Agencias/Ciudad de México.- Caminaron durante varios días por la peligrosa selva del Tapón del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, con el objetivo de conseguir asilo en Estados Unidos.
Pero ahora esos migrantes, principalmente de naciones andinas como Venezuela y Colombia, se han dado por vencidos después de la dura ofensiva del Presidente estadounidense Donald Trump contra el asilo y están regresando a sus países.
Una embarcación con motor fuera de borda zarpó de un puerto de la costa caribeña de Panamá con 20 migrantes venezolanos, 16 adultos y 4 niños, aferrados a sus mochilas y cubriéndose del agua de mar con rumbo al sur. Tenían que hacer un trayecto de unas ocho horas hacia otro puerto panameño, antes de enfilar para el lado colombiano.
Por la noche un bote zarpó de la comarca indígena de Guna Yala a pesar de advertencias de mal tiempo y violentos oleajes, y naufragó con 21 personas a bordo, entre ellas 19 migrantes de Venezuela y Colombia que hacían el “flujo migratorio inverso” —de norte a sur—, lo que cobró la vida de una niña venezolana de 8 años.
Muchos de esos migrantes aguardaron meses, a veces más de un año, para solicitar asilo formal en Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One, implementada durante el gobierno del presidente Joe Biden. Sin embargo, esas esperanzas se esfumaron cuando Trump asumió el cargo el 20 de enero y suspendió la aplicación.
Si bien Panamá no ha compartido cifras sobre cuántos migrantes están haciendo ese flujo de vuelta diariamente, en la vecina Costa Rica un funcionario dijo a The Associated Press que estaban viendo entre 50 y 75 nuevos migrantes que viajan hacia el sur cada día.
Grupos numerosos —mayormente de Venezuela y Colombia— estaban llegando desde hace semanas hasta este puerto en Guna Yala, adonde se les estaba ofreciendo quedarse a domir en colchonetas sobre la tierra y cargar sus teléfonos móviles y comida previo al viaje en bote. Todo ello les costaba entre 200 y 260 dólares por persona, inclusive menores de edad.
Para muchos eran posiblemente los últimos recursos con que contaban después de haber gastado casi todo —hasta varios miles de dólares— en su intento por alcanzar el llamado sueño americano.
Karla Castillo, de 36 años y oriunda de la ciudad venezolana de Valencia, estaba junto a su hermana Adriana, seis años menor que ella, en este puerto con la esperanza de zarpar. Ella vivió cinco años en Chile y en octubre regresó para las elecciones presidenciales en su país, pero tras esos comicios decidió partir de nuevo hacia el norte en una aventura que incluyó cruzar la selva del Darién, que carece de carreteras y en ocasiones es mortal. Llegó hasta la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, limítrofe con Guatemala.
Karla y su hermana decidieron salir de allí de vuelta al sur el 10 de febrero.
“Nunca nos salió la cita” para solicitar asilo en Estados Unidos, señaló Castillo en una entrevista telefónica. “Y con la llegada de Trump y la eliminación de la aplicación (CBP One) se esfumaron todas nuestras esperanzas”.
Dijo que la embargaban “sentimientos encontrados”. Por un lado, se sentía frustrada por no haber podido entrar a Estados Unidos, pero por el otro aseguró que estaba ansiosa por regresar a casa, donde la esperaban sus cuatro hijos, de 15, 13, 10 y 9 años, y su madre, que le había enviado algo de dinero para el retorno, el cual recabó organizando rifas. Aseguró que su hija mayor sufría una patología del corazón.
“Es duro esto”, señaló Karla, mientras al fondo se escuchaba música a todo volumen de una bocina. “Supuestamente (la música) es para animar el ambiente, pero nada nos quita la pesadumbre”.
En este punto de la localidad de Cartí no se veía la presencia de autoridades migratorias, mientras algunos migrantes se sentaban a fumar cigarrillos o a jugar dominó, en tanto que los lugareños tomaban cervezas.
Funcionarios panameños indicaron que toda embarcación que zarpa de los puertos tiene que cumplir con medidas de seguridad. Sin embargo uno de tres botes desatendió una advertencia de fuertes oleajes y terminó naufragando, en lo que fue la primera tragedia desde que comenzó el “flujo inverso” de migrantes, costándole la vida a una menor venezolana.
“No sé si decir que estoy triste o feliz, cuál de los dos sentimientos”, coincidió Estevani Llerena, de 23 años, quien decidió salir de Caracas hacia el norte a través del Darién, con su hija de 5 años, un hermano menor que ella y la mujer de él. Estuvieron más de dos meses en Tapachula, antes de emprender el regreso al sur, aunque su hermano se quedó en esa ciudad por falta de dinero. “Allá vi cómo se robaron a un niño. Nos sentíamos inseguros”.
“Frustrado”, declaró sobre su estado de ánimo Juan Luis Guedez, quien también regresó de Tapachula tras haber estado allí unos cuatro meses junto a su esposa e hija de 2 años. Oriundo del estado venezolano de Portuguesa, él decidió con su familia salir de Chile —adonde había vivido ocho años y tenía un trabajo seguro— para viajar a Estados Unidos, donde lograron ingresar cuatro hermanos. También sorteó la selva del Darién.
Ahora estaba preocupado por el viaje por mar tras escuchar lo del naufragio. Pero dijo que se “moría” por estar en el municipio costero de Necoclí, al otro lado de Colombia, hasta hace poco un punto de salida masiva de migrantes a través del Darién, en dirección al norte.
“No sé si llegaremos con vida, pero si lo logramos, la idea es volver a entrar a Chile. Mi hija nació allí”, aseguró.
El número de migrantes irregulares que se internan en la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, camino a Estados Unidos se situó en lo que va de año en 2,637, lo que supone una reducción del 96% respecto al mismo periodo del año anterior.
El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá indicó que en lo que va del año 2,637 migrantes “han cruzado por el Darién, en comparación con el 28 de febrero de 2024, cuando se registró un flujo de migrantes de 72,294”.
“Esto sigue marcando un precedente de una disminución de un -96%, con una diferencia de ingreso de 69,657 migrantes irregulares”, señala un comunicado del SNM.
La nota oficial también informa de la deportación hacia Medellín, Colombia, de 25 ciudadanos colombianos, a 22 de los cuales se les impuso sanciones administrativas, mientras que a 3 se les expulsó “por mantener antecedentes como terrorismo, posesión ilícita de arma de fuego y blanqueo de capitales”.
Un acuerdo suscrito por Panamá y Estados Unidos el 1 de julio pasado, el mismo día de la toma de posesión del presidente panameño, José Raúl Mulino, contempla la repatriación vía aérea y con base a las leyes panameñas de migrantes irregulares que hayan llegado al país centroamericano, con Estados Unidos financiando los vuelos.
Desde la firma de este acuerdo, se han producido más de 40 vuelos con migrantes deportados o expulsados.
El Gobierno panameño vincula la caída del tránsito migratorio a medidas como el cierre de caminos en la selva para habilitar un único “corredor humanitario”, la aplicación de multas por entrar de forma irregular al país, la temporada de lluvias en meses pasados, y el programa de vuelos de deportación financiado por EUA.
Esas restricciones están vigentes desde el año pasado, que cerró con 300,549 migrantes que llegaron a Panamá tras cruzar el Darién, un 41% menos que la cifra récord de 511,103 de 2023, de acuerdo con las estadísticas oficiales citadas el pasado 2 de enero por el presidente panameño en una rendición de cuentas ante el Parlamento.
Sin embargo, la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump y sus nuevas restricciones migratorias ha hecho descender aún más el paso de migrantes hacia el norte, dándose ahora lo que se conoce como “flujo inverso”.
Según afirmó Mulino esta semana, ese flujo de norte a sur va “en ascenso”, con más de 2 mil personas en movilidad que han entrado este mes de febrero a Panamá por la frontera con Costa Rica.
