Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Jesús Murillo Karam exprocurador General de la República (extinta PGR) compareció ante el Juez de Control para responder a las acusaciones de desaparición forzada de 43 normalistas y tortura de seis presuntos integrantes del cártel ‘Guerreros Unidos’, a través de la que construyó la llamada ‘verdad histórica’ sobre la ejecución de los estudiantes registrada en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Murillo Karam sorteó la primera audiencia inicial por los delitos de desaparición forzada y tortura en la administración de justicia en el caso Ayotzinapa al interior Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
Ayer, las autoridades federales capturaron a Murillo Karam al mediodía en su domicilio en el sur de la capital mexicana.
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), acompañados con cuerpos de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron el traslado desde las instalaciones de las oficinas de esa corporación ubicadas en la colonia Tacubaya, hasta el penal preventivo varonil norte en la Ciudad de México.
El ex titular de la PGR durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue transportado en una camioneta color gris y escoltado por vehículos de las fuerzas armadas hasta el reclusorio.
En esta primera audiencia ante un Juez, se definirá si su detención procede conforme a derecho.
La captura de Murillo Karam ocurrió luego de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014, había sido un “crimen de Estado”.
La Comisión señaló que participaron en el ‘crimen de Estado’ autoridades de todos los niveles sin que hasta ahora existan indicios de que estén vivos los 43 normalistas.
El 26 de septiembre de 2014, normalistas de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, fecha en que ocurrió una matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la capital de México en 1968.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica“, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
De acuerdo con este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas.
La FGR prevé la imputación a Murillo Karam de tortura a seis presuntos integrantes del cártel ‘Guerreros Unidos’, involucrado en la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al iniciar la comparecencia, la defensa de Murillo alegó que la FGR apenas entregó esta sábado la carpeta de investigación.
La parte defensora del ex procurador consiguió que el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia otorgará un receso para estudiar el expediente este sábado.
La FGR acusó a Murillo Karam por delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y tortura.
Antes del receso de la audiencia, Daniela Aguirre, representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que han incluido en el expediente el caso de seis presuntos delincuentes en calidad de víctimas de tortura que involucró al ex procurador Murillo Karam.
Las personas torturadas responden a los nombres de Salvador Reza Jacobo, “El Chava”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Darío Morales Sánchez, “El Comisario”; Benito Vázquez Martínez y Agustín García Reyes, “El Chereje”, integrantes del cártel ‘Guerreros Unidos’ que denunciaron vejaciones, torturas y malos de la extinta PGR.
De acuerdo al expediente contra Murillo Karam ha sido implicado por difundir testimonios que arrancaron a los seis detenidos bajo un esquema de tortura, tras su captura y presentación ante el Ministerio Público, con el objetivo de elaborar la narrativa de la llamada “verdad histórica” del ‘Caso Iguala’.
El 27 de enero de 2015, Murillo Karam dio a conocer que los 43 normalistas de Ayotzinapa ‘fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan’, en Cocula, Guerrero.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, afirmó Murillo Karam entonces titular de la PGR.
Ocho años después de la desaparición forzada de 43 normalistas, y siete de la ‘verdad histórica’ del Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, la narrativa ha cambiado y ahora el exprocurador Murillo Karam ha sido presentado ante un Juez de Control para rendir cuentas sobre las mentiras en que incurrió sobre esa investigación.
El informe de ‘la verdad histórica’ rechazó que existieran pruebas sobre la participación de autoridades locales o federales en los sucesos registrados en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014
La narrativa de ‘la verdad histórica’ señaló que el grupo Guerreros Unidos confundió a los jóvenes normalistas con sicarios de la banda rival ‘Los Rojos’ durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Además, mencionó que los estudiantes de Ayotzinapa habrían sido detenidos por policías municipales corruptos que posteriormente entregaron al cártel de los Guerreros Unidos.
Según la entonces PGR, los normalistas habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula.
En la audiencia de este sábado, acudieron los padres de uno de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada que permanecieron en la sala de testigos protegidos para evitar la visibilidad pública y de medios de comunicación.
