Especial
Ciudad de México, 25 diciembre 2018.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplica un fórceps migratorio al tratar de imponerle a México la condición de Tercer Estado Seguro para sacarse el grave problema que tiene con los centroamericanos en su frontera sur.
México no ha aceptado tal condición y ni siquiera la ha discutido con su vecino debido a las responsabilidades legales que implica una acción de ese tipo que, según el derecho internacional, debe ser resultado de un acuerdo más allá de la relación bilateral.
Trump sabe el compromiso asumido por el nuevo gobierno mexicano que está cambiando su política migratoria para garantizar un trato justo y de respeto a los derechos humanos de quienes ingresan a su territorio para solicitar asilo o visa de trabajo, y en cuyo centro está la decisión política de no deportar o repatriar a nadie, excepto si hay una solicitud voluntaria al respecto.
Proclamar unilateralmente que México es un Tercer Estado Seguro no solamente viola el derecho internacional y altera la relación binacional, sino que en los hechos puede convertirse en una irresponsable provocación al crear incertidumbre entre los solicitantes de asilo que esperan en México por trámites que demoran meses debido al engorro burocrático y la poca voluntad política de solucionarlos.
Esa situación puede conducir a acciones desesperadas de los migrantes para ingresar de cualquier forma a territorio estadounidense antes de que la decisión de Trump de regresarlos forzosamente a México tome forma jurídica.
Como hace muy a menudo, Trump ni siquiera se molestó en dar detalles a México de su nueva acción contra los migrantes, ni esperar una respuesta mexicana.
Su objetivo, por encima de todo, es impedir que los centroamericanos permanezcan en Estados Unidos mientras se procesan sus peticiones, y pasarían esa carga al Estado vecino.
Es lógico que México rechazara la decisión unilateral de la Casa Blanca pues, como reiterara en varias oportunidades el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ello implicaría que todo el trámite de asilo se haría en este país, para lo cual sería necesario la firma de un tratado al respecto, y eso no lo va a hacer el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por otra parte, está de por medio el propio proceso consular que debe implementar Estados Unidos para atender las miles de solicitudes de los centroamericanos. Basta citar como ejemplo, el definir dónde se llevarán las audiencias de inmigración, establecer las vías para que les lleguen a las autoridades las solicitudes de asilo, la comunicación con los abogados y sus pagos y, sobre todo, cómo serán devueltos a México.
Nada de ello aclaró Estados Unidos a México; es decir, el trasiego de migrantes de un lado a otro de la frontera y los tiempos reales, movilización de personal empleado al respecto, y los gastos generales que ello implicaría, al margen del incremento de los intentos de pasar la frontera sin autorización legal.
Sin una anuencia de México fijada en la firma de un tratado que por ahora no parece posible, Trump tendría, además, que sortear el bloqueo a su política migratoria de la Corte Suprema al no permitirle aplicar una política que negaría el asilo a cualquiera que entre en Estados Unidos de manera ilegal por la frontera con México.
En consecuencia, según Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, los elementos de la implementación podrían ser impugnados en los tribunales conforme se vayan conociendo.
Ello explica por qué México acaba de anunciar que pedirá más información al Gobierno de Trump sobre sus planes con los centroamericanos ‘congelados’ en la frontera, como él los calificó.
El asunto radica en que México tendrá que definir si las personas que hoy están en su territorio y tienen una entrevista en Estados Unidos, si ese país las devuelve en lo que atienden su cita y cómo y bajo qué condiciones lo haría.
Otra cuestión es resolver si acepta o deporta a esos ciudadanos que, además, no serán deportados y cuyos derechos humanos serán respetados.
Esa posición, según el canciller Ebrard, está en consonancia con el Pacto por una migración regulada, ordenada y segura planteada en Marrakech, Marruecos, y refrendada por Naciones Unidas la semana pasada. ( Luis Manuel Arce Isaac/PL).
