Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Presidente de México Andrés Manuel López López Obrador (AMLO) dio a conocer que existen unos 70 implicados en la trama de corrupción y sobornos que tejió Emilio Lozoya Austin ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) que serán citados a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa en Torreón, Coahuila, López Obrador comentó que las indagatorias de la FGR siguen en curso contra los implicados en la rampante corrupción, impunidad y abuso de poder que imperó en el País.

“Es un asunto que le corresponde a la Fiscalía General de la República y ellos están haciendo la investigación como están llevando a cabo todo el proceso que exige la ley, seguramente los implicados, que son como 70 personas, van a ser llamados a declarar.

“Se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a nadie sin pruebas y, en su momento, la Fiscalía va a informar y va a enviar este proceso al poder judicial, como corresponde y son los jueces los que van a determinar”, afirmó.

López Obrador comentó que la FGR determinará si proceden o no las acusaciones contra Luis Videgaray ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hasta el momento la FGR, añadió López Obrador, la FGR no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un rastreo de cuentas de los implicados en la trama de corrupción y sobornos.

La FGR, enfatizó López Obrador, ahora es un órgano autónomo sin injerencia del Presidente para aplicar la justicia bajo esquemas de venganzas políticas o fabricación de delitos como ocurrió en antaño.

“Ahora hay un auténtico Estado de derecho, el Fiscal es el que tiene, de conformidad con la ley, hacer justicia, desde luego sin venganza, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud y eso me tiene también tranquilo porque le tengo confianza al Fiscal”, sostuvo.

En ese contexto, López Obrador rehúso abordar el tema de las acusaciones contra Gobernador Francisco Cabeza de Vaca, sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, ya que dijo sostendrá una reunión con el mandatario en Tamaulipas próximo día viernes.

El pasado 20 de agosto, López Obrador dijo que expresidentes, exfuncionarios y políticos mexicanos citados en una denuncia de corrupción por el exdirector de Pemex actualmente procesado, deberán devolver al Estado el dinero que supuestamente obtuvieron ilegalmente.

Un día antes, circuló en redes sociales una copia de la acusación interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Emilio Lozoya, quien encara dos causas penales tras ser detenido en España en febrero y extraditado a México en julio, por sobornos ligados a la brasileña Odebrecht, entre otros cargos.

En la declaración de 63 páginas, el exjefe de Pemex acusó a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas por “actos que posiblemente constituyan delitos” junto al exgobernante Enrique Peña y más de una docena de exfuncionarios.

Lozoya alegó que autoridades y legisladores aceptaron sobornos, recibieron pagos ilícitos y se involucraron en actos de corrupción durante varios años, algunos de los cuales fueron antes de que él tomara las riendas de Pemex en 2012.

“Falta recuperar el dinero y, desde luego, el castigo, pero eso lo va a determinar tanto la fiscalía como el juez”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria, donde aseguró que la denuncia es “escandalosa” y “grave”, y que no tuvo nada que ver con la filtración, como han insinuado sus detractores.

Lozoya acogiéndose a una figura jurídica que le exoneraría de cargos si da información que permita sancionar delitos mayores, se ha convertido en la pieza central de la estrategia de López Obrador para exponer la corrupción que, según el mandatario, era desenfrenada en gobiernos anteriores al suyo.

El exfuncionario ha acusado a Peña y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de ordenarle pagar sobornos con fines electorales y comprar votos en el Congreso con dinero de Odebrecht, protagonista de una trama delictiva en América Latina que ha puesto en jaque a varios gobiernos de la región.

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