Extra/El Post/Ciudad de México.- El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre la ratificación en el IMSS de Zoé Robledo, tiene repercusiones directas en la credibilidad del supuesto plan anticorrupción del nuevo gobierno anunciado con bombo y platillo por la virtual presidenta electa.
Los planes de combate a la corrupción gubernamental resultan incompatibles con la ratificación de funcionarios como el actual director del IMSS, que ha permitido la expansión de redes de poder dentro del sistema de Salud para manipular los procedimientos de contratación pública y favorecer a proveedores con multimillonarios contratos.
Hay evidencias de cómo favoreció a lo largo del sexenio a la empresa farmacéutica Boehringer con contratos a sobreprecio.
Zoé Robledo convirtió al Seguro Social en un negocio, en donde la compra de medicamentos se ha guiado a partir de la oferta de los productos farmacéuticos de las empresas, y no de la demanda de clínicas y hospitales, lo que ha provocado que más de 16 millones de piezas de medicamento estén abandonadas en los almacenes del IMSS, y casi dos y medio millones de piezas se hayan echado a perder, según los reportes del propio Instituto Mexicano del Seguro Social.
La administración de Zoé Robledo, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Función Pública, es responsable de un daño patrimonial de más de mil 114 millones de pesos por negligencia administrativa.
Los detalles de las andanzas de Zoé Robledo las conocen bien en Palacio Nacional, pero se le dio carta abierta para que siguiera manipulando los procesos de contratación.
De hecho, López Obrador amplió su nivel de influencia y junto con Alejandro Calderón Alipi, director del IMSS Bienestar, gestiona la operación de esa dependencia. Calderón Alipi es un funcionario muy cercano a los hijos del presidente.
Por eso los planes de combate a la corrupción de Claudia Sheinbaum se contradicen con la ratificación de Zoé Robledo en el IMSS.
Mal empieza un gobierno que dice hacer una cosa y hace todo lo contrario.
