Agencias/Ciudad de México.- El Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI), antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ha incumplido la orden del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), emitida en 2019, para que todas las instituciones federales entreguen información sobre violaciones a los derechos humanos al Archivo General de la Nación.
Así lo denunció este 15 de agosto el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH), uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para la Verdad, creada por decreto presidencial en octubre de 2021.
“El MEH ha experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías”, acusó la Comisión Verdad y Justicia.
Concretamente, el MEH aseguró que, a 22 meses de su creación, no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del CNI, que consiste en “material crucial para la investigación de las violaciones cometidas” en el periodo conocido como ‘guerra sucia’.
De hecho, el único expediente del CNI, disponible para su consulta en el AGN, detalló el mecanismo, es el relativo al homicidio del periodista Manuel Buendía, ocurrido en 1984.
“Esta falta de acceso constituye el incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia”, aseveró el MEH.
Por esa razón, el mecanismo demandó el cumplimiento de cuatro puntos, a saber:
1. La garantía de transferencia total y de acceso de archivos y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN). “Exigimos el acceso, a la brevedad, a los depósitos en bóveda tanto del CNI como del AGN”.
2.El cumplimiento del acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019. “Esta instrucción ha sido incumplida parcial o totalmente por la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI”.
3.El cumplimiento por parte del CNI de lo previsto por la LGA sobre la transferencia de toda documentación al AGN que haya cumplido 30 años desde su fecha de producción, es decir, generada hasta 1993.
4.El cumplimiento del decreto presidencial del 6 de octubre de 2021 por el que se crea la COVEHJ (Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de violaciones graves a los Derechos Humanos).
Adicionalmente, el MEH presentó un informe técnico sobre los incumplimientos del CNI, en el que señala que conocer la información en cuestión es indispensable para entender qué ocurrió surante el periodo 1965-1990.
Igualmente, resalta que, además de los registros de las actividades del CISEN, el CNI también cuenta con documentación sobre la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN).
“La DFS, DGIPS, DGISEN y el CISEN estuvieron a cargo del monitoreo, investigación, vigilancia y combate de las actividades de individuos y colectividades señaladas como enemigos y opositores del Estado: líderes políticos, campesinos, sindicalistas, estudiantes, personas de ciudadanía extranjera, organizaciones religiosas, movimientos fascistas y de derecha, agrupaciones comunistas, anarquistas, asociaciones de clases medias, movimientos armados y un largo etcétera”, señala el informe.
“La importancia de los documentos de estas dependencias, también denominados ‘archivos de la represión’, consiste en que permiten conocer las lógicas de la violencia y las estrategias represivas empleadas por el Estado contra sus enemigos y opositores”, apunta.
La denuncia de la Comisión sucede unas semanas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigaba el caso Ayotzinapa— anunciara su decisión de salir del país latinoamericano, esto debido a la falta de disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y el CISEN sobre la presunta participación de elementos del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas.
Se conoce como guerra sucia a la persecución que desde el Estado mexicano, en tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las décadas de los 70 y 80, se perpetró contra movimientos disidentes, guerrillas y manifestantes que buscaban una transformación social en el país latinoamericano, que además se inscribe históricamente en el Plan Cóndor implementado en la región durante esos años.
