Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Secretaria de la Función Pública (SFP) rastrea a 19 empresas que han utilizado razones sociales distintas para evadir sanciones de unos 2 mil millones de pesos y, seguir participando en licitaciones de contratos de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sector salud,,
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Roberto Salcedo Aquino secretario de la Función Pública (SFP) dijo que existen 121 empresas que proveedoras de servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones públicas de salud.
De ellas, precisó, 19 han incurrido en actos de corrupción en contrataciones hechas en el gobierno actual y administraciones anteriores.
Salcedo Aquino señaló que ese grupo de empresas ha realizado acuerdos para repartir ilícitamente los contratos, además, mintieron o confabularon para obtener las licitaciones a favor de una firma en particular.
La SFP investiga por la presunta colusión las empresas Centrum Promotora Internacional y su filial Valtrum, Hemoser, Impromed y su filial Internet, e Instrumentos y Equipos Falcón.
Además, a Dicipa, Selecciones Médicas y Selecciones Médicas del Centro, filiales del Grupo Fármacos-
La SFP ha impuesto sanciones a 13 de las 19 empresas, que consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y nueve años para participar en licitaciones públicas y multas por casi 2 mil millones de pesos.
Las empresas han interpuesto amparos y otros recursos legales para contrarrestar las sanciones.
Salcedo Aquino admitió que esos recursos legales han permitido a las empresas participar en procedimientos de contratación mientras las resoluciones sigan sin causar efecto.
Existen dudas razonables, dijo, de que algunas empresas, para eludir las sanciones, utilizan filiales o cambian de razón social.
Salcedo Aquino añadió que la SFP verificará la documentación de los proveedores para tratar de frenar esas anomalías.
Por ahora, indicó, existe un proyecto de reforma legislativa cuya normatividad permitirá identificar de manera eficaz a los beneficiarios finales de las empresas para evitar la elusión de sanciones.
