Agencias/Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos inició una revisión en torno a las organizaciones que proporcionan alojamiento temporal y otros tipos de ayuda a los migrantes, y sugirió que podrían haber violado una ley utilizada para procesar a los traficantes de personas.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene “preocupaciones significativas” de que las subvenciones federales utilizadas para abordar el aumento de la migración durante el mandato del expresidente Joe Biden se hayan destinado a actividades ilegales, escribió Cameron Hamilton, administrador interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
En su carta Hamilton pide a los beneficiarios de las subvenciones del Programa de Refugio y Servicios de la FEMA que proporcionen nombres e información de contacto de los migrantes atendidos, así como “una lista detallada y descriptiva de los servicios específicos proporcionados” en un plazo de 30 días. En la carta se indica que la financiación se suspenderá durante la revisión.
Aunque no amenaza explícitamente con un procesamiento penal, plantea preocupaciones de que los beneficiarios puedan haber violado la Sección 1324 del Código Penal de Estados Unidos, un delito grave relacionado con el transporte ilegal de personas a través de la frontera o su traslado dentro de Estados Unidos. También indica que los directores ejecutivos deben firmar declaraciones juradas en las que afirmen no tener conocimiento ni sospechas de que algún miembro de sus organizaciones haya violado la ley contra el tráfico de personas.
Por otra parte, fiscales federales entregaron citaciones a refugios para personas sin hogar en la ciudad de Nueva York que han sido utilizados para albergar migrantes, parcialmente con fondos de la FEMA.
En las citaciones enviadas al Hotel Roosevelt y al Hotel Stewart en el centro de Manhattan se solicitan los nombres, fechas de nacimiento y otros datos personales de los migrantes que se alojaban en los refugios, según dos personas familiarizadas con el asunto, quienes pidieron el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar del proceso jurídico.
Se entregó una citación similar a un edificio que alguna vez albergó el Hotel Chandler, que fue convertido en refugio para personas sin hogar hace años, pero que no alberga principalmente migrantes. Funcionarios locales especularon que el documento podría haberse enviado por error. El edificio Candler, que tiene un nombre similar, es una torre de oficinas cerca de Times Square que actualmente sirve como refugio para migrantes.
Un portavoz de la fiscalía federal de Manhattan y del Departamento de Justicia en Washington se negó a comentar.
La demanda parece ser un nuevo ataque contra las organizaciones que proporcionan alimentos, alojamiento y ayuda para viajes a las personas que cruzan la frontera. Los migrantes a menudo llegan exhaustos, con poco dinero y sin saber cómo transitar por su cuenta a través de estaciones de autobuses y aeropuertos.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que se enfrentó al gobierno de Biden en relación con las políticas de inmigración y está estrechamente alineado con la Casa Blanca de Trump, tomó un enfoque similar contra los grupos de ayuda a migrantes, pero fue bloqueado en los tribunales. Su gobierno pagó para transportar en autobús a miles de migrantes de Texas a la ciudad de Nueva York, que está obligada por ley a proporcionar refugio a cualquier persona que lo necesite.
La ciudad de Nueva York arrendó el vacío Hotel Roosevelt, que cerró tras la pandemia de COVID-19, para que sirviera como el principal centro de arribo para los recién llegados. El mes pasado, la FEMA recuperó abruptamente más de 80 millones de dólares en subvenciones que habían sido otorgadas a la ciudad de Nueva York durante el gobierno de Biden después de que Elon Musk cuestionó la legalidad de los pagos. La ciudad recurrió a los tribunales para buscar la devolución del dinero.
En tanto, el alcalde neoyorquino, Eric Adams, dijo que su gobierno no ha sido informado sobre la investigación.
“No nos dicen nada. No tenemos la autoridad para entrar en sus revisiones sobre inmigración”, comentó en un evento no relacionado.
Sin embargo, el demócrata defendió al personal que trabaja en los albergues para migrantes.
“Los trabajadores nunca deberían quedar atrapados en esta política”, dijo Adams. “Por ellos siento una profunda simpatía”.
Adams anunció el mes pasado que el refugio en el Hotel Roosevelt dejaría de funcionar en junio. La ciudad alberga actualmente a más de 42.700 migrantes en 180 sitios, una disminución con respecto a los casi 70,000 que había en enero pasado. Los portavoces del gobierno de Adams se negaron a comentar sobre las citaciones, y alegaron que la investigación está en curso.
En el año fiscal 2024, el Programa de Refugio y Servicios de la FEMA otorgó 641 millones de dólares a docenas de gobiernos estatales y locales y organizaciones de todo el país para ayudarles a lidiar con las grandes cantidades de migrantes que cruzaron la frontera desde México. Entre ellas están las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Chicago y Denver, así como United Way de Miami, el Banco de Alimentos de San Antonio y varias filiales de Catholic Charities.
El gobierno de Adams confirmó que había recibido la carta de la FEMA y que la estaba revisando.
El gobierno de Trump ha criticado ferozmente a los estados, condados y ciudades que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. El mes pasado, demandó a Chicago por leyes que, según dijo, obstaculizaban la aplicación de la ley federal.
Con las puertas cerradas en EEUU, solicitantes de asilo optan por quedarse en México
Cuando Angélica Delgado tomó un vuelo de ida a México mientras huía de Cuba en diciembre, tenía la intención de solicitar asilo en Estados Unidos.
Pero después de que Donald Trump juramentó el mes pasado y cerró la puerta a los solicitantes de asilo que cruzaban la frontera de Estados Unidos, la joven de 23 años recalibró sus planes. Decidió que buscaría protección en México.
“Como casi todos los cubanos, el objetivo era llegar a Estados Unidos… No estaba en los planes quedarse, pero ya es afrontar lo que nos tocó”, dijo.
En medio de una represión al asilo con Trump y el endurecimiento de las restricciones en los últimos años bajo la administración de Joe Biden, Delgado se encuentra entre un número creciente de migrantes de todo el mundo que han abandonado —o al menos pausado— sus ambiciones de llegar a Estados Unidos, y se enfocan en construir una vida en México.
Los migrantes que intentaron solicitar asilo en México en enero casi se cuadruplicaron en comparación con el promedio mensual del año anterior, según un funcionario internacional con conocimiento de los números que no estaba autorizado a informar públicamente. La agencia de refugiados de México aún no ha publicado cifras para enero.
“Todas estas políticas que está impulsando el presidente Trump, pues están llevando a que llegue más personas a buscar protección internacional en México”, afirmó Andrés Ramírez, exdirector de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que procesa casos de asilo.
Delgado estaba entre cientos de migrantes de Cuba, Venezuela, Haití, Afganistán y otros países congregados fuera de la agencia de refugiados en la Ciudad de México después de que Trump emitió órdenes ejecutivas el mes pasado destinadas a reducir el acceso al asilo y militarizar la frontera.
The Associated Press habló con una media docena de personas que tenían citas para asilo en Estados Unidos a través de la aplicación de la era Biden, CBP One, que Trump canceló el día de su juramentación. Se quedaron varados en el lado mexicano de la frontera, con sus sueños de un camino legal hacia Estados Unidos apagados.
Muchos más dijeron que ahora tenían la intención de solicitar asilo en México, citando restricciones cada vez más severas en los últimos años en Estados Unidos o lo que ellos consideraban un sentimiento antiinmigrante allí.
“Ya es el sueño mexicano”, dijo un mexicano que ayudaba a amigos haitianos a conseguir una cita este mes para solicitar asilo en México tras las órdenes ejecutivas de Trump.
Delgado, su pareja y muchos otros habían puesto sus esperanzas en los caminos abiertos por la administración de Biden para buscar legalmente asilo en Estados Unidos. Dijo que no tenían intención de contratar a un traficante para entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Afirmaron que los riesgos de regresar a Cuba eran demasiado grandes tras una represión gubernamental a las protestas en los últimos años.
“Cruzar ilegalmente no es un opción para nosotros. Preferimos quedarnos acá”, dijo la migrante cubana. “Tenemos miedo, si nos cogen, nos deportan. Si cruzamos de manera ilegal y nos agarra el gobierno nos mandan para Cuba”.
Delgado, que es arquitecta, y su pareja, un médico, no pueden trabajar en sus ramos en México porque su formación en Cuba no es reconocida aquí, dijo. Así que por ahora está lavando platos en un mercado.
México ha abierto sus puertas a refugiados y exiliados durante mucho tiempo, pero las solicitudes de asilo han aumentado en los últimos años, pasando de 1,295 en 2013 a un récord de 140,982 en 2023.
Ese número disminuyó a 78.975 en 2024, ya que la aplicación CBP One permitió a los migrantes en el sur de México solicitar citas para ingresar a Estados Unidos antes de dirigirse a la frontera norte.
El aumento en las peticiones de asilo en México puede no resultar en un aumento inmediato de refugiados allí, ya que solo se pueden procesar un par de cientos de solicitudes cada día, lo que alimenta las críticas sobre la capacidad de México para hacer frente a la creciente demanda de asilo.
En medio de las críticas sobre el retraso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aumentado drásticamente la financiación para las agencias mexicanas que manejan la migración y el asilo.
El solicitante de asilo venezolano Harry Luzardo, de 37 años, dijo que la vida en México es una mejora después de luchar durante años para sobrevivir en Ecuador y Chile.
Ecuador, Chile, Perú y Colombia fueron una vez el epicentro del éxodo de 8 millones de personas de Venezuela que huyeron de crisis económicas y políticas en espiral.
Pero con poca ayuda internacional y su propia serie de crisis económicas y de seguridad, Chile fue uno de los países que comenzó a cerrar sus puertas a los migrantes.
“En Chile no recibes este tipo de apoyo”, dijo Luzardo, esperando pacientemente en la fila a principios de este mes para hacer una solicitud de asilo en Ciudad de México. “En Chile no hay nada para migrantes”.
Luzardo dejó Venezuela hace cuatro años, pero al no poder obtener un estatus legal para quedarse y trabajar en Chile, decidió probar suerte reuniéndose con su familia en Estados Unidos.
Ahora, con esa puerta cerrada, México es su plan B.
“Me siento bien aquí por ahora”, dijo. Aún así, admitió que preferiría estar en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia también presentó una declaración en la demanda diciendo que algunas personas que “no estaban en territorio de Estados Unidos” en el momento de la orden habían sido deportadas y que, si su apelación no tenía éxito, no utilizaría la proclamación de Trump como base para más deportaciones.
La orden de Boasberg solo tiene vigencia de 14 días mientras él supervisa el litigio sobre el uso sin precedentes de la ley por parte de Trump, que probablemente planteará nuevas cuestiones constitucionales que solo podrán ser decididas en última instancia por la Corte Suprema. El juez había programado una audiencia para más argumentos, pero las dos organizaciones que presentaron la demanda inicial, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, le instaron a obligar a la administración a explicar en una declaración bajo juramento lo que sucedió.
Algunos estados de EEUU quieren cambiar sus fronteras
El presidente Donald Trump está teniendo ideas inusuales como readquirir el Canal de Panamá o apoderarse de Groenlandia, pero no está solo: algunos residentes rurales de Illinois y Oregon están promoviendo un cambio geopolítico propio: quieren separarse de sus estados y, quizás, unirse a Indiana e Idaho.
Los defensores afirman que tienen más en común con sus hermanos rurales al otro lado de las fronteras estatales que con los urbanitas de Chicago y Portland, Oregon. Y sostienen que las ciudades lideradas por demócratas tienen tanto poder en el gobierno estatal que las voces rurales y republicanas quedan ahogadas.
En los últimos cinco años, se ha preguntado a los votantes en 33 condados de Illinois si desean considerar separarse del condado Cook de Chicago para formar un nuevo estado. En cada ocasión, la mayoría respondió afirmativamente.
Algunos políticos en el vecino Indiana parecen estar a favor de la idea. La Cámara de Representantes del estado avanzó recientemente una legislación que daría la bienvenida a los condados de Illinois en el seno de Indiana. Tal acuerdo marcaría el primer realineamiento importante de estados desde que Virginia Occidental se separó de Virginia para permanecer en la Unión durante la Guerra Civil. A pesar del apoyo local, hay obstáculos importantes para reorganizar las fronteras estatales dentro de los Estados Unidos. Para empezar, los estados que cederían condados tendrían que estar de acuerdo, lo cual es poco probable. El Congreso también tendría que aprobarlo.
Las fronteras estatales han cambiado al menos 50 veces a lo largo de la historia de los Estados Unidos, según el Centro Nacional para Compacts Interestatales del Consejo de Gobiernos Estatales. Muchos cambios han sido relativamente menores, relacionados con ríos que cambian de curso o la fijación de marcadores de tierras.
Pero los organizadores en Illinois y Oregon esperan capitalizar el actual ambiente político.
“Con esta polarización”, indicó G.H. Merritt, presidente del grupo pro-separación Nueva Illinois. “No sé, podría llegar a un punto de inflexión”.
Al menos tres organizaciones están presionando por alguna reconfiguración de los condados de Illinois para separarse de Chicago y sus suburbios más cercanos.
El condado Cook contiene aproximadamente el 40% de la población del estado, incluyendo la mayoría de los residentes negros, asiáticos e hispanos, y es conocido por sus tesoros culturales, su profunda deuda de pensiones y su historia de crimen. Los demócratas dominan los distritos legislativos del área de Chicago, mientras que los republicanos representan la mayoría de las otras partes del estado.
Para Merritt, el problema es que desde que la Corte Suprema dictó en 1964 que todos los escaños legislativos deberían asignarse en función de la población en lugar de los condados, Chicago ha tenido todo el poder político.
“Lo que experimentamos en Illinois es muy similar a lo que los fundadores en tiempos coloniales estaban denunciando”, señaló. “Tenemos impuestos sin representación”.
Las medidas aprobadas por referéndums permitirían a los funcionarios de cada condado trabajar con aquellos de otros condados para formar un nuevo estado. Pero las propuestas no llegan a declarar la independencia.
Los legisladores de Indiana respondieron a esos votos avanzando un proyecto de ley que podría iniciar conversaciones a nivel estatal.
“En lugar de separarnos, creemos que tenemos algo que ofrecer aquí”, sostuvo Todd Huston, presidente de la Cámara de Indiana, un republicano que patrocinó la medida, en una entrevista. Señaló que su estado tiene impuestos más bajos y un crecimiento económico más alto que Illinois.
Pero Illinois no será receptivo: a principios de este año, el gobernador J.B. Pritzker, un demócrata, calificó la legislación de Indiana como “un truco” que nunca llegaría a nada.
¿Qué está sucediendo en Oregon?
Durante varios años, los residentes en el este rural y con inclinaciones republicanas de Oregon han estado sentando las bases para separarse de los condados dominados por demócratas en el lado occidental de las Montañas Cascade. Su objetivo es unirse a Idaho, que es un estado confiablemente republicano.
El movimiento Greater Idaho ha ganado elecciones no vinculantes en 13 condados. Los partidarios han estado realizando asambleas comunitarias, vendiendo gorras y camisetas, y erigiendo carteles con mensajes como “Liberen el Este de Oregon”.
La Cámara de Idaho aprobó una medida hace dos años invitando a Oregon a entrar en discusiones. Pero medidas similares permanecen enterradas en comités en la legislatura, con escasas perspectivas.
“En este momento, el estado de Oregon nos tiene cautivos”, sostuvo Matt McCaw, director ejecutivo de Greater Idaho.
Ha pasado más de 150 años desde que condados enteros han cambiado de estado. Después de que Virginia se separó de los Estados Unidos en 1861, los leales a la unión formaron el nuevo estado de Virginia Occidental. El destino de dos condados permaneció en disputa hasta que la Corte Suprema dictó en 1871 que pertenecían a Virginia Occidental.
Desde entonces, ha habido numerosos intentos fallidos de realineamiento. El escritor Norman Mailer se postuló para alcalde de Nueva York en 1969, pidiendo que la ciudad se convirtiera en el 51º estado; cinco condados del sur de Nueva Jersey votaron para separarse en 1980; y California ha resistido varias propuestas para dividir el estado. A principios de este año, un legislador de Iowa propuso comprar nueve condados del sur de Minnesota.
El geógrafo Garrett Dash Nelson una vez propuso redibujar todas las fronteras estatales para organizarlas en torno a áreas metropolitanas. Pero reconoce los desafíos.
“No veo muchas evidencias de que haya una gran voluntad política o interés en redibujar las fronteras estatales”, explicó Nelson, presidente y curador principal del Centro de Mapas y Educación Leventhal en la Biblioteca Pública de Boston. “Sería un esfuerzo enorme”.
Un artículo ampliamente circulado en Axios dijo que la administración decidió “desafiar” la orden y citó a funcionarios anónimos que afirmaron haber concluido que no se extendía a aviones fuera del espacio aéreo de Estados Unidos. Eso provocó una rápida negación por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo en un comunicado que “la administración no ‘se negó a cumplir’ con una orden judicial”.
Leavitt también declaró que la administración creía que la orden no era “legal” y que estaba siendo apelada. La administración argumenta que un juez federal no tiene la autoridad para decirle al presidente si puede determinar que el país está siendo invadido bajo la ley, o cómo defenderlo.
EEUU deporta a cientos de migrantes pese a orden de un juez para suspender las expulsiones
El gobierno del presidente Donald Trump envió a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, indicaron funcionarios. Los vuelos estaban en el aire al momento de la decisión judicial.
El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden bloqueando las deportaciones, pero los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron y no incluyó la directiva en su orden escrita.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió en un comunicado a las especulaciones sobre si el gobierno desafiaba las órdenes judiciales: “El gobierno no ‘se negó a cumplir’ con una orden de la corte. La orden, que no tenía un fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas del TdA ya habían sido retirados del territorio de Estados Unidos”.
El acrónimo se refiere a la pandilla Tren de Aragua, a la que Trump apuntó en su inusual proclamación publicada por la noche.
En un documento judicial presentado por el Departamento de Justicia, que ha apelado la decisión de Boasberg, dijo que no utilizaría la proclama de Trump cuya implementación bloqueó para llevar a cabo más deportaciones si no se revoca su decisión.
Durante su conversación con reporteros a bordo del avión presidencial, Trump eludió una pregunta sobre si su gobierno había violado la orden del juez.
“No lo sé. Tendrían que preguntarle a los abogados”, subrayó, aunque defendió las deportaciones. “Lo que sí les puedo decir es que estas eran malas personas”.
Al preguntarle sobre invocar poderes presidenciales utilizados para tiempos de guerra, el mandatario respondió: “Son tiempos de guerra”, calificando la llegada de migrantes criminales como “una invasión”.
Los aliados de Trump estaban felices con los resultados.
“Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribió en inglés el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado del presidente Donald Trump que acordó albergar a unos 300 migrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares en las prisiones de su país, en la red social X, sobre un artículo relacionado con la decisión de Boasberg. Esa publicación fue compartida nuevamente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien negoció un acuerdo anterior con Bukele para albergar a migrantes, publicó en la misma red: “Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también le ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.
Steve Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, dijo que la orden verbal de Boasberg de hacer regresar los aviones no era técnicamente parte de su orden final, pero que el gobierno Trump claramente violó su “espíritu”.
“Esto simplemente hará que los tribunales a partir de ahora sean sumamente específicos en sus instrucciones a fin de no darle margen de error al gobierno”, explicó Vladeck.
Los migrantes fueron deportados tras la proclamación de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ha utilizada únicamente tres veces en la historia de Estados Unidos.
La ley, invocada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes penales o de inmigración. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
En un comunicado el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la proclamación de Trump sobre la ley, destacando que ésta “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.
El Tren de Aragua se originó en una prisión reconocida por su anarquía en el estado central de Aragua y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaba mejores condiciones de vida después que la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para describir escenas engañosas de comunidades que él afirmaba estaban “tomadas” por lo que en realidad eran un puñado de infractores.
El gobierno de Trump no ha revelado el nombre de los migrantes deportados ni ha proporcionado evidencia de que, de hecho, sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. También envió a dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 a El Salvador, que fueron arrestados en Estados Unidos.
Un video publicado por el gobierno de El Salvador mostró a hombres saliendo de aviones en una pista de aeropuerto rodeada de policías con equipo antimotines. Los hombres, esposados y con grilletes en los tobillos, tenían problemas para caminar mientras los agentes les empujaban la cabeza hacia abajo para que se doblaran hasta la cintura.
El video también mostró a los hombres siendo trasladados a prisión en un gran convoy de autobuses custodiados por vehículos policiales y militares, y al menos un helicóptero. Se mostró a los hombres arrodillados en el suelo al tiempo que les afeitaban la cabeza antes de ponerse el uniforme completamente blanco de la prisión —pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y calzado de goma— y luego fueron metidos a las celdas.
Los inmigrantes fueron llevados a la notoria instalación CECOT, el centro de la iniciativa de Bukele para pacificar su país, que alguna vez estuvo plagado de violencia, a través de duras medidas policiales y límites a los derechos básicos.
El gobierno de Trump informó que el presidente había firmado la proclamación afirmando que el Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos, pero no lo anunció hasta la tarde. Abogados de inmigración dijeron que notaron que venezolanos que de otro modo no podrían ser deportados bajo la ley de inmigración estaban siendo trasladados a Texas para vuelos de deportación. Comenzaron a presentar demandas para detener los traslados.
“Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser expulsado bajo el pretexto de pertenecer al Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”, advirtió en la red social X Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo defensor de derechos humanos.
El litigio que causó la suspensión de las deportaciones fue presentado en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas que, según los abogados, estaban preocupados por ser acusados falsamente de ser miembros de la pandilla. Una vez que se invoca la ley, advirtieron, Trump podría simplemente declarar a cualquiera como miembro del Tren de Aragua y expulsarlo del país.
Boasberg prohibió las deportaciones de esos venezolanos cuando se presentó la demanda, pero amplió la prohibición para todas las personas bajo custodia federal que podrían ser objeto de la ley hasta su audiencia de la tarde. Resaltó que la ley nunca se había utilizado antes fuera de una guerra declarada por el Congreso y que los demandantes podrían argumentar con éxito que, con su invocación, Trump excedió su autoridad legal.
La prohibición de deportaciones se mantiene vigente por hasta 14 días y los migrantes permanecerán bajo custodia federal durante ese tiempo. Boasberg programó una audiencia para escuchar argumentos adicionales en el caso.
Dijo que tuvo que actuar porque los migrantes cuyas deportaciones podrían violar realmente la Constitución merecían la oportunidad de que la corte escuchara sus argumentos.
“Una vez que estén fuera del país no hay mucho que pueda hacer”, señaló Boasberg.
Al enterarse de que había planes en marcha dirigidos a El Salvador, que aceptó albergar a migrantes deportados en una conocida prisión de alta seguridad, Boasberg dijo que él y el gobierno necesitaban actuar rápidamente. “Deberán informar a sus clientes de esto de inmediato, y que cualquier avión que contenga a estas personas que esté a punto de despegar o esté en el aire necesita regresar a Estados Unidos”, indicó Boasberg al abogado del gobierno.
Según la demanda, dos aviones que despegaron de la instalación de detención de Texas cuando la audiencia comenzó más de una hora antes estaban en el aire en ese momento, y aparentemente continuaron hacia El Salvador. Un tercer avión aparentemente despegó después de la audiencia y la orden escrita de Boasberg se publicó formalmente a las 7:26 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos.
