Agencias/InsurgentePress/ Buenos Aires.- El Presidente argentino Mauricio Macri sufrió un fuerte revés luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenó devolver a la provincia de San Luis 15 mil millones de pesos (unos 377 millones de dólares) de coparticipación, que debió haber sido saldado después de otro fallo de esa instancia a fines de 2015.
Asimismo, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo rechazó tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el mandatario, en los cuales cedía el espectro radioeléctrico del satélite Arsat, eliminaba la Secretaría de Deportes e imponía la llamada extinción de dominio para expropiar bienes por una serie de delitos graves sin que hubiera sentencia firme, y en el fuero civil no penal.
Se especula que la decisión que se tomó a favor de San Luis favorezca a corto plazo a la provincia de Santa Fe, a la que se le deben 45 mil millones de pesos para lo cual también el gobierno de Macri desconoció el fallo de fines de 2015.
“El fallo es un golpe para el gobierno nacional, en pleno ajuste. Es, además, un triunfo político para las provincias opositoras en el comienzo del año electoral”, advierte Página 12.
En cuanto a los DNU firmados por Macri y rechazado, la extinción de dominio -como la famosa ley del arrepentido- se transforma en una herramienta para usar no sólo contra la delincuencia sino para la persecución política, algo que se sugirió desde Washignton.
Esto significaba despojar no sólo a personas sino a partidos e instituciones ante cualquier armado de causas y por la sola decisión estatal, además de que en el DNU firmado por Macri la carga de la prueba se invierte y las personas debían demostrar la procedencia legal de esos bienes.
En el caso del Arsat, el decreto suspendía la construcción del tercer espectro radioeléctrico, para alquilar en siete millones de euros a Francia uno que es ya antiguo por menos de un año.
La eliminación de la Secretaría de Deportes se rechazó al considerar que significaba una degradación para todos los sectores del deporte.
Todo esto sucede en medio del escándalo por extorsión donde está señalado el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación sobre las famosas fotocopias de cuadernos inexistentes, que permitió al juez Claudio Bonadio armar una causa –entre otras siete- contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el macrimo quiere presa, aunque no haya pruebas.
Stornelli define quienes deben aparecer en la famosa causa de los cuadernos y ha sido denunciado junto con el juez, Bonadio por mandar a prisión preventiva para “ablandar” a todos aquellos que se niegan a repetir el discurso para acusar a la ex mandataria y sus ex funcionarios, y además liberan a los “colaboradores arrepentidos”, que suman una larga lista.
Acusado por un productor agropecuario de extorsionarlo mediante el abogado Marcelo D` Alessio, agente de inteligencia, además de la DEA detenido ahora, quien le pidió 300 mil dólares para evitar que supuestamente apareciera en la causa de las fotocopias lo que fue grabado por el denunciante, ahora un nuevo audio complicó aún más a Stornelli, quien ordenó borrar las actas de la declaración de Pablo Barreiro, ex secretario de Fernández de Kirchner en esta misma causa, después de que los hermanos Barreiro le pagaron 40 mil dólares de un total de 250 mil que solicitó por sus servicios.
En una de cal y otra de arena, la misma Corte Suprema benefició a Gustavo Arribas, uno de los mejores amigos de Macri y titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al desestimar el pedido para reabrir la causa en la que fue involucrado por transferencias ilícitas de dinero desde el exterior por parte de la firma Odebrecht. A pesar de la declaración del principal informante, el brasileño Leonardo Meirelles, que denunció las trasferencias por 850 mil dólares que habría cobrado Arribas, dando datos y pruebas, la Corte cerró el caso Arribas.
No hay juez que haya podido juzgar libremente la corrupción de integrantes del gobierno de Cambiemos, como es el caso incluso de las cuentas en paraísos fiscales del presidente y su familia descubiertas en los llamados Papeles de Panamá en 2016, por lo cual varios juristas advierten sobre la “desaparición del estado de derecho en el país.
