Agencias/Ciudad de México.- Una jueza federal en Miami declaró en un fallo que cuatro importantes compañías de cruceros realizaron operaciones turísticas a Cuba, que estaban prohibidas por la ley estadounidense entre 2015 a 2019.

En su sentencia, la jueza Beth Bloom dijo que las líneas de cruceros Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC deben compensar a los descendientes de un empresario estadounidense por utilizar una terminal de La Habana que fue confiscada tras la revolución cubana por los viajes realizados fuera de las categorías de viaje permitidas por la ley.

Después de que el expresidente Barack Obama iniciara un acercamiento con la isla, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió permisos a las compañías de cruceros para transportar pasajeros estadounidenses a Cuba, pero eso no significaba que la gente pudiera viajar por turismo, dijo la jueza.

“El hecho de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitiera permisos para viajar a Cuba y de que los funcionarios del poder ejecutivo, incluido el presidente, alentaran a los acusados a hacerlo, no inmuniza automáticamente a los acusados de su responsabilidad si llevaron acabo actividades turísticas prohibidas por la ley”, escribió Bloom.

La jueza dijo en su decisión que el asunto podía proceder a juicio para decidir el monto de indemnización.

Bloom indicó que dichas compañías transportaban a los pasajeros por fuera de las categorías de viaje permitidas por la ley. El documento judicial de 169 páginas muestra que las cuatro líneas de cruceros también concedieron contratos millonarios a varias agencias del gobierno cubano para utilizar la terminal y realizar visitas guiadas.

El documento también reveló que las compañías obtuvieron más de 1,100 millones de dólares en ingresos por la reservación de cruceros con escalas en Cuba.

Cuando los pasajeros de cruceros comenzaron a viajar a Cuba en 2016, hicieron excursiones a clubes nocturnos, lugares emblemáticos, ríos y playas.

Eso fue antes de que el entonces presidente Donald Trump anunciara restricciones en junio de 2019, lo que provocó que las líneas de cruceros eliminaran rápidamente sus escalas en Cuba y redirigieran sus embarcaciones sobre la marcha.

Un mes antes de que se anunciaran esas restricciones, el gobierno de Trump decidió activar una disposición del embargo de Estados Unidos a la isla que permitía a los estadounidenses demandar a casi cualquier empresa que realizara actividades comerciales o se beneficiara de propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba.

Todos los presidentes habían suspendido lo que se conoce como el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 desde su aprobación debido a objeciones de los aliados de Estados Unidos que hacen negocios en Cuba y por el efecto sobre futuros acuerdos negociados entre Estados Unidos y la isla.

Una de las excepciones de la disposición de esa ley es para los usos de esa propiedad para viajes legales, y Bloom dijo que estos cruceros no estaban exentos.

La compañía Havana Docks busca alrededor de 9.2 millones de dólares. El presidente de la compañía Mickael Behn, es el nieto de William C. Behn, un estadounidense que era propietario de tres muelles que fueron confiscados en 1960. Mickael Behn es ejecutivo de una televisora y vive en Miami y Londres.

Las compañías de cruceros no respondieron a una solicitud de comentarios. Tampoco se pudo contactar de momento al abogado que representa a Havana Docks.

En su escrito, ingresado en la corte, Bloom señala además que las cuatro compañías incurrieron en estos actos “de forma intencional y deliberada”.

Havana Docks alega que con estas actividades, ocurridas entre los años 2015 y 2019, las cuatro compañías obtuvieron hasta unos 1,100 millones de dólares en ingresos y pagaron 138 millones a entidades gubernamentales cubanas.

Las firmas defendieron que sus cruceros a Cuba se enmarcaron bajo los lineamientos que estableció el gubernamental Departamento del Tesoro dentro del proceso de “deshielo” con Cuba que estableció la Administración del presidente Barack Obama (2009-2017), pero la magistrada rechazó esos argumentos.

Recordó que aquello quedó fijado en 12 categorías y que en ellas no se contemplaban las relacionadas a turismo, ni tampoco las que pudieran atentar contra el embargo contra Cuba impuesto por Estados Unidos.

Tras la decisión de la juez, que rechazó así las mociones presentadas por las cuatro compañías para que se desestime la demanda, el caso continuará en un juicio con jurado que se iniciará en mayo y en el que se deberá determinar la compensación económica a los demandantes.

Este proceso judicial puede tener implicaciones en las demandas que han interpuesto decenas de cubano-estadounidenses en cortes de Estados Unidos en busca de indemnizaciones por sus bienes expropiados después del triunfo de la revolución.

Entre las propiedades objeto de las demandas hay puertos, aeropuertos y hoteles de cadenas europeas, principalmente españolas.

El expresidente Donald Trump activó la norma que ha permitido estos procesos legales y que sus antecesores —Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton— nunca quisieron por las implicaciones legales y comerciales con terceros países.

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