inteligencia y una investigación previa”. Indicó que su organización recibió una llamada cuando el ICE arribó.

Trump detuvo la reubicación de refugiados que son investigados en el extranjero antes de ingresar a Estados Unidos hasta una nueva revisión, un programa que ya desmanteló en gran medida en su primer mandato y que fue resucitado por Biden. Grupos que proporcionan vivienda temporal, capacitación laboral y otras ayudas indicaron que el Departamento de Estado les dijo que detuvieran su labor de inmediato.

El Departamento de Justicia también dijo a los grupos de ayuda legal que dejasen de trabajar en programas federales que ayudan a comprender la complicada legislación a las personas en los tribunales de inmigración y centros de detención.

Trump anunció la eliminación de la concesión automática de la ciudadanía a los niños que nacen en suelo estadounidense, un derecho establecido en una enmienda constitucional en 1868. Un juez federal en Seattle ha paralizado la medida.

“Si esta es una operación tan estéril y dirigida, ¿por qué se interrogó a un ciudadano estadounidense?”, cuestionó Torres.

Ella y otros funcionarios se negaron a identificar el negocio, pero el dueño de Ocean Seafood Depot habló con los reporteros, diciendo que el gobierno debería ir tras “las personas malas, no las personas que trabajan”.

Tras una semana de la segunda presidencia de Donald Trump y sus esfuerzos por combatir la inmigración ilegal, los agentes federales trabajan con una nueva determinación, sabiendo que “ya nadie tiene un pase libre”.

Una docena de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se reunieron antes del amanecer en un estacionamiento de Maryland, y luego se dispersaron por los suburbios de Washington para encontrar a sus objetivos: alguien buscado en El Salvador por homicidio, una persona condenada por robo a mano armada, un migrante declarado culpable de poseer material de abuso sexual infantil y otro con condenas por drogas y armas. Todos estaban en el país sin permiso de residencia.

“Los peores van primero”, dijo Matt Elliston, director de la oficina de campo del ICE en Baltimore, sobre las prioridades de la agencia.

The Associated Press acompañó a los agentes, quienes ofrecieron una visión de cómo ha cambiado su trabajo con una Casa Blanca decidida a deportar a un gran número de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización.

Expandiendo la autoridad de “deportación expedita”

El gobierno de Trump informó que estaba expandiendo el uso de la autoridad de “deportación expedita”, de forma que pueda ser utilizada en todo el país, y añadió que tendría efecto inmediato.

“El efecto de este cambio será mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública —al tiempo que reduce los costos gubernamentales—, facilitando decisiones rápidas sobre la inmigración”, declaró el gobierno en un aviso en el Registro Federal que describe las nuevas reglas.

La “deportación expedita” otorga a las agencias del orden público autoridad amplia para deportar personas sin requerir que comparezcan ante un juez de migración. Hay excepciones limitadas, las cuales incluyen si expresan temor de regresar a casa y aprueban una entrevista inicial de evaluación para recibir asilo.

Los críticos han dicho que hay demasiado riesgo de que personas que tienen derecho a estar en el país sean detenidas por error por agentes y oficiales, y que no se hace lo suficiente para proteger a los migrantes que tienen motivos genuinos para temer ser enviados a casa. El aviso indica que la persona que haya sido seleccionada para deportación expedita “tiene sobre sí la carga de demostrar a satisfacción de un agente de inmigración” que tiene derecho a estar en Estados Unidos.

Los poderes fueron creados bajo una ley de 1996. Pero realmente no se utilizaron ampliamente sino hasta 2004, cuando el Departamento de Seguridad Nacional informó que usaría la autoridad de deportación expedita para personas arrestadas dentro de las dos semanas posteriores a su entrada a Estados Unidos por tierra, o que hubiesen sido capturadas dentro de una franja de 160 kilómetros (100 millas) de distancia de la frontera. Eso significó que se usó principalmente contra migrantes que recién llegaban al país.

El gobierno de Trump también está confiando en el ejército en activo para ayudar a asegurar la frontera y llevar a cabo deportaciones. Después de enviar a unos 1,500 soldados a San Diego y El Paso, dos aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea que transportaban a migrantes expulsados del país aterrizaron en Guatemala por la mañana.

Honduras recibió dos vuelos de deportación en los que iban 193 personas en total, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, los funcionarios subrayaron que esto era normal. Antonio García, viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, dijo que el gobierno tiene un acuerdo con Estados Unidos para aceptar entre ocho y 10 vuelos a la semana.

En declaraciones a la AP, el ministro cuestionó cuántos vuelos más les pedirá Washington que acepten. Indicó que el gobierno hondureño los escuchará, pero también desea que el gobierno estadounidense escuche sus planes y preocupaciones.

Las personas consideradas como amenazas para la seguridad pública y la seguridad nacional siguen siendo la principal prioridad, dijo Elliston.

Eso no es diferente del gobierno de Biden, pero ya se ha producido un gran cambio: con Trump, los agentes ahora pueden arrestar a personas sin permiso de residencia si se topan con ellas mientras buscan a migrantes bajo orden de expulsión. Con Joe Biden, esos “arrestos colaterales” estaban prohibidos.

“Estamos buscando esos casos de seguridad pública, seguridad nacional. La gran diferencia es que ya nadie tiene un pase libre”, dijo Elliston.

El número de arrestos colaterales ha fluctuado, dijo. Para el final en Maryland, el ICE había arrestado a 13 personas. De ellos, nueve eran objetivos y los otros cuatro eran personas con las que ICE se encontró durante el transcurso de la mañana.

De esos “colaterales”, uno tenía una condena por robo con agravantes. Otro ya había sido deportado una vez, y dos más tenían órdenes finales de expulsión.

El gobierno recalcó la participación de otras agencias en las operaciones de inmigración durante el fin de semana, incluyendo el FBI, la agencia antidroga y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que forman parte del Departamento de Justicia.

Emile Bove, el fiscal general adjunto interino, presenció varios arrestos en Chicago, una señal de la creciente participación del Departamento de Justicia.

Los arrestos diarios de ICE, que promediaron 311 en el año terminado el 30 de septiembre, se mantuvieron bastante estables en los primeros días después de que Trump asumiera el cargo, luego aumentaron de forma drástica a 956 y el día siguiente a 1,179. Si se mantienen, esas cifras marcarían el promedio diario más alto desde que el ICE comenzó a llevar registros.

Trump también ha retirado protocolos arraigados que restringían la actividad del ICE en “lugares sensibles” como escuelas, iglesias u hospitales. Esa decisión ha preocupado a muchos migrantes y defensores, que temen que los niños se traumaticen al ver a sus padres arrestados en la fila para dejarles en la escuela o que los migrantes que necesitan atención médica no vayan al hospital por miedo a ser arrestados.

Elliston rechazó esos temores y dijo que ha sido extremadamente raro que el ICE entre en uno de esos lugares. En sus 17 años en el trabajo, dijo que sólo ha entrado en una escuela una vez y fue para ayudar a detener a un tirador activo.

La eliminación de otras pautas que habían restringido las operaciones de ICE en los tribunales marca una gran diferencia en el trabajo de la agencia, señaló.

Pero la eliminación del protocolo sobre lugares sensibles sí afecta a ICE de maneras más sutiles.

Por ejemplo, en un momento dado, el equipo se detuvo en un estacionamiento con la esperanza de atrapar a un miembro de una pandilla venezolana que se creía trabajaba como repartidor en un negocio cercano. Al otro lado de la calle había una iglesia, y una calle más allá había una escuela primaria, lo que bajo las normas anteriores les habría impedido estacionarse allí para hacer vigilancia.

El uso de aviones militares para llevar a cabo deportaciones

Cuando Dayana Castro se enteró de que la cita para solicitar asilo en Estados Unidos por la que había esperado más de un año fue cancelada de un momento a otro, no lo dudó: se dirigiría al norte como fuera.

A esta migrante de 25 años, su esposo y sus hijos de cuatro y siete años no les quedaba nada en su país, Venezuela. Ya habían superado el peligroso Tapón del Darién que separa Colombia de Panamá y a los grupos criminales que se aprovechan de personas en su situación.

Castro era una de las decenas de miles de migrantes en todo México que tenían citas programadas para solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos hasta febrero, hasta que el presidente Donald Trump asumió el cargo y emitió una serie de órdenes ejecutivas para reforzar la seguridad fronteriza y reducir la migración. Una de ellas anuló el uso de la aplicación CBP One, que había permitido que casi un millón de personas, muchas buscando asilo, ingresaran legalmente al país desde enero de 2023.

“Pensamos seguir”, afirmó Castro desde un pequeño refugio en el centro de México, junto a la vía de un tren de mercancías que iban a tomar hacia el norte, recordando que no podrían dar marcha atrás después de todo lo que pasaron, de todos los países que cruzaron.

Ahora, los migrantes como ella se están adaptando a una nueva e incierta realidad. Muchos siguen decididos a llegar a Estados Unidos por vías más peligrosas, a bordo de trenes de mercancías, contratando a contrabandistas y esquivando a las autoridades. Algunos hicieron fila en las oficinas de refugiados de México para solicitar asilo en el país, mientras que otros contemplaban la posibilidad de regresar a casa.

Trump declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México y anunció planes para enviar tropas estadounidenses y restringir el paso de refugiados y solicitantes de asilo, alegando que quiere frenar las entradas ilegales y el delito fronterizo. Las medidas siguen a un descenso de los cruces ilegales en los últimos meses.

Los defensores de la app CBP One utilizada por personas como Castro para intentar ingresar de forma legal sostienen que puso orden en una frontera caótica. Los críticos, por su parte, afirman que fue un imán para atraer a más migrantes.

Adam Isacson, analista de supervisión de defensa para la organización de derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo que la represión migratoria de Trump seguramente disuada a los migrantes a corto plazo, pero también provocará una serie de consecuencias humanitarias en cadena.

Las personas con solicitudes de asilo válidas pueden morir en sus propios países, apuntó, mientras que los migrantes que huyen de países como Venezuela, Cuba o Haití, que no pueden regresar fácilmente a casa, pueden terminar flotando por América “completamente desprotegidos”. Isacson y otros analistas esperan que las políticas de Trump lleven a una mayor demanda de contrabandistas y empujen a los migrantes —muchos de ellos menores y familias— a zonas más peligrosas para evitar ser capturados.

Al día siguiente, Castro estaba asimilando el hecho de que seguir adelante luego de la cancelación de su cita del 18 de febrero con las autoridades estadounidenses podría significar que pondrá su vida, y la de su familia, en riesgo, ya que los cárteles extorsionan y secuestran cada vez más a migrantes vulnerables.

“¿Rendirse ahorita? No. Si no nos arriesgamos, no llegamos”, aseguró mientras daba pan a sus hijos junto al pequeño refugio donde dormían.

En Tapachula, en la frontera sur de México con Guatemala, otro grupo de migrantes tomó un enfoque diferente.

La cubana Rosalí Martínez esperaba en fila en el exterior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la sofocante ciudad sureña. Viajaba con su hijo y esperaba reunirse con su esposo en Estados Unidos.

Ahora se unía al creciente número de migrantes que han buscado asilo en México en los últimos años, ya sea temporalmente debido a las cambiantes restricciones estadounidenses o de manera más permanente.

Como muchos compatriotas en los últimos años, Martínez, que huye de una crisis económica en expansión, afirmó que se quedará en el país para ver qué ocurre, pero “de ninguna manera voy a volver a Cuba”.

Otros como Jomaris Figuera, de 42 años, y su esposo, quieren tirar la toalla tras años tratando de forjarse una nueva vida fuera de Venezuela, donde las crisis económica y política han impulsado a casi ocho millones de personas a emigrar en los últimos años.

Pasaron más de cuatro años recolectando café en la vecina Colombia, pero no lograban llegar a fin y mes y decidieron atravesar el Darién. Esperaron casi un año y medio para conseguir una vía legal de entrada a Estados Unidos en un albergue de madera en un campamento de migrantes asolado por la delincuencia en el centro de la Ciudad de México.

Debido a la crisis en Venezuela, no tienen pasaporte. Y sin dinero, temen que su único camino de regreso sea cruzar México y Centroamérica hacia el sur y caminar días a través de las mismas montañas del Darién.

Cualquier cosa sería mejor que quedarse en México, dijo Figuera.

¿Qué ha cambiado en la política migratoria de EEUU y qué sigue en curso?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que efectuó un promedio de 710 arrestos diarios frente a la media diaria de 311 en un período de 12 meses hasta el pasado septiembre durante la presidencia de Joe Biden. Si esa tasa se mantiene, superaría el récord previo del ICE, que se estableció con Barack Obama en la Casa Blanca, con un promedio de 636 en 2013.

Los números se dispararon desde el fin de semana e incluyeron operaciones muy publicitadas como las que se llevaron a cabo en Atlanta, Dallas y, sobre todo, en Chicago.

El gobierno de Trump ha destacado la participación de otras agencias en las operaciones del ICE, a diferencia de lo que ocurría con su predecesor. Colaboraron el FBI, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos —todas dependientes del Departamento de Justicia—, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que incluye a la Patrulla Fronteriza y depende de Seguridad Nacional.

Emile Bove, el fiscal general adjunto interino, supervisó los arrestos en Chicago como una señal de la creciente implicación del Departamento de Justicia.

Trump amplió las prioridades de detención a cualquier persona que esté en el país sin la documentación pertinente, no solo a aquellas con condenas penales, amenazas a la seguridad pública o nacional y migrantes detenidos en la frontera. Algunos apuntaron que esto era ya habitual para el ICE, al menos hasta ahora.

“No hay nada único en ello”, dijo Andrew Arthur, un exjuez de inmigración y miembro del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de investigación y defensa partidario de restringir la inmigración.

Espera más medidas de este tipo en las próximas semanas y cree que el Congreso aprobará fondos para habilitar hasta 80,000 camas, casi el doble de la cifra actual. El ICE necesita el espacio para retener a las personas mientras se desarrolla cualquier procedimiento legal y organiza las deportaciones.

El ICE no ha dicho a cuántas personas deportó desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, pero el gobierno ha hecho hincapié en los vuelos de expulsión, incluyendo el uso de aviones militares.

Con Biden, la agencia deportó a más de 270,000 personas en un período de 12 meses hasta septiembre. Fue el dato anual más alto en una década, impulsado por el incremento de los vuelos de deportación, para los que no se emplearon aviones militares.

En un episodio que puede indicar una diplomacia más agresiva hacia los gobiernos que resistan o nieguen a recibir a sus ciudadanos, Trump dijo que elevaría los aranceles a Colombia en un 25% después de que su presidente, Gustavo Petro, se negó a permitir el aterrizaje de dos aviones militares con deportados. Trump pausó las medidas arancelarias cuando su homólogo cedió.

Un avión de transporte militar C-27 aterrizó en Guatemala con 80 deportados, esposados y engrilletados, a bordo. “Es mi primer intento del año y no sé si lo intentaré de nuevo porque es difícil”, dijo Jacobo Dueñas, de 38 años, quien fue arrestado en la frontera de Texas.

Lo que no ha cambiado, dijo Elliston, es que estas son operaciones dirigidas. El ICE tiene una lista de personas a las que persigue, en lugar de ir indiscriminadamente a un lugar de trabajo o edificio de apartamentos buscando personas que estén en el país sin permiso.

“Odio de verdad la palabra ‘redadas’ porque da a la gente la impresión equivocada, como si simplemente fuéramos de puerta en puerta diciendo, ‘Muéstrenos sus papeles’”, dijo. “Nada podría estar más lejos de la verdad”.

En la semana desde que Trump regresó al cargo, Elliston dijo que ha estado constantemente al teléfono, tratando de disipar rumores sobre lo que está haciendo ICE y quién está siendo arrestado.

Desde que comenzó su trabajo en 2022, Elliston dijo que ha trabajado para establecer relaciones con funcionarios electos y agencias de seguridad en todo Maryland, un estado donde muchas poblaciones tienen políticas de santuario que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Elliston ha contactado con ciudades para educarlas sobre lo que hace el ICE y a quiénes persiguen los agentes. También trata de establecer relaciones con funcionarios locales para que se sientan más cómodos dejando que las autoridades sepan cuándo van a liberar a migrantes que han sido detenidos. Así el ICE puede atraparlos.

¿Otra cosa que no ha cambiado? A veces, cuando buscan a alguien, no encuentran a nadie.

En un edificio de apartamentos en Takoma Park, justo a las afueras de Washington, tres agentes del ICE golpearon la puerta de un apartamento y pidieron a quien estuviera dentro que saliera.

“Señorita, ¿puede abrir?”, dijo el oficial. ”¿Puede venir a la puerta y hablaremos con usted? (…) Tendremos que seguir viniendo hasta que aclaremos esta dirección”.

Eventualmente, un hombre que vivía en el apartamento llegó a casa y habló con los agentes del ICE. Resultó que la persona que estaban buscando probablemente había dado a la policía una dirección incorrecta cuando fue arrestado y no vivía allí.

Si no pueden encontrar a una persona, Elliston dijo, siguen buscando.

“Buscar a estos tipos nunca se detendrá”, dijo.

El nuevo gobierno estadounidense facilitó que el ICE lleve a cabo las deportaciones sin que los afectados comparezcan ante un juez de inmigración al ampliar la autorización de “expulsión acelerada” a nivel nacional para cualquier persona en el país hasta dos años. La Unión Americana de Libertades Civiles recurrió las deportaciones rápidas ante los tribunales.

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