La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación penal por desacato de sentencias de amparo de los alcaldes y cabildos de Coacalco, Estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, respectivamente.
La revista Proceso difundió en su portal web que el pleno de la SCJN determinó la separación y consignación penal ante un juez de distrito del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Edomex al alcalde de Coacalco, Erwin Javier Castelán Enríquez; al tesorero Luis Manuel Solano Urbán, y a Nora Luz Chávez Hernández, síndico municipal.
Los 13 regidores del ayuntamiento también han sido destituidos y consignados penalmente.
La Corte también incluyó en la consignación al expresidente municipal David Sánchez Isidoro, su tesorero y síndico, así como a todos los regidores de esa administración municipal.
Todos han sido acusados de incumplir con una sentencia de amparo de 2013 en la que el ayuntamiento fue condenado por despido injustificado al pago de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones.
El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo que la destitución ‘no es una determinación optativa’ para el máximo tribunal.
“Es una obligación que la Constitución nos impone de sancionar y destituir a los funcionarios”, según el artículo 107 de la Carta Magna.
En el caso de Puebla, han sido separados de su cargo y consignados ante la justicia penal el presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Pablo Pérez Maceda; la síndico María Angélica Zárate Montero, y los ocho regidores del Ayuntamiento.
Los funcionarios municipales han sido acusados de incumplir un amparo en contra de una orden de ocupación y despojo de una fracción de un inmueble que se utilizó para la construcción de un deportivo en el municipio.
Debido a que el terreno ya no se podía restituir, ya que el deportivo estaba en uso por la comunidad, el Ayuntamiento fue condenado por un juez de distrito a pagar por el terreno 967 mil 397 pesos con 54 centavos.
La autoridad propuso pagar con un terreno del mismo valor, pero la parte quejosa rechazó esa oferta. El caso estaba pendiente hasta que los ministros se pronunciaron por la destitución y consignación penal.
