nsurgentePress, Ciudad de México. –El ciclo de la corrupción tiene su punto de origen en las campañas electorales, a través del financiamiento ilícito a candidatos y partidos, advirtieron especialistas y académicos mexicanos e internacionales.
En un foro realizado por el INE, expusieron que el reparto de dádivas, las empresas fantasma para desviar recursos, el flujo de dinero en efectivo y el uso clientelar de programas sociales son problemas que se incrementan en los procesos electorales, tanto en México como en otros países del continente.
Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, cuyas investigaciones permitieron que en 2015 se enjuiciara y renunciara el entonces Presidente guatemalteco Otto Fernando Pérez Molina, argumentó que en las campañas proliferan compañías fantasma para desviar fondos y evadir impuestos.
El jurista colombiano advirtió que, al recibir financiamiento ilícito, los candidatos, que a la postre llegan al poder, se comprometen a beneficiar con contratos a empresas y benefactores, lo cual genera un círculo de corrupción.
“Podemos afirmar como hecho concreto que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia”, aseveró Velázquez.
“Que es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción a la sustitución del bien común por intereses sectoriales y a la perpetuación de la clase política corrupta en el ejercicio del poder”.
Velázquez indicó que, en el caso de México, debe haber una fiscalización más exhaustiva sobre los recursos que perciben los partidos.
Destacó que, para combatir la corrupción, es imperante lograr procesos en contra de empresas y servidores públicos.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), coincidió en que la corrupción en las campañas electorales es la “cadenita” que genera la corrupción política de los gobiernos.
Sostuvo que los candidatos se comprometen a otorgar contratos a aquellos que los beneficiaron. Un ejemplo de eso, dijo, es que en México el 75 por ciento de los contratos son por adjudicación directa.
Añadió que en las campañas suele haber desvío de fondos y violación a las leyes electorales: MCCI, por ejemplo, investiga cómo en periodos electorales aumenta en un 36 por ciento la entrega de tinacos y se han detectado flujos de 33 mil millones de pesos en efectivo en meses previos a los comicios.
Más que nuevas reformas electorales, Casar propuso sanciones y castigos “que duelan”, evitar que la Secretaría de Hacienda haga ampliaciones presupuestales a espaldas del Congreso, que las dependencias y gobiernos no puedan manejar dinero en efectivo y que se acaben las adjudicaciones directas.
“A lo mejor la solución no es la reforma electoral, a lo mejor la solución es castigar y prevenir la corrupción en el poder”, apuntó.
Luis Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, coincidió en que las empresas fantasmas aumentan en los procesos electorales, lo que debe ser combatido por las autoridades fiscalizadoras.
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), subrayó que, con base en la medición que realiza dicho organismo, se tiene un inventario de 152 programas federales sociales, 2 mil 528 estatales y 3 mil 811 municipales.
Es decir, subrayó, casi 6 mil 500 programas sociales en todo el País, de los cuales muchos son duplicados y se utilizan con fines clientelares.
Apremió que el siguiente Gobierno debe insistir en la independencia de las mediciones de pobreza y de evaluación de la política social para evitar que a los programas sociales se les dé un uso clientelar.
“Presidentes y secretarios quieren tener sus propios programas para tener sus propias clientelas”, recriminó.
Con información de Reforma
