Redacción InsurgentePress/Foto-Cuartoscuro/Ciudad de México.- El Juez Juan Carlos Ramírez ratificó ayer el auto de formal prisión tras considerar inviable la petición de proceso domiciliario que promovió la defensa de Javier Duarte ex Gobernador de Veracruz.
Ramírez consideró que existen elementos jurídicos sólidos para mantener a Duarte en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Los abogados de Duarte promovieron una serie de recursos en los que solicitaron la libertad provisional o la prisión domiciliaria para el ex Gobernador.
Durante una audiencia los abogados presentaron sus alegados en un intento por modificar la medida cautelar que condenó a Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa a nueve años de prisión.
Según la parte defensora la sentencia sujeta a revisión en un Tribual Colegiado no está firme. Los abogados argumentaron ayer durante siete horas—12:00 a 17:00— sin lograr convencer al Juez Ramírez.
El Juez Ramírez desechó los argumentos para luego ratificar la sentencia debido a que existen elementos suficientes para creer que Duarte podría intentar una fuga.
El Juez consideró que el exgobernador cuenta con los medios económicos o materiales que acreditan tal riesgo.
Y como prueba citó un contrato de arrendamiento de 25 mil pesos mensuales suscrito por Duarte para ocupar un departamento en la Ciudad de México.
Los abogados presentaron ese contrato como garantía de que Duarte tenía domicilio en la capital y no intentaría una fugar.
Paralelamente, el Juez Ramírez señaló que Duarte el propio Duarte realizó con el Gobierno federal para concretar una entrega voluntaria tras ser ubicado en Guatemala en abril de 2017.
La oferta, de acuerdo al Juez quedó registrada en una grabación que difundió el propio Duarte para garantizar su entrega y regreso a México a cambio de exonerar su familia.
Esos elementos, añadió el Juez, han sido claves para ratificar a Duarte la permanencia en prisión.
La defensa alegó que Duarte viajó a Guatemala a petición del entonces Gobierno federal, no por una genuina intención de escapar de las autoridades.
El Juez Ramírez respondió que de existir ese pacto, habría sido ilegal, por tanto dejó de ser un argumento de prueba de descargo válido.
