Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Gobierno de México demandó a fabricantes de armas ante un Tribunal de Boston, Massachusetts, para exigir una indemnización para víctimas producto de las prácticas negligentes que han facilitado el tráfico de esos productos de Estados Unidos a territorio mexicano.
En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que han presentado este miércoles la demanda ante un Tribunal de Estados Unidos.
El proceso jurídico, indicó la SRE, busca que las empresas asuman una responsabilidad para prevenir el uso ilegal y tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
Un día después del segundo aniversario (3 agosto 2019) del tiroteo en un Walmart en El Paso, Texas, que dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, Ebrard expuso en una ceremonia transmitida en línea que la demanda busca una compensación de empresas cuyo producto ha causado daños por prácticas ilícitas y negligentes a ciudadanos mexicanos.
“Se busca que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, comentó Ebrard.
Otro objetivo, dijo, es que los productores de armas apliquen estándares razonables para monitoreo y, en su caso, medidas de disciplina a sus distribuidores que participan en el tráfico de armas a México.
“Las empresas saben esto. Argumentan que cuando sus productos salen a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto que tienen la información precisa de quien compra armamento pesado”, afirmó Ebrard.
Señaló que además los productores desarrollan armamento para bandas del narcotráfico.
Hay armas, añadió, hechas para eso, para que las compren los narcotraficantes.
“Son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y de uso. Esto es parte de la demanda”, sostuvo.
La demanda, añadió, incluyó una exigencia para que fabricantes incorporen mecanismos de seguridad para prevenir que las armas sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia.
“Que paguen estudios y campañas en medios enfocadas para prevenir el tráfico ilícito de armas”, comentó.
Esta demanda, aclaró Ebrard, no sustituye otros esfuerzos que realiza el Gobierno federal para combatir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
“México debe hacer más y mejor para controlar su frontera, tenemos que pensar en otro tipo de supervisión en la frontera y en eso estamos”.
“Sin una demanda como esta y si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir viendo lo mismo, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro País”, enfatizó Ebrard.
El Gobierno de México confía en la calidad de los argumentos legales presentados ante la Corte, dijo, y confió que se ganará el litigio.
El Gobierno de México argumentó que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales han generado daño al país.
“El Presidente de la República nos ha dado la autorizacion para emprender este paso consciente que no tiene precedente que el Gobierno de México participe en un litigio de esa naturaleza”, agregó Ebrard.
El Gobierno de México buscaría una compensación por daños, que se estima en hasta 10 mil millones de dólares, aunque el monto sería determinado en el juicio emprendido ante el Tribunal de Boston, Massachusetts.
Los abogados responsables del caso Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE y Steve Shadowen del despacho Shadowen PLLC explicaron por separado que la demanda en materia civil ha sido presentada ante un tribunal de Boston, Massachusetts.
“Ellos no tienen ningún cuidado que uno esperaría que cualquier productor de cualquier otro producto tome las medidas de seguridad adecuadas”, explicó Shadowen.
Es un litigio estratégico, afirmó.
“Hemos analizado y visto que es lo que no se ha hecho y se debería hacer. Hemos decidido que lo que hace falta son los productores y distribuidores de armas. Ellos tienen información y datos en tiempo real de quiénes están comprando las armas.
“Ellos saben qué distribuidor dentro de su red son los problemáticos. El gobierno de México no conoce esta información, tampoco el de Estados Unidos. Consideraron que los gobiernos de Estados Unidos y de México están haciendo su trabajo para atender este problema, pero que los productores de armas no”, sostuvo.
De acuerdo a datos oficiales México registró 106,735 decesos por uso de armas de fuego y otras causas entre 1990 al 2000.
La cifra de víctimas fatales por uso de armas de fuego y otras causas creció a 198 mil 863 entre 2001 a 2020, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
