Agencias/Ciudad de México.- Luego de que un grupo de hombres armados y encapuchados copara el estudio de un canal de televisión en Guayaquil, este martes 9 de enero de 2024, Ecuador sigue en vilo. Tras el ataque a TC Televisión, varios países manifestaron su solidaridad con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que declaró el estado de “conflicto armado interno” por atentados de grupos criminales a los que calificó de “terroristas”.
Esos incidentes, que pusieron en jaque la seguridad nacional del país, comenzaron con la crisis tras la fuga de la cárcel de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros. Se trata de una de las bandas criminales más peligrosas del país, junto con los Lobos y los Tiguerones, por sus presuntos nexos con carteles mexicanos del narcotráfico, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. La plataforma de investigación y análisis InsightCrime informa que Los Choneros surgieron como brazo armado de un cartel colombiano.
En vista de estas alianzas internacionales del crimen organizado, ¿están las organizaciones criminales extendiendo sus tentáculos por la región?
“Si bien no se puede hablar de una expansión territorial de los grandes carteles en América Latina, sí estamos frente a una diversificación de los puntos de actividad del tráfico internacional de drogas y otros crímenes en la región, un fenómeno que marcó los últimos 40 años”, dice Ivan Briscoe, director del Programa para América Latina del International Crisis Group.
“Pero, a lo largo de estos 40 años, también hemos visto el desmantelamiento de grandes organizaciones criminales, como carteles de Colombia y México, entre otros”, añade.
Sin embargo, hay datos que llaman la atención. En Chile, por ejemplo, se produjo un aumento de los homicidios sin autor conocido, que pasaron de un 23 a un 41 por ciento entre 2018 y 2022, según el informe de 2023 del Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. Según el portal de periodismo investigativo CIPER, eso es interpretado por expertos como señal del crecimiento y la impunidad del crimen organizado.
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También en barrios suburbanos de la ciudad de Rosario, en Argentina, la violencia relacionada con el microtráfico de cocaína va en aumento desde hace casi una década. Y el principal grupo criminal brasileño, Primer Comando de la Capital (PCC), opera junto a carteles mexicanos y las mafias albanesa e italiana, la ‘Ndragheta, según InsightCrime.
“Su ubicación entre los dos mayores productores de cocaína, Colombia y Perú, vuelven a Ecuador un lugar especialmente favorable por su acceso al Océano Pacífico”, dice a DW Sebastián Hurtado, presidente de la consultora líder de riesgo político Prófitas, con sede en Quito. “Sin embargo, a medida que los productores y las bandas criminales vayan encontrando otras zonas por donde transitar en sus operaciones, se van a expandir hacia otros países de la región”, advierte.
A nivel global, las bandas criminales con control territorial aumentaron el 23 por ciento entre 2021 y 2023, reporta el Índice Global del Crimen Organizado.
Ivan Briscoe explica que “ya no hay, como antes, grandes capos ni organizaciones transnacionales que controlan los múltiples eslabones del tráfico de drogas. Actualmente, existe un ecosistema de actores y grupos criminales que se asocian para diferentes actividades, y eso les da la posibilidad de entrar en nuevos mercados en Latinoamérica”.
Rosario, por ejemplo, es un centro urbano portuario cuyas cargas “son utilizadas por grupos del narcotráfico que influencian a los grupos criminales ya enquistados en zonas, por lo general, pobres”. Así las cosas, se observa “una presión en Sudamérica con un movimiento de los flujos de narcotráfico no solamente hacia el Pacífico, sino también hacia el Atlántico”. La globalización y la rapidez de las redes sociales favorecen las actividades criminales, afirma el experto del International Crisis Group.
La mitad de la frontera entre Ecuador y Colombia, de 586 kilómetros, es selvática y “sigue siendo muy porosa”, señala, por su parte, Sebastián Hurtado, a pesar de los esfuerzos de ambos países por mejorar los controles.
Pero este no es el único “agujero negro” que favorece el narcotráfico. Briscoe menciona a la zona tripartita en el Amazonas, entre Perú, Brasil y Colombia, “que tiene altos niveles de pobreza y autoridades corrompibles”, y también a la Triple Frontera, entre Argentina, Paraguay y Brasil, “donde se ha visto un notable incremento de la violencia, debido a la influencia de grupos narcotraficantes”.
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Sin embargo, los carteles de Colombia y México operan distinto a como lo hacían diez o veinte años atrás, puntualiza Briscoe. “Ya no tratan de penetrar en otros territorios para controlar la cadena de narcotráfico. Se sabe que ahora los grandes carteles alquilan terrenos y rutas, que ellos controlan, a organizaciones que actúan a nivel internacional, asegurándose así la logística y la seguridad, un modelo de franquicia que se ve a menudo”, explica el experto.
“Vemos que hay carteles mexicanos que actúan como intermediarios, con mucho dinero en efectivo y poder económico, y que están buscando los mejores aliados para su negocio en otros países, sin lugar a dudas”, asegura.
A propósito del poder económico del crimen organizado, otro de los planteos actuales es si la dolarización -introducida en Ecuador en el año 2000, a fin de estabilizar la economía- juega un papel en su aumento.
“Sin duda, la dolarización y la debilidad institucional hacen que Ecuador sea suelo fértil para el lavado de activos, especialmente del narcotráfico”, afirma Sebastián Hurtado. Hace más difícil identificar grandes transacciones sospechosas que en una economía no dolarizada, precisa el experto en administración pública.
Ivan Briscoe coincide: “En Colombia, hay gran cantidad de circulación de dólares en efectivo del lavado de dinero del narcotráfico, y eso convirtió a Ecuador en un imán para esos dólares, que entran mucho más fácilmente porque son la moneda legal y corriente”. Así se financian empresas con negocios ilícitos que blanquean en ese país su dinero. “Es por eso que Guayaquil y otras zonas de la costa del Pacífico se convirtieron en grandes centros de lavado de dinero en los últimos veinte años”, aclara.
“En los últimos días, Ecuador ha recibido manifestaciones de apoyo de sus países vecinos”, recuerda Hurtado. Y sugiere: “Esperaría que se lleve a cabo un trabajo algo más coordinado, con mejores estrategias conjuntas entre los Gobiernos latinoamericanos, que ven con preocupación lo que está pasando en Ecuador y la posibilidad de que muchas de estas actividades se expandan a los otros países”.
Por último, el surgimiento de Ecuador en el corazón del tráfico mundial de drogas, a pesar de que tradicionalmente nunca ha producido drogas y durante mucho tiempo fue más pacífico que sus vecinos, debería reavivar la preocupación sobre los efectos no deseados de la guerra contra las drogas.
Exactamente 40 años después de que Colombia declarara la “guerra contra las drogas” por primera vez, las políticas militarizadas antinarcóticos no han brindado alternativas legales viables de sustento a quienes participan en la producción y el tráfico de drogas ilícitas (muchos de ellos entre los más pobres y vulnerables de las poblaciones de América Latina), ni han limitado la violencia que rodea a este negocio.
Los gobiernos harían bien en reevaluar estas políticas de seguridad y aplicar medidas que sean realistas y eviten causar mayores daños a las comunidades locales (por ejemplo, atacando a quienes impulsan el negocio y obtienen los mayores beneficios de él, es decir, los financieros y traficantes internacionales).
After grappling with worsening insecurity for several years, Ecuador witnessed a terrifying spike in violence in the first half of January.https://t.co/muYVQVdqW4
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