Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Gobierno difundió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Minera que aprobó el Congreso de la Unión cuyo contenido decretó al litio como patrimonio de la Nación.
A partir de este jueves, entrará en vigor el decreto de reforma de la Ley Minera que avaló el Congreso de la Unión que frenó la explotación de litio a manos de empresas privadas nacionales y extranjeras en el País.
Ayer, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto que modificó diversas disposiciones de la Ley Minera y decretó el litio como patrimonio de la Nación, para exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento en territorio nacional.
La minuta que aprobó con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, prevé cambios en los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera.
La nueva ley prohibió el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones para la explotación minera de litio en el País.
Prevé que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en las que existan yacimientos de litio en territorio nacional.
Además, estableció que las cadenas de valor económico del litio será administradas y controladas por el Estado, a través de un organismo público descentralizado que determinaría el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables.
Además, prevé que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará a ese nuevo organismo público en la ubicación y reconocimiento de áreas en las que existan reservas probables del mineral.
La reforma a la ley incluyó que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del mineral y de las cadenas de valor, queda en manos del Estado mexicano, al igual que proteger y garantizar la salud de los mexicanos, medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.
La reforma facultó al Estado mexicano para la exploración, explotación y aprovechamiento del litio a través de la creación de un organismo público descentralizado que será determinado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en un plazo no mayor de 30 días hábiles.
La Secretaría de Economía (SE) difundió el decreto de ley en el DOF con las rúbricas del Presidente López Obrador y de Adán Augusto López secretario de Gobernación.
