Agencias /InsurgentePress, Ciudad de México.- Durante dos gestiones priístas se repartieron las hectáreas, dos de ellas a la tienda comercial “Soriana”, que ahora enfrenta una investigación por la presentación de escrituras ilegales
Dos administraciones municipales priistas del municipio de de Veracruz se adjudicaron de manera ilegal terrenos propiedad del gobierno federal y los repartieron entre instituciones públicas, empresas privadas y cadenas comerciales.
Con el aval de notarios públicos y con firmas ilegales de supuestos representantes del gobierno federal, las administraciones municipales de los alcaldes Efrén López Meza (1988-1991) y Jon Rementeía Sempé (2008-2010) se apropiaron ilegalmente de 18 hectáreas federales en la colonia Pocitos y Rivera del puerto de Veracruz.
Durante esas dos gestiones priistas se repartieron las hectáreas, dos de ellas a la tienda comercial “Soriana” que ahora enfrenta una investigación por la presentación de escrituras ilegales y el usufructo de locales comerciales a otras empresas como a Coppel.
Cuando autoridades federales, entre ellas el Fideicomiso Fondo Nacional Ejidal (Fifonafe), indagaron sobre terrenos propiedad federal, detectaron dos escritos avalados por los Notarios Públicos 29, Alejandro Hernández Gallardo y el Notario 55, José Guillermo Herrera Mendoza, mediante los cuales escrituraron de manera ilegal al Municipio de Veracruz.
El terreno de 18 hectáreas, con un valor actual aproximado de 270 millones de pesos, formó parte de un Decreto de expropiación emitido en diciembre de 1975 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1976 por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.
Las hectáreas formaban parte de los bienes inmuebles de la Junta Federal de Mejoras, la cual fue extinguida por el gobierno federal en los años noventas, pero jamás se llevó a cabo la liquidación legal de todas sus propiedades.
El entonces alcalde priista, Efrén López Meza decidió extinguir de manera ilegal dicha Junta de Mejoras en Veracruz y para ello recibió el aval del Notario Público 29, Alejandro Hernández Gallardo, quien escrituró diez hectáreas sin la firma de representantes de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal.
La operación quedó registrada en el número de inscripción 3855, del volumen 97, de la sección I el 19 de mayo de 1993, según consta en los documentos en poder de EL UNIVERSAL.
De las 10 hectáreas, 7.8 fueron donadas a la Liga de Beisbol de Veracruz y donde actualmente se encuentra en esos terrenos el Complejo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Veracruz en 2014.
En el 2010, la administración del entonces alcalde, el también priista Jon Rementería Sempe, solicitó un apeo y deslinde notariado, es decir que al existir supuestamente dudas de la extensión del terreno municipal que se adjudicaron en los años noventas, requerían de una nueva medición del mismo.
Con el apoyo del mismo Notario Público 29, Alejandro Hernández Gallardo, la alcaldesa aumentó el número de hectáreas de 10 a 18 a favor del municipio al hacer una “rectificación de la superficie” que quedó asentada el 26 de agosto del 2010.
Y el once de noviembre del 2010, el Notario Público 55, José Guillermo Herrera Mendoza, ex funcionario de Fidel Herrera Beltrán y actual servidor público de Javier Duarte de Ochoa, avaló permutar a Tiendas Soriana SA de CV la propiedad y el pleno dominio de 22 mil 26 metros cuadrados (poco más de dos hectáreas) por un monto de cuatro millones 123 mil pesos.
Según los documentos del Libro Uno y la escritura pública número 63, a cambio, el Ayuntamiento de Veracruz se obligó a otorgar a Tiendas Soriana la licencia de uso de suelo comercial, de construcción y todos los permisos para la edificación, instalación y operación de un Centro Comercial y Tienda de Autoservicio.
De manera paralela, el alcalde donó otras fracciones de terrenos al Club Rotario y a Banco de Alimentos, además que vendió una parte a un constructor local.
Ante la presunta ilegalidad, ventas, permutas y rentas de terrenos que no tienen la legalidad de quienes se ostentan como propietarios, autoridades federales están a punto de iniciar juicios para reclamar la titularidad y de la situación.
