Agencias/Ciudad de México.- La empresa matriz de Facebook, Meta, enfrenta una posible factura fiscal de unos 870 millones de euros (925 millones de dólares) en Italia después de que los fiscales iniciaran una investigación sobre la compañía, informaron dos fuentes con conocimiento directo del asunto.
La investigación fue abierta por los magistrados de Milán a petición de la Fiscalía Europea (EPPO, por su sigla en inglés), que pidió a la policía de la Guardia di Finanza y a la Agencia Tributaria italiana que comprobaran si existe algún argumento para que los registros de usuarios estén sujetos a impuestos.
“Estamos en total desacuerdo con la idea de que proporcionar acceso a plataformas en línea a los usuarios deba gravarse con el IVA”, dijo un portavoz de Meta en una declaración enviada por correo electrónico a Reuters.
La OEPP, con sede en Luxemburgo, dijo que no comentaba las investigaciones en curso ni confirmaba públicamente en qué casos estaba trabajando.
Las fuentes señalaron que los investigadores creen que la afiliación gratuita a las plataformas de Meta se produce a cambio del acceso a los datos de los usuarios y debería clasificarse como un intercambio de servicios, por lo tanto sujeto al impuesto sobre las ventas (IVA).
La policía fiscal y la agencia tributaria de Italia calcularon un modelo según el cual Meta habría tenido que pagar alrededor de 220 millones de euros de impuesto sobre las ventas en Italia en 2021, según las fuentes. La cifra para el periodo anterior a 2015 se calculó en 870 millones de euros.
Una de las fuentes explicó que el punto más relevante era el establecimiento de un vínculo entre el libre acceso y la transferencia de datos como una transacción sujeta a impuestos, lo que podría tener repercusiones para otras multinacionales y otros países de Europa.
Una tercera fuente dijo a Reuters que Meta cree que no hay una conexión directa entre los datos proporcionados por los usuarios y el acceso dado a la plataforma, y sin este vínculo, no habría IVA devengado.
La empresa puede decidir aceptar los resultados de la investigación y pagar la cantidad solicitada, o impugnarla y abrir una disputa administrativa.
