Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México violó una disposición judicial y archivó la investigación por extorsión que interpuso la empresaria María Asunción Aramburuzabala contra Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga, difundió el periódico Reforma.
La inmobiliaria Abilia, de la empresaria Aramburuzabala, denunció penalmente en agosto de 2015 a Pérez Romo por intento de extorsión por 5 millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, Polanco.
El 2 de marzo, la Procuraduría propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08.
Sin embargo, su determinación pasaba por encima de una resolución judicial que le impedía proponer el carpetazo y consumarlo.
La defensa de Aramburuzabala interpuso un recurso para evitar que la PGJ consumara el cierre del caso, ante lo cual el juez segundo de distrito en Amparo Penal, José Díaz de León, determinó que la propuesta de archivar la denuncia de la empresaria era violatoria de la ley.
La dependencia a cargo de Rodolfo Ríos ignoró los reclamos y la resolución judicial. El 8 de julio notificó que había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Romo mandando a la congeladora el caso.
El 12 de octubre de 2015, Aramburuzabala ratificó y aportó elementos nuevos a la denuncia por extorsión contra Pérez Romo, Paloma Carrera Baños, el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba y otros involucrados, en el conflicto derivado por la construcción del desarrollo inmobiliario en la calle Rubén Darío 225, de la colonia Polanco.
Acompañada por su abogado Javier Coello Trejo, más tres funcionarios de la inmobiliaria Abilia, Aramburuzabala acudió ante la fiscalía especial desconcentrada de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo.
La Procuraduría capitalina abrió la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, tras la divulgación de un video donde el abogado Becerra Pocoroba, a nombre de vecinos del edificio de Rubén Darío 223 y de la esposa de López Dóriga, planteó el pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares por sus honorarios y una serie de obras de “mitigación” en la colonia Polanco, a cambio de que no se interpusiera el juicio de lesividad en contra de la obra en construcción de Aramburuzabala.
La denuncia original precisa que el 16 de junio de 2015, los abogados Becerra Pocoroba y Erika Mendoza Bergmans, a nombre de un grupo de vecinos, se reunieron con Guillermo Buitano Tirado y Carlos Padilla Fabre, directivos de Abilia, para plantear “de manera directa, cínica y precisa” que “con dinero se podría arreglar todo el asunto, que con el pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares para su abogado, más la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias, así como las glorietas de Campos Eliseos, monto adicional que podría ser similar al solicitado por la señora Teresa Adriana Pérez Romo de López Dóriga, a través de su abogado, se podrían terminar los problemas”.
