Agencias/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano propietario de la fanquicia de Miss Universo acusado de formar parte de una red de tráfico de combustible y armas para grupos del crimen organizado en el país, reportó el periódico La Jornada.
Cantú Rocha poseedor del 50 por ciento de la franquicia de Miss Universo y de un conglomerado de casinos, hospitales y empresas de seguridad, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), ser testigo colaborador para frenar la investigación y cumplimentación de órdenes de aprehensión en su contra.
El pasado 26 de noviembre, la FGR comunicó que la investigación contra el empresario continúa en curso y bajo análisis jurídico para determinar la viabilidad del benefificio de testigo colaborador.
El mismo día, Rocha Cantú se acogió al criterio de oportunidad de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de testigo colaborador, luego de que un Juez federal otorgó a la FGR sendas órdenes de aprehensión en contra él y 12 personas más por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.
La Jornada informó que ha obtenido copia de la orden de aprehensión contra Rocha Cantú.
El expediente, según La Jornada, menciona que el empresario – bajo la figura de testigo colaborador desde el pasado 28 de noviembre— es presunto responsable de delitos en materia de hidrocarburos, tráfico de armas y delincuencia organizada.
El 29 de noviembre de 2024, la FGR abrió la carpeta de investigación tras “la denuncia de ese hecho delictivo perseguible de oficio, mediante escrito de denuncia anónima, remitida por el encargado de la ventanilla única de atención mediante oficio FGR/FEMDO/VUA/2447/2024, de la cual se desprende la denuncia contra una organización criminal”.
El escrito con el cual se libró el mandamiento judicial señala que, además de Rocha Cantú, a este grupo delictivo pertenecen las personas hasta ahora identificadas como Kevin, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, Alejandro, Íker y Daniel Roldán, quienes forman parte del crimen organizado con la finalidad de cometer delitos de tráfico, compraventa de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como los relacionados en materia de hidrocarburos.
El documento de la FGR sostiene que en la “denuncia en la que indican que la persona identificada como Kevin es líder de la gente que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México, dichas armas ingresan al país por la frontera de Guatemala y son trasladas vía terrestre desde el sur de la República Mexicana, ocultas en autobuses que traen ropa y fayuca que llega a Pino Suárez. Quien le envía las armas y está de planta en Guatemala es la esposa de Charly, y Kevin vende las armas a través de Internet y las publica en su perfil de WhatsApp”.
Los otros presuntos involucrados mencionados “son socios de la empresa de seguridad que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México” y “utilizan la citada empresa de seguridad para lavar dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y el cártel Jalisco Nueva Generación, además de que utilizan el giro de la empresa, facilitan la compra y venta de armas, remarcan las armas y venden”.
