Agencias/Ciudad de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación sobre el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
Los expertos del GIEI, que forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decidieron finalizar su participación en el tema supuestamente por diferencias con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según el diario español El País. Ellos realizaban trabajos en México desde 2015.
“Me reuní con el grupo, con los dos integrantes que se quedaron [Ángela Buitrago y Carlos Beristáin] y ya concluyen su labor. Les agradecimos por lo que han hecho; es una buena investigación”, dijo el mandatario mexicano en una conferencia de prensa.
Además, señaló que su Gobierno continuará con las pesquisas para dar con los responsables de la desaparición forzada de los jóvenes.
“Va muy avanzada la investigación. Tengo el compromiso de llegar a que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los normalistas y [lo] voy a cumplir, lo estoy cumpliendo. Se va avanzando mucho. Deben de estar detenidos como 120, 130 personas, civiles, y servidores públicos”, agregó.
López Obrador recalcó que, de no haber triunfado su movimiento en las elecciones de 2018, las mismas que lo llevaron a la Presidencia de la República, las pesquisas al respecto hubiesen concluido de manera abrupta, sin conocer los detalles del acontecimiento.
“Si no hubiese triunfado nuestro movimiento, ya le hubiesen dado carpetazo a ese asunto los del bloque conservador que dominó México durante mucho tiempo. Ellos fueron los responsables de todos estos actos de represión y violación a los derechos humanos”, puntualizó.
La CIDH ha urgido al Estado mexicano a aclarar la confabulación de militares y policías con grupos criminales en la desaparición de los 43 estudiantes, un episodio que desde que se dio a conocer, en 2014, ha agrupado a diferentes movimientos sociales en exigencia de justicia y la presentación con vida de los jóvenes.
De ese grupo, solo tres jóvenes han sido identificados en casi una década de investigaciones, con base en análisis de restos óseos calcinados que fueron diferenciados mediante estudios forenses genéticos, realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria.
Ayer, el GIEI señaló que autoridades de diferentes niveles —que estaban en funciones durante la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en 2014— supieron en todo momento lo sucedido, pero ocultaron y manipularon la información.
Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado, supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los jóvenes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos, consideró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Todos colaboraron para desaparecerlos”, acusó Carlos Beristain, experto del GIEI, quien junto con la penalista Ángela Buitrago dio a conocer a periodistas nuevos hallazgos de sus investigaciones, previo a la presentación del sexto y último informe del grupo.
Buitrago subrayó que hubo “un control absoluto para mantener una versión”. “Todas las corporaciones del Estado” participaron con “distintos niveles de responsabilidad”, aseguró su compañero.
El nuevo peritaje de llamadas presentado por los expertos de la CIDH confirma un mayor protagonismo del Ejército en los hechos porque muestra la presencia de militares en sitios clave en los que negó haber estado.
Evidencia, además, cómo la Secretaría de la Defensa controló las comunicaciones durante toda la noche -incluidas las que realizaban miembros del crimen organizado a quienes tenían interceptados-, en parte porque su entonces jefe, el general Salvador Cienfuegos, así lo había ordenado para tener vigilados a unos estudiantes que consideraba subversivos, según uno de los documentos hallados.
El GIEI concluyó —de acuerdo con su investigación— que marinos y militares habrían manipulado información relevante del caso en operaciones conjuntas que mantuvieron en secreto, y reveló la existencia de videos donde se muestra cómo son amenazados, torturados y esposados presuntos involucrados en el caso.
La hipótesis más afianzada sobre el móvil -apoyada por información recibida de autoridades estadounidenses- habla del tráfico de heroína del cártel local que operaba en colusión con autoridades y militares.
“Las pruebas muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada, tal vez pensando que van a poner en la cuerda floja a algunos de sus hombres que pudieron haber participado”, denuncia el informe, lo que habla de “altas instancias del Estado como parte del crimen organizado”.
La Marina dijo que su papel se ha concretado a operativos de búsqueda durante las pesquisas del Gobierno.
Desde que ocurrieron los hechos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, padres de los estudiantes y sus abogados acusaron al Ejército y fuerzas de seguridad de ocultar información, incluso, de estar directamente vinculados en la desaparición de los jóvenes.
En el extenso informe, el GIEI señaló que durante horas cruciales del ataque a los jóvenes previo a su desaparición, un centro de información policial recibió al menos 500 llamadas telefónicas denunciando la agresión.
El reporte indicó también que se identificó que soldados que habían dicho estar en descanso o en instalaciones militares la noche del ataque, estuvieron en sitios donde un grupo de los estudiantes habría sido trasladado.
Buitrago explicó que documentos, fotografías y testimonios también relevaron que miembros de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron operaciones secretas en las que detuvieron a cinco presuntos criminales, hasta ahora desaparecidos, y la posible ejecución extrajudicial de otros dos detenidos.
El GIEI no dijo quiénes podrían haber matado a esos dos detenidos ni explicó cómo llegaron a la presunción de que habrían sido ejecutados.
El informe señaló que los expertos documentaron discrepancias en archivos internos de Sedena en los que se reportó el hallazgo del cadáver del estudiante Julio César Mondragón, quien fue desollado la noche del ataque en Iguala, lo que, según el reporte, abre serias dudas sobre la posible manipulación del cuerpo.
Al respecto, según el documento, Sedena respondió al GIEI —que concluye su acompañamiento en las investigaciones del Gobierno el 31 de julio—, que las diferencias de hora, lugares y batallón que informó sobre el hallazgo de Mondragón fueron registradas con un “error involuntario”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió descubrir la verdad en torno al presunto secuestro y masacre de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de que la investigación de su predecesor estuviera plagada de errores.
El año pasado, una comisión de la verdad creada por López Obrador calificó las desapariciones de “crimen de Estado” encubierto por miembros del Gobierno. Solo se han descubierto e identificado los restos de tres estudiantes.
