Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que el gobierno mexicano ha conseguido llevar a cabo en firme el proceso contra el ex secretario de Seguridad Pública Federal (SSP) Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra y demás cómplices para recuperar más de 645.9 millones de dólares que sustrajo del erario e invirtió en la compra de bienes-inmuebles en Florida.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Gómez dijo que la resolución deL Juez de una Corte de Apelaciones, ha sido ‘definitiva e inatacable’ para someter a proceso García Luna y sus allegados en Miami, Florida.
“Es definitivo e inatacable que el juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo”, afirmó Gómez.
Es histórica la demanda civil promovida desde la federación, dijo, en el marco de la política contra la corrupción e impunidad.
“El gobierno mexicano en la historia ha hecho muchas reclamaciones internacionales, pero un juicio de este tipo, de una trama de corrupción para recuperar el producto, no hay registro porque esta es una característica nueva que está teniendo México”, sostuvo Gómez.
La red de corrupción que operó García Luna en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) prosiguió en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El total de activos que obtuvieron bajo esa trama de corrupción en ambos periodos de gobierno han sido valuado hasta ahora en 645 millones 966 mil 199 dólares.
De 2006 a 2012, obtuvieron 225 millones 212 mil 906 dólares, posteriormente corresponden 420 millones 753 mil 293 dólares en el periodo de 2012 a 2018.
En la estratagema de corrupción participaron 40 empresas fachada para ocultar activos y propietarios reales. El modus operandi incluyó flujos de dinero con trasferencias a Barbados y posteriormente dirigidos a Florida.
En septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, una demanda civil para la recuperación de los activos adquiridos por García Luna y personas allegadas con recursos públicos,
Los bienes fueron ubicados Florida y su recuperación se busca para resarcir el daño generado al Estado mexicano, según explicó en su momento la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El proceso civil corrió de forma paralela e independiente al juicio que llevó García Luna en Brooklyn, Nueva York, por narcotráfico y lavado de dinero.
La demanda civil que promovió el gobierno mexicano incluyó a la esposa de García Luna, Linda Pereyra, además, a la familia de empresarios Weinberg ─vinculados con negocios inmobiliarios─ todos señalados como prestanombres del exsecretario.
Los Weinberg y otros socios de Genaro García habían impugnado el proceso y plantearon que, en todo caso, debía juzgarse en México.
El pasado 21 de febrero, un Jurado declaró a Garcia Luna ex secretario de Seguridad Pública (SSP) culpable de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados al narcotráfico, cuya sentencia máxima podría ser de cadena perpetua, tras el proceso celebrado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos.
Tras el el veredicto unánime de los 12 miembros del Jurado ahora ha quedado en manos del Juez Brian Cogan dictar la sentencia contra el ex funcionario mexicano siendo el 27 de junio, la fecha tentativa.
De acuerdo con las leyes de Estados Unidos el ex secretario de Seguridad Pública mexicano García Luna aguardaría una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión.
Los fiscales acusaron a García Luna de haber protegido al cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas de México hacia Estados Unidos.
Tras enumerar los cargos Cogan leyó: “culpable”, luego de tres días de deliberaciones del jurado y casi cuatro semanas de desahogo de testimonios en el celebrado en el Tribunal Federal de Brooklyn.
Cogan preguntó a cada uno de los 12 jurados si estaban de acuerdo con el resultado. Todos respondieron “sí”.
Las siete mujeres y cinco hombres que integraron el jurado coincidieron que el ex secretario de seguridad pública mexicano ha sido responsable de los delitos de conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, por pertenecer a una organización criminal y por haber mentido a las autoridades migratorias.
En el cargo de conspiración de drogas, la sentencia mínima obligatoria es de 10 años de prisión y, también, un máximo de cadena perpetua.
García Luna de 54 años, también ha sido acusado de declaraciones falsas, durante el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en 2018.
Paralelamente el gobierno mexicano a través de la UIF mantiene un proceso ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, contra García Luna y sus cómplices.
En la lista aparecen los nombres de las personas y empresas demandadas, entendidas como instrumentos que facilitaron contratos, son:
- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón.
Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna.
Mauricio Samuel Weinberg López, socio de García Luna y accionista de NUNVAV.
Sylvia Donna Pinto, esposa de Mauricio Weinberg.
Jonathan Alexis Weinberg Pinto, hijo de Mauricio Weinberg, autorizado en NUNVAV.
Natan Wancier Taub, socio de los Weinberg, representante de NUNVAV y operador en la red.
José Francisco Niembro González, subsecretario de Seguridad Pública y operador principal de García Luna.
Martha Virginia Nieto Guerrero, esposa de Niembro González.
NUNVAV Inc, empresa panameña, propiedad de los Weinberg.
NUNVAV Technologies Inc., empresa panameña, central en la contratación ilícita.
Gull Holding Enterprises Inc., compañía vinculada a los Weinberg para triangular recursos.
Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, propiedad personal de García Luna y su esposa.
