Por Erick Olivera Méndez/Ciudad de México.- Uno de los grandes retos del Estado es garantizarles a los adultos mayores una vida digna. Los esfuerzos han sido importantes en los últimos años pero satisfacer los requerimientos de salud y bienestar de poco más de 15 millones de personas con más de sesenta años no es una tarea simple.
El derecho a la senectud está consagrado en la Constitución y en las leyes mexicanas, lo que ha representado una base jurídica que ha permitido que las instituciones del Estado instrumenten políticas públicas y programas para el bienestar de los adultos mayores.
En junio de 2002 se publicó la “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, un instrumento legal que ampliaba sus garantías respecto a la labor del gobierno.
La Ley señala que los adultos mayores tienen derecho a una vida con calidad y libre de violencia, al respeto a su integridad, a no sufrir ninguna forma de explotación, a ser protegidos tanto por las instituciones como por la sociedad, a vivir en espacios seguros y dignos, a alimentos y servicios de salud, a recibir apoyos subsidiarios, a la educación, a la igualdad de oportunidades laborales, a programas de asistencia social por desempleo o discapacidad y a una vivienda digna, entre otros derechos.
Como instrumento jurídico la Ley busca establecer las bases y las disposiciones que garanticen, mediante programas de gobierno, los derechos consagrados en la Constitución, y regula al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el organismo descentralizado que mantiene la rectoría de las políticas públicas para atender a este sector de la población.
Si bien el artículo 123 de la Constitución consagra entre otros derechos de los trabajadores el seguro por vejez, fue el artículo 4 de la Carta Magna el que elevó a rango constitucional la pensión universal para personas entre 65 y mayores de 68 años.
Dice el artículo 4 de la Constitución: “Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad”.
La Constitución garantiza la pensión universal y el “Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” se encarga de distribuir cada año un presupuesto mayor a los 230 mil millones de pesos para 10.3 millones de personas mayores de 65 años.
La pensión universal para adultos mayores es uno de los avances más importantes en términos de políticas públicas para atender las necesidades más apremiantes de este sector, aunado a los programas del sistema de asistencia social y salud que desde hace años hacen esfuerzos por garantizarles sus derechos.
Sin duda uno de los retos más importantes del Estado es lograr las condiciones presupuestales para incrementar la inversión en los programas sociales y los sistemas de asistencia, bienestar y salud para garantizarles a los más de 15 millones de adultos mayores la lista de derechos consagrados en la Constitución y en las leyes.
Hasta ahora los avances han sido importantes y la pensión universal ya beneficia a poco más de 10 millones de personas de este sector. La política ha sido imprescindible para lograr que se concretara esta iniciativa de gobierno, una premisa política de vanguardia en cuyos principios está el derecho a la senectud, un derecho que honra al Estado que lo garantiza.
