Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Gobierno federal creará el Instituto Nacional de Identificación Forense debido a que existen alrededor de 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas, unos 26 mil cadáveres sin identificar regados a lo largo y ancho del País.
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de Gobernación Alejandro Encinas admitió que la actual administración heredó una magnitud de crisis humanitaria y violación a las garantías individuales con cifras terrorificas.
En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, Encinas precisó que el objetivo central es aplicar en los hechos sin simulaciones la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y crear el Sistema Nacional de Búsqueda.
Parte nodal de esta estrategia, afirmó, es la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense para integrar un sistema de datos precisos o fiables en coordinación con todos las instituciones y áreas involucradas en la materia.
“Para ello van muy avanzados los trabajos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Escuela Nacional de Antropología, con las distintas agencias de Naciones Unidas, con el equipo argentino de antropología forense y esperemos (inaudible) la implementación total.
“Pero en (el mes de) marzo esperamos poner en consideración del sistema la discusión de la creación de este Instituto, en donde el diseño corresponderá a la secretaria de Gobernación y estableceremos mecanismos extraordinarios para responder al contexto en que se enfrenta esta situación, desarrollando las capacidades técnicas que tanta falta nos hace, como es la creación de un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática”, explicó.
El objetivo central, añadió, es construir un sistema de información confiable con respecto a la desaparición forzada en el País.
“Esto incluye, hospitales, en centros de atención psiquiátrica, en el Sistema DIF, en los centros de salud y atención de adicciones, en los centros de detención y reclusorios, en todo el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan restos mortales.
“El fortalecer el trabajo de identificación, incluidas las estaciones migratorias, las terminales de autotransporte y todos aquellos registros que nos permitan tener un solo banco de datos, con lo cual tendremos certeza, no solamente de la magnitud del problema, sino cómo enfrentarlo de manera más eficiente”, aseguró.
Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, enfatizó Encinas, más de mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses del País.
“Y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro País”, afirmó.
Lamentablemente, dijo, las leyes actuales no han cumplido con los objetivos planteados, más bien sirvieron para una profunda simulación en los anteriores gobiernos.
La anterior administración, añadió, echó andar el Sistema Nacional de Búsqueda con 42 personas o representantes de distintas instituciones a los que destinó más de 486 millones de pesos, y solo aplicaron 6 de ellos.
“Y ahí es donde empieza la simulación que se hizo en el gobierno anterior, a dos semanas de terminar su gestión se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda y se presentó un Plan Nacional de Búsqueda que no fue consultado con nadie.
“Hay que señalar -y esta es otra parte de la simulación- que en el año 2018 se asignaron 468 millones 946 mil pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solamente ejerció seis millones de pesos, es decir, ese presupuesto solamente estuvo en el papel.
“Lo cual ha llevado no solamente a la falta de desarrollo de las capacidades técnicas, institucionales para la búsqueda, a las limitaciones tecnológicas para hacerlo, limitaciones en recursos humanos y el retraso lamentable en la implementación de la ley”, afirmó.
Prueba de ello, añadió, es que en 20 entidades, después de un año de promulgada la Ley general, siguen sin tomar medidas legislativas y tampoco han integrado las correspondiente de las comisiones locales.
“Eso urge y hacemos un llamado respetuoso a los estados de la República para que a la brevedad posible cumplan con esta disposición de ley”, indicó.
Señaló que el principal grupo de personas desaparecidas se ubica entre 17 y 29 años de edad, además,se ha incrementado la desaparición de niños en los últimos años.
En el rubro de desapariciones forzadas, dijo, se ubican entre 8 y 10 por ciento a migrantes.
Para este año, agregó, se han asignado 400 millones de pesos para ejercer plenamente en la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Y estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que desde del Sistema Nacional de Seguridad podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, que cuenta con una cifra de siete mil 500 millones de pesos para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense.
“La atención fundamentalmente a todos los cuerpos que tenemos sin identificar, pero también a las acciones de búsqueda, de exhumación, identificación, contando con un sistema único de información”, precisó.
Encinas comentó que han trabajado en coordinación con organizaciones internacionales y de derechos humanos para elaborar protocolos u homologar tareas de investigación de delitos vinculados con la desaparición forzada, búsqueda, exhumación, identificación y desarrollar un enfoque diferenciado a aplicar en el País.
“Lamentablemente se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina nuestro territorio.
“Dentro de las novedades, lo que queremos impulsar para favorecer las tareas de carácter preventivo y no dedicarnos solamente a la búsqueda de personas desaparecidas, que ya tiene muchos años, vamos a dar prioridad a la búsqueda en vida.
“Como lo ha señalado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca más una guerra para combatir delitos que lleven a esta situación de tragedia nacional y de violación de los derechos humanos”, aseguró.
