Agencias/Ciudad de México.- Acusados de “terroristas” por las autoridades, los ‘comanditos’ organizados por la líder opositora María Corina Machado para “la defensa del voto” en las presidenciales de Venezuela han pasado a la clandestinidad tras denunciar un fraude.
La asociación de ONG Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento afirmó que los titulares de la Fiscalía General, Contraloría y Defensoría del Pueblo “deberán ser investigados” por “su responsabilidad” en las “violaciones de derechos humanos” y “los delitos contra la humanidad ocurridos bajo su gestión”.
Los ‘comanditos’ son grupos de voluntarios que la oposición creó durante la campaña electoral en los barrios, con el objetivo de movilizar votantes en los comicios del 28 de julio y resguardar las actas electorales que se entregan a testigos de los partidos políticos.
Sus miembros se encargaban de tareas logísticas como trasladar a ciudadanos a los centros de sufragio o llevar comida a los testigos durante la jornada.
Tras las protestas por la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer período consecutivo (2025-2031), que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos, el propio presidente los calificó de “delincuentes”, al vincularlos con actos de violencia y un intento de “golpe de Estado”.
Temeroso de ser acusado de terrorismo, lo que puede llevar a la pena máxima de 30 años de prisión en Venezuela, José, miembro de los ‘comanditos’, dejó la actividad política pública luego de que militares le apuntaran con sus armas y desconocidos lo amenazaran en la calle.
Oculta su verdadero nombre ante una “ola de persecución” contra integrantes de estas casi 70.000 redes comunitarias.
La oposición asegura que gracias a los ‘comanditos’ reunió 80% de las actas de votación, que divulgó en una página web, con las que reclama una victoria del candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España tras una orden de arresto en su contra. Maduro insinuó que Machado también dejó el país, un escenario que la dirigente negó en una entrevista televisiva.
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La autoridad electoral, que dio ganador al gobernante socialista, no ha publicado un escrutinio detallado, como obliga la ley.
José relata que seis motociclistas le rodearon una madrugada cuando salía del centro de votación en un sector popular de Caracas en el que ofició de “observador” de la oposición.
“Me dijeron: ‘tú te la tiras de arrechito (valiente). Te vimos saliendo del centro de votación”, comenta a la AFP este hombre de 61 años.
Evitó confrontarlos, pues llevaba tres actas impresas por las máquinas del sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y debía escanearlas para enviarlas al comando de campaña de Machado, que las digitalizó para luego subirlas a internet.
José entregó las actas el 31 de julio, día en el que Machado llamó a protestar en la sede de la ONU en Caracas con esos documentos en mano. La propia dirigente recibió de manera directa muchas papeletas.
El hombre cuenta que, al término de la concentración, un grupo de militares detuvo a varios manifestantes. Dos uniformados lo abordaron y le apuntaron directamente con sus armas de bombas lacrimógenas, sin mediar palabra, aunque al final lo dejaron ir.
“Ahí fue donde dije: ‘no, yo tengo que irme”, expresa.
Sus temores crecieron cuando Maduro llamó a ciudadanos a delatar a quienes vieran haciendo “guarimbas” (protestas violentas). Estuvo escondido por dos semanas.
Ahora, José evita hablar en público de política y se reúne de forma virtual. “Tengo todavía temor”, lamenta.
El gobierno afirma que la oposición “forjó” las actas que aparecen en el sitio web. José lo niega: “Yo las marqué, sé cómo las marqué y así aparecen en la página”.
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Los ‘comanditos’ fueron claves durante la campaña opositora y el día de la votación.
“Mi comandito apoyó en logística de comida, tanto para los testigos de la oposición como del oficialismo”, dijo una activista de 86 años que pidió el anonimato por temor a represalias.
Otra, que también solicitó resguardar su identidad, relata que después de que comenzaron las detenciones masivas, incluso en el lugar de residencia de los arrestados, lo que hace es ir de “su casa al trabajo y del trabajo a la casa”.
“No he querido salir porque siento que nos persiguen, nos vigilan, y mis hijos me piden no seguir, que me cuide, que ya no se puede hacer más nada”, declaró esta mujer.
Algunos integrantes de los ‘comanditos’ huyeron del país, según varios consultados por la AFP. A otros les anularon el pasaporte.
Aunque las protestas han mermado, Machado asegura que algunos ‘comanditos’ se reagrupan y promete que González Urrutia volverá a Venezuela para tomar posesión el 10 de enero, como corresponde.
“Yo sé que vamos a lograrlo”, dice, convencido, José.
A través de un comunicado, la agrupación aseguró que la gestión del fiscal general, Tarek William Saab, ha “sido distinguida” por las “violaciones al debido proceso” tanto de los detenidos por “delitos comunes” como de “los presos políticos”.
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Asimismo, señaló “la absoluta ausencia de independencia respecto al poder Ejecutivo y el uso de recursos públicos con fines personales” en la gestión de Saab, quien fue recientemente ratificado como fiscal y está en el cargo desde 2017.
La asociación recordó que, según concluyó la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela en 2021, fiscales desempeñaron “un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias, omitiendo actuar como contrapeso de otras autoridades del Estado”, mientras que la Fiscalía “se abstuvo de actuar cuando presenció, o tuvo conocimientos, de actos de tortura contra los detenidos”.
En el caso del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, Movimiento manifestó que su gestión “ha transcurrido en la peor etapa para los derechos humanos en Venezuela” y se ha caracterizado por “omisiones” y “silencio”, sin “ningún tipo de independencia respecto a otros poderes, especialmente de las actuaciones del Ministerio Público (Fiscalía)”.
“A pesar que por ley preside la Comisión Nacional Contra la Tortura, no se conoce que se haya iniciado investigación por alguna de las denuncias de tortura presentadas en esa institución o por denuncia pública, pues la ley le faculta para actuar por iniciativa propia”, aseguraron las organizaciones.
Ruiz, titular de la Defensoría desde 2017, fue recientemente ratificado en su cargo, lo que para la coalición “es inconstitucional”, pues recordó que la Constitución establece que las designaciones para ese puesto se realizarán “por un único período de siete años”.
Por su parte, Gustavo Vizcaíno, nombrado nuevo contralor general, fue director del Servicios Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), institución que, según las ONG, “ha anulado” pasaportes de “más de un centenar de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales”.
Las ONG destacaron que tras las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el ente electoral otorgó la victoria al presidente Nicolás Maduro -que la mayor coalición opositora considera fraudulenta-, “estas violaciones no sólo se han mantenido, sino que se han agravado en su naturaleza y magnitud”.
https://twitter.com/ADemocratica/status/1853459671081701868
