Agencias / Buenos Aires.- Con Cristina Fernández de Kirchner como titular, el Senado argentino comenzó a debatir este viernes un proyecto de ley considerado clave para el gobierno de Alberto Fernández. Éste le otorga amplias facultades al Ejecutivo para, entre otras medidas, aumentar los impuestos y asegurarse más recursos destinados a paliar la crisis social y al pago de la deuda.
La iniciativa, que declara la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, tuvo media sanción horas antes en la Cámara de Diputados tras un debate de 15 horas, en lo que se considera el primer triunfo del presidente en el Parlamento a 10 días de asumir el poder.
A tono con la premura del gobierno por su aprobación definitiva, el Senado comenzó a debatir el proyecto este mismo viernes, algo poco frecuente y que generó fuertes cuestionamientos desde la oposición.
El inició de la sesión estuvo a cargo de Fernández de Kirchner, quien en su condición de vicepresidenta de la nación es también titular de la Cámara Alta.
“Habiendo quórum queda abierta la primera sesión extraordinaria”, dijo la exmandataria que gobernó entre 2007 y 2015.
El proyecto “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” grava con un 30% la compra de dólares para atesoramiento y gran parte de las operaciones comerciales con divisas, fija un aumento de los aranceles para la exportación de granos e incrementa los impuestos a los bienes personales, lo que apunta a obtener recursos fiscales de la clase media y acomodada y del sector agrícola.
También fija un tope del 33% para los derechos de exportación de soja, un 15% para el maíz y un 5% para bienes industrializados de economías regionales. En tanto, para los hidrocarburos y la minería el techo es de 8%.
Ante el rechazo de opositores y algunas protestas de ganaderos que se han iniciado en el interior del país, Fernández propuso antes del tratamiento del proyecto una “compensación de los efectos de los derechos de exportación para pequeños productores”.
El mandatario argumentó que “la situación fiscal es muy compleja” y “por eso pedimos un mayor esfuerzo a los empresarios y al agro”.
Uno de los puntos más discutidos fue el que suspende por 180 días para los jubilados la llamada “fórmula de movilidad” que establecía una actualización periódica de los haberes.
Durante ese periodo el gobierno podrá establecer trimestral y discrecionalmente incrementos de las jubilaciones.
Pero a partir de una modificación introducida por opositores, una comisión integrada por legisladores y expertos deberá elaborar un nuevo método de actualización que deberá ser sometido a votación en el Congreso.
En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo podrá congelar las tarifas de los servicios por un tiempo y renegociar un nuevo esquema tarifario.
El opositor Juntos por el Cambio cuestionó la amplia delegación de facultades al Ejecutivo. En ese sentido, el diputado Mario Negri consideró que en la actualidad no existe una crisis parecida a la de 2001, la peor que se recuerde, y que “se está haciendo un ajuste por vía del ingreso y han elegido tres sectores: jubilados, clase media y campo”.
El también opositor Maximiliano Ferraro cuestionó a su vez que el proyecto contiene delegaciones de facultades, “varias sin siquiera plazo de finalización”, mientras que correligionarios señalaron que concede al Poder Ejecutivo “facultades extraordinarias”.
El peronista Frente de Todos defendió la necesidad de declarar la emergencia pública debido a la crisis heredada de la anterior administración del conservador presidente Mauricio Macri.
Según la última medición oficial la pobreza afecta a más de 35% de los habitantes el país, pero estudios privados pronosticaron que para fin de año se elevará al 40% en un contexto de recesión y una inflación estimada en 55% para 2019.
El gobierno ha señalado que 70% de lo recaudado por los nuevos impuestos se destinará a la ayuda social y el restante a proyectos de infraestructura y vivienda.
El diputado oficialista Carlos Heller dijo que “la realidad es dramática” y “los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad”.
La sangría de reservas del Banco Central ha puesto en alerta al gobierno, que además renegocia con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados vencimientos de deuda por alrededor de 100.000 millones de dólares.
A priori el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la ley en Senado, lo cual está previsto que suceda recién en la madrugada del sábado.
