Agencias/Ciudad de México.- La Oficina de Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja de búsqueda y localización contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont en más de 190 países producto de las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero en México.
El Gobierno mexicano imputó a Álvarez Puga y Gómez Mont un desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal.
La orden de búsqueda internacional ha sido producto de una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y con base en el mandamiento de captura que otorgó un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en septiembre pasado.
La ficha roja o “red notice” es un formato con los datos personales, supuestos delitos y la fotografía de una persona, que es distribuida a todos los países afiliados a la Interpol para rastrear a un individuo buscado por la justicia.
En algunas naciones, esta ficha basta para retener a un sospechoso, pero en muchos otros sólo es útil para dar un aviso de que un sujeto buscado ha sido localizado en un sitio específico o en tránsito y la finalidad es que el país interesado pida la extradición.
Según autoridades federales, tanto el empresario como la presentadora de televisión se encuentran fuera del País desde hace varios meses. Hasta el momento, ninguno de los dos ha presentado un amparo contra la orden de captura.
Álvarez Puga y su esposa están imputados en una causa penal en la que se libraron un total de 12 órdenes de aprehensión, 5 de ellos ex mandos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y los otros 5 presuntos “factureros”.
Según la teoría de la FGR, los funcionarios triangularon 2 mil 950 millones de pesos de dos grandes contratos a un total de 6 empresas factureras y algunas de ellas hicieron depósitos a Álvarez Puga y su esposa.
Uno de los contratos fue para adquirir el Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS destinado a los penales federales del Altiplano, Occidente, Noreste, Noroeste, Oriente, Sureste, Nor-Noroeste, Nor-Poniente, Norte y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.
El otro fue para la compra de la interconexión a ese sistema de los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, el Femenil de Morelos y el de Michoacán.
De acuerdo con informes recabados, el principal ex funcionario que es buscado por la Fiscalía General de la República es Eduardo Guerrero Durán, quien precisamente fue comisionado del OADPRS, entre septiembre de 2015 y octubre de 2016.
