El Mundo al Revés/Por Ernesto Villanueva/Ciudad de México.- El viernes pasado desglosé el tema en: https://www.contrareplica.mx/nota-Corrupcion-en-Conacyt-La-punta-del-Iceberg-201941040. En esa oportunidad abundo los datos que ofrecen inferencias razonables de los posibles delitos que podría haber incurrido la polémica Julia Tagüeña: uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, así como daño patrimonial al Estado, entre otros delitos que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial Anticorrupción que dirige la distinguida jurista y experta en el tema María de la Luz Mijangos Boja, podría en su caso fincarle responsabilidad.
La naturaleza humana tiene sus límites generalmente muy reducidos y más en quienes se dedican a la política. Nadie – así como lo oye- va a decidir perder la tranquilidad, posiblemente la libertad y su patrimonio por más afinidad con la forma de entender la vida de Julia Tagüeña Parga. Y es que el caso tiene muchas aristas para que proceda el hipotético proceso penal.
La actual coordinadora del citado Foro se desempeñó como Directora Adjunta de Desarrollo Científico del periodo de abril del 2013 a noviembre del 2018.
¡Participó nada más y nada menos en los procesos de autorización con su firma autógrafa de 3, 306 proyectos por un monto total de 8 mil,772 millones, 340 mil, 107, pesos con 23 centavos!. A diferencia de Rosario Robles que ha sido inculpada por elementos e indicios razonables, quien está privada de la libertad, Tagüeña no tuvo empacho en firmar esos proyectos que es previsible pensar- como fue el sello distintivo del Conacyt en los gobiernos anteriores- que una parte, mayor o menor, no se hayan ajustado puntualmente al marco legal aplicable.
De ese universo hay ya debidamente verificados 7 autorizaciones al Foro Consultivo por un total de ¡225 millones, 300 mil pesos! De esa cantidad 104 millones de pesos fueron financiados con cargo al Fondo Institucional del Conacyt que expresamente tiene prohibido como objetivo financiar organismos del sector privado. Y no sólo eso, tampoco el Fondo referido, así como el Programa Presupuestario F002 admiten, como es lógico en un beneficiario que se supone se dedica en cuerpo y alma a la ciencia y tecnología del país, el pago de nóminas personales, celulares, servicios personales, pago de telefonía celular, gasolina y hasta pago de impuestos, como lo autorizó la propia Tagueña con esa certeza que da la seguridad de que la impunidad y la corrupción siempre ganan la partida. Hoy todo apunta a que no es el caso.
De igual modo, resulta que hizo asignaciones directas por ¡500 millones, 966 mil, 746 mil con 45 pesos! donde la probabilidad de ilegalidad es más alta, pero tampoco los 3, 089 proyectos asignados por convocatoria que se encuentran en un acucioso trabajo de auditoría jurídica por un total de 8 mil 271 millones, 373 mil, 360 pesos con 78 centavos significan, en modo alguno, que se hayan ajustado a la letra y al espíritu de las disposiciones normativas vigentes.
Cabe señalar que para que se configure el daño patrimonial se requiere que los recursos desviados se hayan hecho de manera ilícita. Es un elemento primordial del tipo penal. Es tan amplio el universo que resultaría sorpresivo que todo se haya hecho sin falta alguna. Lo lógico es que busque coadyuvar con la Fiscalía para obtener beneficios de un posible proceso penal en donde, seguramente ya lo habrá consultado con sus abogados, el resultado sería de pronóstico reservado con un desgaste personal y económico imprevisible para ella.
