Agencias/Ciudad de México.- El Gobierno de México se recuperó de la lona en la demanda que interpuso hace casi tres años contra los fabricantes estadounidenses de armas, luego de que una corte de apelaciones de ese país reviviera el caso tras la desestimación de un juez.
El 22 de enero la diplomacia mexicana recibió la noticia de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez de primera instancia de desestimar una demanda que impuso el Gobierno de México contra los fabricantes de armas desde finales de 2021.
La firma de abogados estadounidense Hilliard Shadowen LLP, que representa a México en la demanda, destacó que la decisión de la corte es un hecho histórico, pues se confirma que un país extranjero puede demandar a fabricantes de armas estadounidenses en ese país. México está representado en específico por Steve Shadowen de Hilliard Shadowen LLP y Jonathan Lowy, presidente de Global Action On Gun Violence.
“Esta decisión supone un importante paso adelante para que la industria armamentística rinda cuentas por su papel en el tráfico transnacional de armas y para que se haga justicia a las víctimas de sus prácticas comerciales ilícitas: el pueblo de México”, afirmó Shadowen.
“Ahora debe quedar claro que quienes contribuyen a la violencia armada deben enfrentar las consecuencias legales, sin importar las fronteras”, agregó.
El Gobierno mexicano también expresó su beneplácito por la decisión de la corte de apelaciones de Estados Unidos, que retorna el caso a primera instancia para revisión.
“Esta tarde, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México, en su demanda contra empresas fabricantes de armas. El asunto regresa a primera instancia para la revisión del fondo del asunto. ¡Gran noticia!”, publicó la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en su cuenta de X.
Según explica Hilliard Shadowen LLP, la sentencia del Primer Circuito informada el 22 de enero, anula la decisión de un tribunal de primera instancia que sostenía que la Ley de Protección del Comercio de Armas (PLCAA), promulgada en 2005, protegía a los fabricantes de armas de las demandas de México.
En la apelación, México argumentó que la PLCAA no confiere inmunidad a los fabricantes de armas estadounidenses por los daños que causen en el extranjero, o cuando sus acciones violen las leyes estadounidenses sobre armas. México alega que los fabricantes de armas violan sistemáticamente muchas leyes federales sobre armas de Estados Unidos, incluidas las que regulan las compras ficticias, las exportaciones de armas, las licencias y la posesión de armas y otras prácticas de venta de armas.
Así, la corte de apelaciones estuvo de acuerdo, declarando que las reclamaciones de México están legalmente exentas de las protecciones que la PLCAA ofrece a los fabricantes de armas.
“La sentencia de hoy es un gran paso adelante para responsabilizar a la industria de las armas por su contribución a la violencia armada, y para detener el flujo de armas traficadas a los cárteles”, dijo Jonathan Lowy. “El Tribunal no sólo ha reconocido el derecho de otro país a demandar a las empresas de armas estadounidenses, sino que también ha perforado el injusto escudo legal tras el que las empresas de armas se han estado escondiendo desde 2005”, agregó.
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la estrategia legal del gobierno de México contra el tráfico de armas hacia ese país consistió en el desarrollo de litigios estratégicos de naturaleza civil en las cortes federales estadounidenses, que inició con dos demandas: la primera contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas sometida ante la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts, presentada el 4 de agosto de 2021; y otra contra puntos de venta de armas sometida ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona, el 10 octubre de 2022.
La primer demanda contra Smith & Wesson Brands, Inc. y otras empresas pretende responsabilizar a seis fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de armas a México. La demanda alega que más de 340.000 de las armas de estilo militar de los demandados son traficadas a través de la frontera con México cada año, donde son utilizadas por los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales para aterrorizar a la población civil.
