Una reflexión personal
Por Luis Villegas Montes/Ciudad de México.- La espera ha concluido; el dictamen aprobado el día de ayer no deja lugar a dudas: la reforma a los poderes judiciales (federal y locales) va porque va. Cualquier especulación, pensamiento, creencia u opinión —toda cándida ocurrencia, vamos— ha sido despejada, ha quedado atrás.
Ni mesura, ni contención, ni ajuste significativo, apenas unos toques aquí y allá para que se leyera un poquito menos imbécil, un poquito menos irreal, un poco menos dañina. No hay, no puede haber, uno solo abogado con dos dedos de frente que avale la reforma. Sólo los más tarados, los más serviles o los más puercos, pueden estar de acuerdo con una reforma que matiza, en forma insignificante, los despropósitos de un anciano loco y sediento de venganza. Todos los cuestionamientos de fondo que se le habían hecho a la iniciativa se pueden replicar tratándose del dictamen.
El primero y más importante, que la elección de ministros, magistrados y jueces federales será por elección popular directa. Dice el proyectado artículo 96, primer párrafo: “Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda conforme al siguiente procedimiento: […]”. Es decir, la elección se realizará el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias y se va a descabezar a todos los ministros y a la mitad de la judicatura federal.
Dice el artículo segundo transitorio, primer párrafo, en lo conducente: “El Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Magistradas y Magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, en los términos del presente artículo”.[1]
Afirmo que van a descabezar a la mitad porque así lo dice el mismo transitorio: “Para el caso de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027, conforme a lo siguiente […]”.[2]
¿Y cómo se va a elegir a esa mitad? ¡Por tómbola! ¡No faltaba más! Claro que el dictamen lo dice de modo elegante; reza el apartado b) del mismo artículo transitorio: “b) Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia […]”.[3]
Empero, retomando el asunto de la elección popular, tenemos que durante el pasado proceso electoral, su organización fue un auténtico caos, pues se debió elegir, en una circunscripción nacional, al presidente de la República; en una estatal, a los dos senadores y al gobernador; en una distrital, a los diputados federales y en otra distinta a los diputados locales; y en una municipal, a los alcaldes y síndicos; es decir, seis elecciones (donde no se eligió gobernador) y hasta siete donde sí; pues elegir juzgadores el mismo día de las elecciones ordinarias, implicaría, en los hechos, ¡un montón de procesos! Pongamos el ejemplo de Chihuahua el próximo 2027: elecciones locales habrá cuatro: para elegir gobernador, diputados locales, alcaldes y síndicos; y una federal, para elegir diputados federales; pero además, se tendría que elegir, en una circunscripción estatal, a los magistrados locales; en una circunscripción especial, a los magistrados de Circuito; en una distrital, a los jueces federales y en otra distinta a los jueces locales de primera instancia; es decir, cuatro elecciones; lo que sumarían ¡nueve procesos en total! Imagínese a los integrantes de las mesas de casilla. Una locura… y eso sin considerar el costo de un proceso electoral de tamaña envergadura.
Peor aún, el maquillaje que el dictamen intenta aplicar a la absurda iniciativa no basta para corregir lo regresivo de la misma. El marco jurídico-político consagrado en la Constitución y que se consolida en lo que la Corte ha llamado “bloque de constitucional”[4] no puede verse restringido ni limitado ni siquiera por el Poder Constituyente Permanente; ello, básicamente por dos razones: la primera, por cuanto que existe un marco jurídico de carácter internacional que constriñe a nuestro país a que, al adoptar cualquier determinación también de índole jurídico-política, debe observar dicho marco en atención a la obligatoriedad que deriva para las partes, de la suscripción de un tratado internacional; y la segunda, y más importante, porque de acuerdo al artículo 1.º constitucional, tercer párrafo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.[5] Es decir, existe la obligación, para el Estado mexicano, de observar este principio en todos los casos y sin ningún tipo de matiz. El dictamen no aborda este problema ni siquiera de manera tangencial.
Lo dicho desde el inicio de este debate absurdo por idiota: la iniciativa es basura, el dictamen también lo es y, de consumarse la reforma, ésta también lo será, sin duda alguna. Eso es MORENA en el poder. Ustedes, sí, ustedes que votaron por estos engendros, que con su pan se lo coman. Los demás, a darle pues, como decía don Manuel Gómez Morin, ésta es brega de eternidad.
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Luis Villegas Montes.
[1] Énfasis añadido.
[2] Énfasis añadido.
[3] Énfasis añadido.
[4] Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado la supremacía de los tratados internacionales por sobre el texto de la Constitución general admite, sin embargo, eso que llama “Bloque de Constitucionalidad. CANO LÓPEZ, Luis Miguel. “La Nueva Cultura Jurídica en México. El Juez Nacional y los retos del Control de Convencionalidad” en El Control de Convencionalidad y las Cortes Nacionales. La Perspectiva de los Jueces Mexicanos, 1.ª reimpresión, Porrúa, México, 2014, pp. 103-120, p. 114.
[5] Énfasis añadido.
