Agencias/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó sendas órdenes de aprehensión contra 3 personas ligadas al esquema de empresas “factureras” que configuró el delito de delincuencia organizada y lavado de 2 mil 950 millones de pesos, cuyos principales operadores Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont continúan prófugos.
Elementos de la FGR capturaron a Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras que han sido remitidos a centros penitenciarios federales de alta seguridad en el País.
En septiembre pasado, Iván Zeferín Hernández Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Almoloya de Juárez, giró 12 órdenes de aprehensión contra implicados en una red de corrupción institucional y empresas ‘factureras’ que habrían lavado 2 mil 950 millones de pesos de dos contratos del sistema penitenciario en el País.
La FGR imputó a Álvarez Puga y su esposa Gómez Mont de haber sido los principales operadores del esquema financiero que provocó un daño al erario de la nación en contratos del sistema penitenciario.
Además, señaló a 5 ex mandos de prisiones federales y 5 personas que aparecían registradas como accionistas o representantes de las compañías de papel o ‘fantasmas’.
“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes. Y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal.
“En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, indicó la FGR.
En noviembre de 2019, indicó la FGR, inició la indagatoria por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y 7 empresas.
Para blanquear los activos, los presuntos implicados presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas.
Al mismo tiempo, “aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.
“La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales”, precisó la FGR.
Durante la investigación, obtuvieron información sobre la existencia de un grupo formado por Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, que realizaron las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
En el siguiente grupo, la FGR ubicó a servidores públicos que facilitaron los recursos del erario federal, mediante la asignación de contratos ilícitos.
En este caso se ordenaron las aprehensiones de Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración, y Emmanuel Castillo, ex coordinador General de Centros Federales.
Además, de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, ex director general de Desarrollo Tecnológico; y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
“Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.
“En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.
“Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos”, aseguró la FGR.
Señaló que Gabriel “M” apareció como accionista de una de las empresas investigadas que posteriormente vendió antes de las operaciones delictivas.
“El caso se seguirá investigando”, señaló la FGR.
