Agencias/Ciudad de México.- Argentina padece desde hace años los efectos de un extremadamente sobredimensionado sector estatal, que es la razón de fondo de las recurrentes crisis financieras y los brotes inflacionarios. Ese es el diagnóstico que hace Hans-Dieter Holtzmann, de la oficina en Buenos Aires de fundación alemana Friedrich Nauman, cercana al partido liberal FDP, integrante de la coalición gobernante en Berlín.
Según Holtzmann, también la tradición proteccionista ha perjudicado seriamente a Argentina. “Múltiples puntos de la política económica de Javier Milei van en la dirección correcta, enfocándose en reducir los gastos fiscales y la burocracia, y en dar más espacio a las empresas y el libre comercio”, dice a DW. Holtzmann destaca los éxitos de Milei en la lucha contra la inflación, que logró reducir del 25 por ciento aproximado de diciembre, a un 4.2 por ciento en mayo.
Las drásticas medidas de ahorro de Milei condujeron también a superávits presupuestarios. Sin embargo, Holtzmann apunta que estos logros deberían ser sostenibles. “Todavía falta mucho por hacer para mejorar las condiciones y, por ende, para que haya más crecimiento, inversiones locales e internacionales, y empleo en el país”, apunta. Milei todavía tiene actualmente mucho respaldo en la ciudadanía. De acuerdo con encuestas, más de la mitad de los argentinos aprueban su política.
Más crítica es la visión del economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). A su juicio, los que sufren los efectos de la política de desregulación y las medidas de ahorro son las personas humildes, y no la “casta”, como había anunciado Milei. “Los afectados ahora son los jubilados, los trabajadores del sector público y los de la construcción”, dice a DW.
Inmediatamente tras asumir el poder, Milei aplicó una devaluación del peso de más del 50 por ciento, frente al dólar. Con ello, las exportaciones se abarataron y ganaron competitividad, pero las importaciones se encarecieron
Investigadores de la Universidad Católica de Buenos Aires (UCA) ven en dicha devaluación uno de los principales motivos del aumento de la pobreza. Esta se incrementó al 57 por ciento, el nivel más alto registrado desde hace 20 años. Eso significa que cerca de 27 millones de argentinos viven bajo el umbral de la pobreza. Antes de la llegada al poder de Milei, la cifra era de un 45 por ciento.
A lo anterior se suma la caída del rendimiento económico de un 5.3 por ciento, con un debilitamiento de la producción industrial y la actividad económica.
Tras meses de negociaciones, el oficialismo desistió de algunas demandas maximalistas, pero el presidente obtendrá un margen de acción considerablemente mayor. “Que se haya aprobado finalmente esta ley, aunque quizás con dilaciones innecesarias, es uno de los éxitos de los primeros seis meses”, dice a DW, en Buenos Aires, el asesor económico Carl Moses.
“La dura recesión, el precio que se pagó por el saneamiento de las finanzas estatales y el freno de la inflación, naturalmente, es un punto negativo en el balance. Sin embargo, de todos modos se habría producido una recesión”, opina Moses. Y considera que “ahora, en cambio, parece que ya se ha superado lo peor”. elevan la cifra al 55.5 %.
Casi 25 millones de personas residentes en áreas urbanas habrían sobrevivido, a inicios de este año, por debajo de la “línea de pobreza”: con ingresos insuficientes para costear la “canasta básica total” (alimentación, vivienda, educación, salud, transporte). De ellas, casi 8 millones (el 17.5 % de la población) sobrevivió incluso por debajo de la “línea de indigencia”: sin ingresos suficientes para costear siquiera la “canasta básica alimentaria”.
El Índice Construya registró en Junio un aumento mensual del 9,7%, con una caída interanual del 32%.
Es el tercer mes consecutivo de mejora intermensual.
"Creemos que el regreso del crédito y de las 12 cuotas sin interés está contribuyendo a la recuperación de la demanda”,… pic.twitter.com/vSHWqpVcEG
— Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) July 7, 2024
Ya en el tercer trimestre de 2023, casi el 25 % de la población (11 millones de personas) -incluidos más del 32 % de los niños, niñas y adolescentes (2.7 millones)- habrían sufrido “inseguridad alimentaria”, teniendo que “reducir porciones y saltear comidas”, explica a DW el sociólogo Juan I. Bonfiglio, del ODSA-UCA.
El 11 % de las personas (5 millones) -incluido el 14 % de los menores del país (más de un millón)- sufrieron incluso “inseguridad alimentaria severa”, con privaciones mayores y más frecuentes del mínimo de alimentos que les evitaría “pasar hambre”, aclara el experto.
El informe del ODSA-UCA se conoció mientras el Gobierno de Javier Milei -que asumió en diciembre de 2023- comenzaba la inicialmente negada distribución a comedores sociales de 5.000 toneladas de alimentos retenidos en depósitos estatales y a punto de expirar.
A la medida le precedió un escándalo que costó el puesto a altos funcionarios del Ministerio de Capital Humano, abrió una investigación judicial, y movió al Ejecutivo a prometer el diseño de un nuevo sistema de acopio de alimentos para emergencias.
Argentina atraviesa “una serie de crisis recurrentes y cada vez más intensas”, al menos desde 2018, cuando se duplicó, del 5 al 10 %, la cifra de personas que sufrían hambre o “inseguridad alimentaria severa”. Al recrudecimiento con la pandemia, le siguió cierta recuperación y “un recrudecimiento muy importante en el último año, específicamente, en los últimos meses”, resume Bonfiglio.
Estas crisis traen asociadas una pérdida de los ingresos de los hogares, que provienen de “un mercado de trabajo fuertemente segmentado, en el cual no más del 50 % de los empleos cumplen con las normativas de la seguridad social”, además de ser predominantemente “precarios, inestables y con ingresos muy bajos”, subraya Bonfiglio.
Para completar su alimentación, las personas y hogares de menores ingresos dependen de ayudas del Estado, de organizaciones de la sociedad civil -incluidas las iglesias y sus instituciones de caridad- o político-partidarias, así como de proyectos comunitarios espontáneos o incluso de familiares, enumeran los expertos consultados por DW.
El problema no es nuevo, aclara la socióloga María Victoria Sordini, autora del estudio “La política del hambre: una emergencia permanente en Argentina”. Desde la década de 1980, y como consecuencia de políticas neoliberales implementadas desde los 70, “amplios sectores sociales han necesitado complementar la alimentación del hogar con alguna prestación del Estado”, dice. Y todos los Gobiernos han sostenido “programas alimentarios”.
Es importante considerar cómo estos cambios en el etiquetado frontal afectan el consumo de alimentos a nivel poblacional y en los hogares, así como las posibles desigualdades sociales y regionales que puedan surgir. pic.twitter.com/pCOfaceo8t
— Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) July 5, 2024
Estos programas han incluido la entrega de alimentos secos, el financiamiento y apoyo técnico a comedores comunitarios gratuitos -símbolo de la organización comunitaria en el país-, o programas de formación sobre alimentación saludable, ilustra Sordini. Para los más vulnerables, las políticas públicas hacen la diferencia. Por eso, hoy, “si no llega provisión de alimentos a los comedores, la situación empeora sensiblemente”, apunta Bonfiglio.
Una “estrategia estrella” ya histórica del Estado argentino contra el hambre son las transferencias monetarias, especialmente a través de programas sociales, destinados a incrementar la capacidad de personas y hogares para abastecerse de alimentos frescos. Entre enero y mayo, el actual Gobierno aumentó en más del 137 % el monto de la asistencia social para comprar alimentos.
Desde junio, las familias más pobres con mujeres embarazadas, hijos menores de 14 años, o discapacitados de cualquier edad, reciben entre 52,250 y 108,062 pesos (de 58 a 120 dólares al cambio de hoy), según la cantidad de hijos, a través de una “Tarjeta Alimentar. Hasta diciembre de 2023, eran entre 22,000 y 45,500 pesos (de 24 a 50 dólares).
El efecto compensatorio de esta medida, sin embargo, choca con un contexto fuertemente recesivo, la destrucción de puestos de trabajo y una galopante inflación, enumera Bonfiglio. El aumento de los precios de bienes y servicios se acercaba en abril de 2024 al 290 % interanual, según el INDEC. Así que la plataforma local de verificación Chequeado calcula que el poder de compra de la “Tarjeta Alimentar” -con casi 3,7 millones de titulares en agosto de 2023- apenas pudo aumentar un 32 % hasta marzo de 2024.
Además, estas asistencias alcanzan solo a hogares vulnerables con niños. Otros, por ejemplo, con adultos mayores y otras vulnerabilidades, “que también están pasando hambre”, no están cubiertos por estas políticas públicas, lamentan los expertos.
¿Qué sociedad propone este tipo de políticas públicas “necesarias”, pero “asistenciales, transitorias, fragmentarias”, que no han resuelto en cuatro décadas la emergencia alimentaria argentina, incluida el “hambre oculta” en la malnutrición? Esta es, para Sordini, investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS-CONICET), una pregunta central para revisar las políticas contra el hambre en Argentina.
El país necesita, en primer lugar, “mejorar las condiciones del mercado de trabajo”, con políticas sostenibles en el tiempo, que generen “mejores oportunidades laborales”, asegura Bonfiglio, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y advierte que está por verse, en los próximos meses, “cuánto éxito van a tener, en este sentido, las actuales políticas de flexibilización y liberalización, de recorte del gasto público”, más radicales que sus antecesoras.
Ahora se espera que la situación cambie con el paquete de reformas aprobado en el Senado con ayuda de parlamentarios opositores. Un objetivo de las reformas es fomentar la inversión.
Calentando motores y llenando el tanque para la reunión de Gabinete… pic.twitter.com/IMWFwJxfng
— Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024
